Declaración de ONGs sobre el FCPF (Forest Carbon Partnership Facility)
propuesto por el Banco Mundial

Las ONG que suscriben el presente documento ven con buenos ojos los esfuerzos realizados por algunos gobiernos y otras partes a escala internacional, nacional y local para combatir el cambio climático y proteger los bosques naturales de los trópicos y otros sitios. Creemos que con un criterio de desarrollo sustentable integral y basado en los derechos, políticas REDD que sean social y ambientalmente sustentables tienen la posibilidad de traer consigo una mitigación del cambio climático, la conservación ambiental y beneficios tanto sociales como para las formas de sustento.

1.       Precondiciones para políticas REDD sustentables

Para asegurar sus efectos positivos, las políticas REDD deben adherir en todos los niveles a los principios de respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, buen gobierno, tenencia segura de la tierra y los recursos, transparencia, distribución equitativa de los beneficios, conservación de la diversidad biológica, mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y la rendición de cuentas ante la opinión pública y los pueblos de los bosques y las comunidades que dependen del bosque afectados. El incumplimiento de esos principios puede provocar perjuicios al ambiente y a las comunidades y pueblos de los bosques en su realidad más inmediata.

2.       Carencias del FCPF propuesto por el Banco Mundial

Atención inadecuada al mandato del Banco de reducción de la pobreza: En la medida que el Banco Mundial se posiciona como para convertirse en un organismo líder en materia de mitigación del cambio climático y en el órgano administrativo central del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) propuesto, nos preocupa que el Banco corra el riesgo de perder de vista su misión central de reducir la pobreza si se enfoca de manera reduccionista en la contabilidad del carbono. Señalamos también que el Banco continúa socavando sus propios esfuerzos en materia de mitigación del cambio climático al persistir en el financiamiento de las industrias de combustible fósil a escala mundial y al permitir la deforestación.

Plazos acortados y falta de consulta adecuada: Nos alarma que hasta la fecha los planes del FCPF se hayan elaborado de manera precipitada y con escasa discusión pública. Apenas unas pocas semanas antes de proponer el lanzamiento del FCPF en la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en Bali, los pueblos de los bosques potencialmente afectados de los países tropicales y subtropicales no han sido adecuadamente consultados sobre el diseño y los objetivos del FCPF. Sigue siendo poco claro quiénes se beneficiarán del aceleramiento de estos plazos.

Estructura de gobernanza débil: Los mecanismos de gobierno propuestos confinan el proceso de adopción de decisiones a participantes gubernamentales y comerciales. No dan a la sociedad civil y a los pueblos de los bosques afectados la oportunidad de participar en la adopción de decisiones con relación a planes de disponibilidad, propuestas y ejecución, elegibilidad y estrategias y transacciones REDD.

Riesgos importantes de conflictos de interés: Al asumir la responsabilidad de ayudar a los países en la preparación de los planes de disponibilidad y evaluar su adecuación, y además actuar como Fideicomiso del FCPF propuesto, el Banco se expone a posibles conflictos de intereses. La falta de transparencia en la selección y los términos de referencia de los grupos asesores técnicos disminuye aún más la responsabilidad pública del mecanismo.

Falta de evaluación y de medidas públicas a partir de las lecciones aprendidas de las experiencias del Banco en los sectores de bosques y carbono:  Las recientes investigaciones del Panel de Inspección del trabajo del Banco sobre bosques en Camboya y la RDC deja al descubierto las carencias sistémicas de la salvaguardia, la diligencia debida y el marco de incentivos del Banco, así como su continuada promoción de un modelo de desarrollo forestal fallido, que se ha basado en la tala a escala industrial. Al mismo tiempo, el Banco no ha permitido que se dé un debate público en torno a los resultados críticos de la evaluación a mitad de periodo de la ejecución de su estrategia forestal (ni ha realizado una evaluación transparente de su “Alianza Forestal” con WWF), y hasta la fecha sólo ha permitido un limitado escrutinio público del desempeño de sus fondos de carbono existentes.

Incentivos perversos y el riesgo de financiar actividades insustentables: Nos preocupa especialmente que la utilización continuada de eufemismos tales como “prácticas de manejo forestal sustentable y certificación” en la documentación del FCPF, sin definiciones o límites claros, pueda propiciar que los operadores de la industria maderera se beneficien de los pagos relacionados con el sistema REDD. No existen pruebas suficientes para demostrar que tales prácticas industriales promueven el manejo sustentable de los recursos y la reducción de la pobreza.

Salvaguardias inadecuadas y sistema de verificación: La Carta preliminar no garantiza que las políticas de salvaguardia del Banco Mundial se aplicarán a todas las actividades del FCPF, incluso las operaciones de “preparación” que apoyaría. La Carta propuesta carece de requisitos para la realización de una verificación independiente de terceros acerca de los beneficios y los impactos no relacionados con el carbono. Resulta crucial que los criterios de elegibilidad y disponibilidad no incluyen aspectos de gobernanza ni requieren demostrar el cumplimiento de normas sociales y ambientales ni el respeto por los derechos de las comunidades que dependen de los bosques y de otras comunidades afectadas. 

Exceso de confianza en los mecanismos comerciales: Los documentos preliminares del FCPF reflejan una clara predisposición a favor de la confianza a futuro en los mecanismos comerciales para pagar los costos de la ejecución de las estrategias REDD a escala nacional. El énfasis puesto en el comercio de carbono tiene el riesgo de dar mayor prioridad a la venta de reducciones de emisiones por encima de los vitales beneficios sociales, ambientales y de reducción de la pobreza que trae consigo la protección de los bosques. No creemos que los mecanismos de mercado hayan demostrado tener capacidad adecuada como para promover los derechos humanos o las prácticas sustentables. No es aceptable que la carta preliminar del FCPF haga referencia solamente a los derechos de los compradores y vendedores de carbono y no a los derechos humanos.

3.       Necesidad de nuevas medidas y cambios esenciales

Dada la seriedad y extensión de los problemas enumerados anteriormente, creemos que no habría que lanzar formalmente el FCPF en Bali en ocasión de la 13ª Conferencia de las Partes del UNFCCC. Como mínimo, la presentación de la iniciativa propuesta en Bali debería tener la categoría de un evento para divulgación de información que comenzará un proceso de consulta mundial muy necesario y más participativo.

Para abordar estas dificultades es fundamental asegurar:

Tenemos serias reservas acerca de la capacidad del FCPF propuesto por el Banco para poner en práctica y ofrecer políticas sustentables REDD a menos que se adopten las medidas antedichas. Hasta entonces, exhortamos a los gobiernos donantes a considerar su participación en el FCPF y abstenerse de cualquier otro compromiso de recursos financieros, y a los potenciales gobiernos receptores elegibles, los exhortamos a propiciar una participación activa de sus propias poblaciones en un debate significativo sobre el diseño y el mandato del FCPF propuesto.