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Carta de dirigida a la CFI: Graves falencias en el proceso de consultas para la Actualización de las Políticas de Salvaguardia de la CFI
16 de septiembre de 2004

Mr. James Wolfensohn
President
World Bank Group
1818H Street, NW
Washington DC 20433
 
Mr. Peter Woicke
Executive Vice President
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20433

Estimados Sr. Wolfensohn y Sr. Woicke:

Re: Graves falencias en el proceso de consultas para la Actualización de las Políticas de Salvaguardia de la CFI

Nosotros, los abajo firmantes, miembros de organizaciones ambientales, de derechos humanos, indígenas e individuos, quisiéramos hacerles llegar nuestras serias preocupaciones acerca del proceso de Actualización de las Políticas de Salvaguardia y de Divulgación de Información de la CFI que ya está en curso.

Tal como la misma CFI reconoce, sus propuestas podrían convertirse en un punto de referencia mundial para la inversión internacional tanto de financieros públicos como privados. Si bien nosotros apoyamos la intención de la CFI de actualizar sus políticas, nos alarmamos al comprobar que los primeros borradores de la consulta (con fecha del 12 de agosto de 2004) implican un importante distanciamiento de un enfoque que tiene como base el cumplimiento y la obligatoriedad hacia un enfoque más discrecional. Tal cambio podría diluir las responsabilidades propias de una institución pública y socavar su obligación de responder frente a las comunidades afectadas.

Las sustanciales revisiones de las políticas que se han propuesto ignoran en gran parte las prioridades y preocupaciones expresadas por los titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil en numerosas consultaciones previas del Banco referentes a sus políticas de salvaguardia. Asimismo las propuestas desconocen muchos de las recomendaciones claves y lecciones aprendidas durante la evaluación de las políticas de salvaguardia llevada a cavo por la Ombudsman y Asesora en Materia de Observancia (CAO) y la recientemente finalizada Revisión de las Industrias Extractivas (RIE).

Creemos que el proceso de revisión de la CFI debe resultar en un enfoque más obligatorio y basado en el respeto de los derechos, para “salvaguardar” y divulgar cuestiones y dar mejor protección a la gente y el medio ambiente en concordancia con el mandato del Grupo Banco Mundial de reducir la pobreza a través del desarrollo sostenido. Hasta el momento, los documentos borradores que han sido publicados revelan una inquietante reorientación de las políticas acomodadas a las necesidades de los clientes del sector privado, con escasa mención de los derechos de las comunidades afectadas cuyos intereses serán los más afectados por estas propuestas.

Dadas las serias implicancias potenciales de los cambios propuestos, la CFI debería, como mínimo, garantizar que sus procesos para alcanzar compromisos con la sociedad civil sean llevados a cabo en concordancia con las mejores prácticas del Banco Mundial y las propias directrices de la CFI para consultas públicas de buena fe.

Hasta el presente, el proceso padece de falencias fundamentales. El cronograma establecido excluirá y marginalizará la participación de los grupos de la sociedad civil, especialmente de aquellos más afectados por los cambios substanciales propuestos. La apurada planificación del cronograma parece, además, estar motivada por un objetivo interno y arbitrario de concluir este proceso en febrero del próximo año. Este cronograma de cuatro meses deja muy poco espacio para la propuesta realización de un debate alrededor del mundo sobre los planes de la CIF de reemplazar por entero sus actuales políticas de Salvaguardia. En nuestra opinión este período es extremadamente inadecuado para reevaluar políticas y estándares que han llevado años para formularse.

Entre otras falencias podemos nombrar el hecho de que los documentos esenciales para evaluar todas las ramificaciones de esta revisión de políticas, tales como la implementación de directrices y la revisión los procedimientos corporativos de la CFI, simplemente no están todavía disponibles. Además, a menos de 30 días de tener lugar la planeada primera consulta regional en Brasil, los borradores de la documentación propuestos no han sido todavía traducidos a los idiomas pertinentes, incluyendo el portugués.

Estas graves brechas y defectos del proceso de consultas propuesto no son aceptables y no reflejan un compromiso de buena fe con la sociedad civil por parte de la CFI. Llegado el caso de que nuestras organizaciones consideraran la participacion en el proceso de consultas de la CFI, creemos que es esencial que la CFI tome como mínimo las siguientes medidas:

  1. Suspender inmediatamente la iniciación del proceso de consultas sobre la Actualización de las Políticas de Salvaguardia hasta que toda la información necesaria se ponga a disposición del público en los idiomas correspondientes
    por al menos 30 días antes de la primera consulta regional. Esto incluye la implementación de directrices y la revisión de los procedimientos corporativos de la CFI.
  2. Posponer las consultas sobre la Política de Divulgación de Información hasta por lo menos 30 días después de que el borrador completo de la revisión de la política sea puesto a disposición del público en los idiomas pertinentes.
  3. Extender sustancialmente el período para la consulta del primer borrador de los documentos del proceso de consultación.

Con el objetivo de garantizar la transparencia y una participación equitativa e informada, recomendamos también que el proceso de consultas sea revisado a fin de:

a)      Incluir un proceso de elección propia para la los pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil en las consultas regionales (siempre que las organizaciones indígenas y los líderes en cada región opten por este mecanismo)

b)      Poner a disposición del público la información de los participantes invitados a cada consulta con anticipación a la realización de la reunión respectiva.

c)      Proporcionar al público resúmenes completos de las reuniones dentro de los 30 días de realizada cada consulta.

d)      Incluir una audiencia abierta adicional para cada parte interesada en contribuir con el proceso y permitir el acceso de todo interesado otorgándole la condición de observador de la consulta regional.

e)      Poner a disposición del público la subsiguiente versión del borrador de las propuestas de la CFI, para ser comentadas por un período de al menos 90 días, después de la primera fase de consultas.

f)       Indicar en el segundo borrador público de las políticas propuestas los puntos en los que se han incorporado comentarios y proveer una fundamentación para la aceptación o rechazo de la respectiva recomendación.

Dado el hecho de que la primera consulta regional está planificada para finales del corriente mes, confiamos en que se tomarán, de manera inmediata, las medidas apropiadas para rectificar el actual proceso que hasta el presente resulta plagado de falencias. Esperamos conocer antes del 24 de setiembre de 2004, la respuesta del Banco respecto de las acciones y medidas que se implementarán para garantizar una consulta pública efectiva.

Si las condiciones mínimas arribas mencionadas no son realizadas, no vemos cómo podríamos participar en este proceso dado que consideramos que el procso actual falta un nivel aceptable de credbilidad.

Atentamente,

Firmada conjuntamente por las siguientes oragnizaciones y personas:

Jorge Acosta Arias
Centro de Derechos Económicos y Sociales / Organización de Derechos Humanos Ecuador

Marcus Faro
Rede Brasil, Brasil

Carlos Zorrilla
DECOIN, Ecuador

Souparna Lahiri
Delhi Forum, India

Henry Tito
CEADES, Bolivia

Juan Amendares
Movimiento Madre Tierra, Friends of the Earth Honduras

Elías Días Peía
Sobrevivencia, Friends of the Earth Paraguay

Edgar Gonzales Castro
Quechua-Aymara Association for Sustainable Livelihoods (ANDES), Peru

Nilton Desa Arroyo
Ecovida, Association for Environmental Defense of Cajamarca, Peru

Ashish Fernandes
Ecologist Asia. India

Abdulai Darimani
Third World Network - Africa

Simbiso Marasha
ZIMCODD, Zimbabwe

Carlos Abanto
Asociacion Civil labor- Friends of the Earth Peru

Isaac Rojas
COECO-Ceiba- Friends of the Earth Costa Rica

Hemantha Withanage
Centre for Environmental Justice, Sri Lanka

Etiosa Uyigue
Society for Water and Public Health Protection (SWAPHEP), Nigeria

Victoria Corpuz
Tebtebba, The Philippines

Sandy Gauntlett
Pacific Indigenous Peoples Environment Coalition (PIPEC), Aotearoa/New Zealand

Soumitra Ghosh
National Forum of Forest Peoples and Forest Workers, India

Gautam Bandhopadhyay
Peoples Alliance for Livelihood Rights, India

Nick Hildyard
The Corner House, UK

Laura Radiconcini
Amici della Terra (FoE Italy)

Hannah Ellis
Friends of the Earth England, Wales & N.Ireland

Janneke Buril
Friends of the Earth International

Sharon Courtoux
Survie, France

Reinhard Behrend
Rettet den Regenwald, Germany

Tom Griffiths
Forest Peoples Programme, UK

Geoff Nettleton
Indigenous Peoples Links, UK

Bruce Rich
Environmental Defense, USA

David Batker
APEX, USA

Knud Vöcking
Urgewald, Germany

Johan Frijns
BankTrack, The Netherlands

Hildebrando Vélez Galeano
CENSAT AGUA VIVA- Friends of The Earth Colombia

Inez Louwagie
Netwerk Vlaanderen vzw/Anders Omgaan met Geld, Belgium

David Waskow
Friends of the Earth - United States

Manana Kochladze
CEE Bankwatch Network

Petr Hlobil
Centre for Transport and Energy (CDE), Czech Republic

Pavel Pribyl
Hnuti Duha, Czech Republic

Petko Kovatchev
Center for Environmental Information and Education, Bulgaria

Ivailo Hlebarov
Za Zemiata, Bulgaria

Peep Mardiste
Estonian green Movement-FoE Estonia

Nino Dadalauri
Green Alternative, Georgia

Ana Golovic
Eko-Svet, Macedonia

Alda Ozola
VAK-FoE Latvia

Linas Vainius
Atgaja community, Lithuania

Ania Roggenbuck
Polish Green Net, Poland

Andrzej Gula
Institute for Environmental Tax Reform, Poland

Peter Mihok
Center for Environmental Public Advocacy, Slovakia

Yury Urbansky
National Ecological Center of Ukraine

Donald Pols
Friends of the Earth, Netherlands

Soren Ambrose
50 Years Is Enough: U.S. Network for Global Economic Justice, USA

Colin Nicholas
Center for Orang Asli Concerns, Malaysia

Sébastien Godinot
Les Amis de la Terre, France

Magnólia Azevedo Said
ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria, Brasil

Kate Walsh
AID/WATCH, Australia

Andrea Plöger
W E E D - World Economy, Ecology & Development, Germany

David Corson-Knowles
Forests Monitor, UK

Jaroslava Colajocomo
Centro per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM), Italy

Asian Indigenous Women's Network, The Philippines

Jeff Powell
Bretton Woods Project, UK

Filka Sekulova
The Disinvestment Campaign, The Netherlands

Naeem Iqbal
Pakistan Network for Rivers Dams and People, Pakistan.

Zakir Kibria
BanglaPraxis, Bangladesh

Jan Cappelle
Proyecto Gato, Belgium

Dana Clark
International Accountability Project, USA

Lars Hasselblad Torres
Deliberative Democracy, USA

Daphne Wysham
Sustainable Energy and Economy Network, Institute for Policy Studies, USA

Geodisio Diaz
Fuerza Unida de Seis Pueblos/Centro de Desarrollo Ambiental (FUSPU/CENDA)

Graham Saul
Friends of the Earth, Canada

Jorge León T
CEDIME, Ecuador

Henneke Brink
Both ENDS, The Netherlands

Alfredo Quarto
Mangrove Action Project, USA

Peter Bosshard
International Rivers Network, USA

Andrey Laletin
Friends of the Siberian Forests, Russia

Alejandro Argumedo
Indigenous Peoples Biodiversity Network, Peru

Paula Palmer
Global Response, USA

Frances Carr
Down to Earth: the International Campaign for Ecological Justice in Indonesia, UK

Robert Napier
WWF, UK

Eric Bourgeois, Ph.D.
Individual, USA

Penny Miller
Individual, UK

Maria L. Butler
Concerned Citizen, Social and Human Rights Advocate and Environmentalist, USA

Mag. Rudolf Remler
Dreikönigsaktion der Kath. Jungschar, DKA-AUSTRIA

Fraser Reilly-King,
NGO Working Group on Export Development Canada, CANADA

Renate Domnick, Coordinator
Society for Threatened Peoples, Germany

Shoko Murakami
Friends of the Earth Japan, Japan

Christophe Boyer
Réseau Foi & Justice Afrique Europe, France

John Mihevc
Halifax Initiative Coalition, Canada

Daniel Vogt
Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral (AEPDI), Guatemala

Jamie Kneen
MiningWatch, Canada

Wenonah Hauter
Public Citizen, USA

Rev. Douglas B. Hunt
United Church of Christ Network For Environmental & Economic Responsibility,
USA

Doug Norlen
Pacific Environment, USA

Carlos Zorro Sánchez
CIDER, Universidad de los Andes, Colombia

Binnie O'Dwyer
Friends of the Earth Australia

Daniel Owusu-Koranteng
Wassa Association of Communities Affected by Mining (WACAM), Ghana

Yuki Tanabe
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Japan

Rodica Perciali
Romanian Folk Art Museum, USA

Sara Larrain
Sustainable Chile Program, Chile

Rodica Candea
Romanian-American League, USA

Institute for Ecology and Action Anthropology (INFOE), Germany

Katie Redford
EarthRights International, USA

Andreas Missbach,
Berne Declaration, Switzerland

Alcides Faria
Ecoa - Ecology and Action., Brazil

Alvaro Gomez Concha
La Red Nacional de Accion Ecologica RENACE, Chile

John Hocevar
International Tibet Support Network

Ruth Rosenhek
Rainforest Information Centre, Australia

Teresa Perez
World Rainforest Movement, Uruguay

Jean Koueda Koung
Global Village, Cameroon

Smitu Kothari
Lokayan and Intercultural Resources, India

Paul Bourke
Australia Tibet Council, Australia

Adrian Goh
SOS Selangor, Malaysia

Eduardo C. de Guzman
Mahal, Philippines

Dr. Knarik Hovhannisyan
AQUAEC Corporation, Republic of Armenia

Khushi Kabir
Nijera Kori, Bangladesh

Pradip Prabhu
Kashtakari Sanghatna, India

Duncan McLaren
FoE Scotland

Azad Aliev
Association of Sosial Economic Researches Azerbaijan

Rev. David Ugolor
African Network for Environment and Economic Justice(ANEEJ), Nigeria

Daniel Sergio Verzeñassi
El Foro Ecologista de Paraná, Argentina

Elvira Díaz Colodrero
Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos, Argentina

cc:

Executive Directors of the World Bank Group
Rachel Kyte, IFC

 

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