Los pueblos indígenas, sus organizaciones y autoridades tradicionales, reunidos en la Vega Cundinamarca por convocatoria del BID y ante su propuesta de “marco estratégico para el desarrollo indígena y politíca operativa para pueblos indígenas”.

Decidimos:

1.    Que todo proceso con los pueblos indígenas debe estar enmarcado en los principios internacionales del respeto de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y demás normas internacionales que beneficien a nuestros pueblos.

2.    El actual evento denominado “taller de consulta” no satisface las reales aspiraciones y presupuestos metodologicos de consulta para pueblos indígenas, por tanto consideramos que este evento no puede ser considerado como una consulta y exigimos que en el futuro se realicen verdaderas formas de consulta y concertación, previamente acordadas con las organizaciones indígenas.

3.    No compartimos el concepto de desarrollo con identidad del BID, pues es sinónimo de endeudamiento, que podría comprometer e hipotecar el futuro de nuestra autonomía, territorio y nuestros derechos. Todo patrocinio de cooperación del BID a proyectos o actividades de pueblos indígenas, no puede vulnerar o atentar contra nuestra ley de origen o derecho mayor, nuestros derechos ancestrales, consuetudinarios o constitucionales, nuestra autonomía, gobierno propio, territorio e identidad cultural. Todo proyecto o actividad financiado por el BID para pueblos indígenas o que afecten a sus territorios debe enmarcarse en los planes y/o estrategias de vida de los pueblos indígenas.

4.    Los criterios de participación en proyectos desarrollados con y para los pueblos indígenas no pueden ir en detrimento del ambiente, ni de los derechos ancestrales, de los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos, ni la economía tradicional, los fundamentos cosmogonicos y las garantías a nuestros saberes ancestrales, sino que por el contrario deben favorecer la reconstrucción social, politíca, económica y ambiental de nuestros pueblos y los procesos de recuperación y fortalecimiento de identidad.

5.    Discrepamos de la consideración de que se aplique a los pueblos indígenas los conceptos de “pobreza”, “bienestar” e “inclusión social” asociados con el desarrollismo occidental y que solo buscan “marcar” con indicadores ajenos a nuestra propia concepción del mundo, a nuestras comunidades sustraídas y reducidas a la marginación. La concepción de desarrollo, pobreza, bienestar e inclusión social de los pueblos indígenas no es el de cubrir necesidades creadas, sino la permanencia en el tiempo, en el territorio, la afirmación de nuestra identidad y soberanía alimentaria.

6.    Manifestamos nuestra decisión de no ser involucrados en los mercados formales en los circuitos financieros o en la economía de mercado.

7.    En atención a que los pueblos indígenas tenemos nuestras formas propias de gobierno reconocidos por acuerdos y convenios internacionales y por la legislación interna colombiana, todo proyecto de cooperación dirigido a nuestros pueblos debe ser concertado directamente con nuestras autoridades y sus organizaciones representativas y no exclusivamente con los gobiernos nacionales. Es decir, concertación de autoridad a autoridad.

8.    Los procesos de consulta y concertación en todo lo que afecte o interese a los pueblos indígenas deben estar presentes en todas sus fases y en todos los niveles de decisión.

9.    Consideramos que cualquier acercamiento, conversación o consulta debe ser el resultado final de un proceso interno de análisis y discusión de las comunidades con sus autoridades.

10.   La única manera que los pueblos indígenas aceptamos como apoyo a nuestros procesos organizativos, afirmación de nuestra autonomía y a nuestra identidad y la preservación y conservación de nuestros territorios, garantías y derechos, es el de la cooperación o de recursos no reembolsables, o mediante la creación de fondos especiales que atiendan los requerimientos de los pueblos indígenas, acorde con el numeral tercero de esta decisión. Por tanto, nos negamos aceptar cualquier apoyo con carácter de creditos o prestamos que pongan en riesgo nuestra diversidad, nuestros territorios, nuestros patrimonios culturales y las sabidurías ancestrales, la cosmovisión propias de cada comunidad.

11.   La representación en el Consejo Asesor Indígena del BID, debe estar autenticamente legitimada por los pueblos y organizaciones indígenas, para lo cual se deben concertar procedimientos de selección y representatividad con las organizaciones indígenas, pues son estas personas quienes en definitiva, entendemos, van a dar su opinión final a las consultas realizadas en los diferentes países y deben asumir su responsabilidad ante nuestras organizaciones. Cualquier representante que actue por fuera de estos criterios no sera reconocido por nuestros pueblos, autoridades y organizaciones.

12.   El BID debera socializar y consultar con los pueblos indígenas la propuesta previa para documento final respecto del marco estratégico para el desarrollo indígena y politíca operativa para pueblos indígenas. El BID debera garantizar que los representantes indígenas en el Consejo Asesor delBID puedan asumir la obligación de hacerle seguimiento a la propuesta del documento hasta su adopción definitiva.

13.   Exigimos al BID se generen espacios conjuntos de monitoreo y evaluación a sus intervenciones, sean de orden oficial o privado, los cuales deben ser realizados por las organizaciones indígenas representativas.

La Vega (Cundinamarca) octubre 5 de 2004

Por las Organizaciones Nacionales Indígenas:
Luis Evelis Andrade
Presidente Coordinador General Colombia -ONIC
Emilio Conda
Organización Nacional Indígena de Autoridades Indígenas de
Colombia – AICO