La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$40 mil millones directamente a empresas privadas, muchas de ellas corporaciones trasnacionales que operan en países en desarrollo, en nombre del desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. La CFI participa también en el otorgamiento de miles de millones de dólares adicionales a través de su papel de catalizador financiero, los cuales van a menudo a proyectos que generan contaminación y degradación ambiental, pobreza y mayor desigualdad social.

La CFI afirma que genera mayor aptitud ambiental y social, que mejora proyectos de alto riesgo, y que sin su participación, los proyectos serían mucho peores. Sin embargo, estudios internos y evaluaciones independientes realizados por las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil, muestran problemas serios y sistemáticos en la implementación de las políticas de salvaguarda ambiental y social de la institución. También es dudoso que el mejor uso de los fondos públicos para el desarrollo y la reducción de la pobreza sea para mitigar las consecuencias negativas de esos proyectos de alto riesgo, en vez de invertir en proyectos que tengan beneficios de desarrollo más claros.

La experiencia pasada demuestra la necesidad de reglas claras y aplicables para los préstamos de la CFI, y de reformas institucionales significativas que garanticen diligencia, aseguren una implementación eficaz y mejoren la rendición de cuentas hacia las comunidades y ciudadanos afectados. Las políticas propuestas no atienden estas preocupaciones, sino que optan por mayor flexibilidad y subjetividad. Nos oponemos a este enfoque y exigimos a la CFI mejorar y fortalecer sus políticas ambientales y sociales, y garantizar que las corporaciones trasnacionales respeten los derechos humanos fundamentales, los derechos laborales y las leyes ambientales como condición para acceder al crédito de la CFI.

Las instituciones públicas globales deben operar para el bien público. Exigimos a la CFI acatar Derechos, Reglas y Responsabilidades (DRR) claros y obligatorios para promover el bien público a través de sus créditos.

El Proceso de Revisión de Salvaguardas de la CFI debe atender problemas actuales en la implementación de políticas de salvaguarda, garantizar que no haya retroceso ni debilitamiento de las políticas existentes, y fortalecer y mejorar las políticas ambientales y sociales. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes exigen a la CFI y a su Junta Directiva adoptar los siguientes puntos.

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1. Adoptar Estándares Desempeño que establezcan reglas claras y vinculantes que satisfagan los más altos estándares ambientales y sociales para la CFI y sus prestatarios, lo cual permitiría a la CFI reclamar un liderazgo en la determinación de referentes internacionales y demostrar su compromiso con el respeto a las leyes internacionales y los derechos humanos.

2. Comprometerse, y rendir cuentas, con la reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable. Una de las responsabilidades centrales de la CFI debe ser la evaluación de todos los proyectos que considera para su financiamiento a fin de determinar si contribuirán a reducir la pobreza y cómo lo lograrán, incluyendo a nivel local, y monitorear e informar pública y regularmente los resultados de cada proyecto, sus efectos sobre el desarrollo, y cualquier esfuerzo necesario de mitigación, a fin de asegurar un nivel básico de rendición de cuentas.

3. Establecer mecanismos claros para hacer más aplicables y responsables las políticas y rechazar la auto-supervisión de las corporaciones, como se plantea en los Estándares de Desempeño propuestos. La CFI debe asumir la responsabilidad de la supervisión y el monitoreo significativo de proyectos, rindiendo cuentas transparentes, lo cual debe incluir, como mínimo, la apertura al público de todos los Planes de Acción.

4. Garantizar que la información se dé a conocer en un lenguaje adecuado, de manera programada y previsible, durante el ciclo del proyecto. Esto incluye definir reglas claras para la presentación de todos los planes de acción, evaluaciones ambientales y sociales, informes de monitoreo y evaluación, y procedimientos que reflejen un genuino compromiso con la apertura. La CFI también debe requerir la apertura al público de todos lo contratos gubernamentales y similares, así como el incremento en la transparencia sobre los ingresos de las inversiones apoyadas por la CFI.

5. Revisar el desempeño previo de todas las compañías en asuntos ambientales, sociales y de derechos humanos. La CFI solo debería prestar a clientes que están totalmente comprometidos con el desarrollo sustentable, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las comunidades locales, los trabajadores y los grupos vulnerables. Enfatizamos una de las principales conclusiones de la revisión interna de la CAO sobre las políticas de salvaguarda de la CFI, la cual afirma que el compromiso de los clientes del sector privado con las protecciones sociales y ambientales es el principal indicador de si las compañías cumplen o no con las políticas de la CFI.

6. Sostener y garantizar el respeto a los derechos humanos, las leyes ambientales y laborales, las normas y convenciones.  Los Estándares de Desempeño deben hacer referencia a las leyes y estándares internacionales pertinentes, y garantizar que los proyectos sean diseñados e implementados de acuerdo con los compromisos internacionales aplicables de los clientes y de los países anfitriones. La CFI tiene la obligación de garantizar que sus clientes acaten las leyes y normas internacionales y, en consecuencia, como lo recomienda la CAO, debe “considerar sistemáticamente los riesgos para los derechos humanos a nivel del proyecto, dar los pasos adecuados (y eficaces) para mitigarlos y proveer una guía clara para los clientes sobre ambos aspectos. (E)stos aspectos deben ser reportados a nivel del proyecto.” Tales evaluaciones e informes deben ser emprendidos por terceras partes independientes y acreditadas y no por los propios clientes, y deben ser una precondición del apoyo de la CFI al proyecto. Las personas afectadas, las comunidades y los pueblos indígenas tienen derecho a participar en las evaluaciones de los proyectos, los informes y las auditorías de derechos humanos.

7. Garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos, incluyendo el derecho a la propiedad, tradicional o no, de la tierra y de los recursos, y sólo apoyar proyectos que tengan el previo consentimiento, libre e informado de los pueblos indígenas, generado por sus procesos e instituciones consuetudinarios de toma de decisiones, luego de consultas significativas y de buena fe y su participación efectiva e informada comenzando desde las primeras etapas del diseño del proyecto, y su aceptación de los beneficios. Estos procesos consuetudinarios de toma de decisiones culturalmente apropiados y colectivos constituyen la autogestión de los pueblos indígenas. Todos los acuerdos entre partes serán reflejados en los convenios crediticios y serán puestos a disposición del público. Rechazamos tajantemente la cínica manipulación del consentimiento previo, libre e informado como “consulta previa, libre e informada que conduce al amplio apoyo de la comunidad” e insistimos en que la ni CFI ni nadie empleen estos términos.

8. Garantizar que existan las condiciones para un compromiso significativo con las comunidades afectadas (consentimiento previo, libre e informado). Además, la CFI debe asegurar un proceso según el cual, después de tener acceso a toda la información relevante en un lenguaje y forma adecuados, las comunidades locales identifiquen sus prioridades de desarrollo y los beneficios y resultados que quieren alcanzar, más que permitir a las compañías o a otros determinar los beneficios que proporcionarán. Una de las principales responsabilidades de la CFI debe ser evaluar la aceptación de la comunidad, los asentamientos negociados y la participación significativa y no dejar esto a los clientes del sector privado. Ello requiere de supervisión y monitoreo constantes para garantizar que todos los acuerdos entre las comunidades y los clientes sean respetados alo largo del tiempo. Todos los proyectos que involucran el desplazamiento de gente deben estar sujetos al consentimiento de los afectados, resultar en un mejoramiento de sus niveles de vida, e incluir el pleno restablecimiento de sus medios de sustento.

9. Incluir un enfoque de monitoreo auto-seleccionado y comunitario para proyectos con impactos sociales y ambientales significativos, a fin de mejorar la supervisión y rendición de cuentas de dichos proyectos. Un elemento clave será el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para monitorear proyectos con independencia de las compañías y los gobiernos, asegurando que sean puestos a disposición fondos para este propósito. Consecuentemente, las comunidades deben tener influencia sobre los términos de la metodología de monitoreo empleada. Todos los monitores comunitarios deben ser informados sobre los requerimientos de las políticas y los Estándares de Desempeño de la CFI, en un lenguaje y forma apropiados para ellos, para que tengan una plena comprensión de sus derechos y remedios potenciales. Los resultados y recomendaciones del monitoreo deben hacerse públicos e influir en la dirección futura del proyecto.

10. Comprometerse con la medición, revelación y reducción de los impactos dañinos del cambio climático en el mundo en desarrollo, demandando una reducción en las emisiones producidas por las inversiones de la CFI. Trabajar con las compañías para reducir emisiones y operar más eficientemente, e informar completamente sobre emisiones directas e indirectas que resulten de la cartera de inversiones de la CFI, incluyendo intermediarios financieros. En consecuencia, la CFI debe cambiar más agresivamente su cartera hacia créditos de energía renovable.

11. Definir las circunstancias de no participación de la CFI en su política general, de acuerdo con la actual Lista de Exclusión y ampliándola para incluir, como mínimo,

·         Áreas protegidas IUCN I-IV y sitios que son Patrimonio de la Humanidad para todas las actividades industriales y otras áreas catalogadas como de alto valor de conservación, como están definidas a través de los procesos multilaterales para todos los proyectos de Categoría A;

·         Ciertas prácticas particularmente destructivas, como el vertido de desechos de minas en ríos y mares;

·         Clarificar las circunstancias sociales, culturales y ambientales de no participación y los criterios empleados.

Firman en apoyo:

Kate Walsh AID/WATCH, Australia	Justin Sherrard Cambiar Pty Limited, Australia
Binnie O’Dwyer Friends of the Earth, Australia	Rowland Benjamin Information for Action, Australia
Stewart Mills Jubilee Australia, Australia	Techa Beaumont Mineral Policy Institute, Australia
Dr Mariann Lloyd-Smith National Toxics Network, Australia	John Seed Rainforest Information Centre, Australia
Elfriede Schachner AGEZ - Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (Coalition of 29 Development NGOs), Austria	Nonno Breuss ECA-Watch Austria and ATTAC, Austria
Heinz Hödl Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz iinternationale Entwicklung und Mission (KOO), Austria	Mayis Gulaliyev Center for Civic Initiatives, Azerbaijan
Galina Kozlova Ecograph, Azerbaijan	Telman Zeynalov Ecological Department NGO FORUM, Azerbaijan
Telman Zeynalov National Center of Enviromental Forecasting, Azerbaijan	Zakir Kibria BanglaPraxis, Bangladesh
Arup Rahee LOKOJ, Bangladesh	Ashraf-ul-Alam Tutu Coastal Development Partnership (CDP), Bangladesh
Ann De Jonghe Broederlijk Delen, Belgium	Judith Neyer FERN, Belgium
Johan Bosman KWIA, Flemish Support Group for Indigenous Peoples, Belgium	Jan Cappelle Proyecto Gato, Belgium
Henry Tito CEADES (Centro de Estudios Aplicados del Desarollo Social), OICH (Organización Indigena Chiquitana), y CPESC (Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz), Bolivia	Smiler Morosi Paz Confederacion Nacional de Naciones Indegenas Orginiarias de Bolivia (CONNIOB), Bolivia
Flávia Barros INCLUIR - Instituto de Pesquisa e Assessoria sobre Desenvolvimento e Globalização, Brasil	Roberto Smeraldi Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Brazil
Esther Neuhaus Brazilian Forum of NGOs and Social Movements for Environment and Development, (Representing over 1000 Groups) Brazil	Alcides Faria Ecoa - Ecology and Action, Brazil
Francisco Milanez Ecofund, Brazil	Maurício Galinkin Fundação CEBRAC, Brazil
Renato Cunha Gambá, Brazil	Sérgio Guimarães Instituto Centro de Vida, Brazil
Donald Sawyer Instituto Sociedade, População e Naturaza, Brazil	Marcus Faro Rede Brasil sobre Bancos Multilaterais, Brazil
Bestey Neal Rede Mata Atlântica, Brazil	Alessandro Menezes Rede Pantanal, Brazil
Petko Kovatchev Center for Environmental Information and Education, Bulgaria	Ivailo Hlebarov Za Zemiata, Bulgaria
Issaka Herman TRAORE, Burkina Faso	Seak Sophat Royal University of Phnom Penh, Cambodia
Florence Ntassi Center for Environment and Development (CED), Cameroon	Akong Charles Ndika Global Village Cameroon, Cameroon
Ndoumbe Nkotto Honoré FOCARFE, Cameroon	Anil Naidoo Blue Planet Project/The Council of Canadians, Canada
Robert Walker Ethical Funds, Canada	Graham Saul Friends of the Earth, Canada
Michael Bassett Halifax Initiative Coalition, Canada	Jamie Kneen Mining Watch, Canada
Dermot Foley Real Assets Investment Management Inc., Canada	Derek MacCuish The Social Justice Committee, Canada
Isaac Rojas COECOCeiba - FoE Costa Rica, Costa Rica	Petr Hlobil Centre for Transport and Energy (CDE), Czech Republic
Pavel Pribyl Hnuti Duha, Czech Republic	Hannah Ellis Friends of the Earth, England, Wales & Northern Ireland
Peep Mardiste Estonian Green Movement, Estonia	David Eloy AITEC, France
Jean-Luc Touly Association pour un Contrat Mondial de l’Eau, France	Alex Nikichuk ATTAC France Water Group, France
Philippe Quirion Climate Action Network, France	Sebastien Fourmy French IFI network, France
Sébastien Godinot Friends of the Earth, France	Xavier Bouchet Gabas Nature et Patrimoine, France
Yannick Jadot Greenpeace, France	Guy Leger MNLE, France
Aurore Lebouchard Mouvement International de la Reconcilation (MIR France), France	Monique Derue Peuples Solidaires, France
Annie Girard Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, France	Bernard Salamand Ritimo, France
Danielle Toure Roberget Eau Vive, France	Gerard Borvon S-EAU-S, France
Michel Roy Secours Catholique / Caritas, France	Sharon Courtoux Survie SFI, France
Regis Renard Terre des Hommes, France	Remy Martin Uminate (network of 150 local NGOs), France
Kakha Nadiradze Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia	Nino Gujaraidze Green Alternative Association, Georgia
Lali Kobiashvili The Association of Childrens` and Patients’ Rights Protection Asklepsius, Georgia	Lasha Chkhartishvili Union of Environmental Protection and Animal Rights - "LOBO", Georgia
Tsovinar Nazarova People’s Harmonious Development Society, Georgia	Gertraud Gauer-Süß Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, Germany
Ulrich H. Gundert Brot für die Welt, Germany	Roger Meyer Eirene Deutscher Zeig E.V., Germany
Ulrich Mueller FoodFirst Information & Action Network, Germany	Jürgen Marquardt Lernen – Helfen – Leben, Germany
Reinhard Behrend Rettet den Regenwald, Germany	Knud Voecking Urgewald, Germany
Andrea Plöger W E E D - World Economy, Ecology & Development, Germany	Daniel Owusu-Koranteng Wassa Association of Communities Affected by Mining, Ghana
Yannick Etienne Batay Ouvriye, Haiti	Ákos Éger National Society of Conservationists, Hungary
Joe Athialy The People’s Movement, India	Meda Gurudutt Prasad CADME/ACTION, India
Souparna Lahiri Delhi Forum, India	Mukta Srivastava Initiative, India
Medha Patkar Narmada Bachao Andolan (Save the Narmada Movement), India	Sanjay M.G. National Alliance of People’s Movements, India
Prajnalankar Bhikkhu Peace Campaign Group (PCG), India	Himanshu Thakkar South Asia Network on Dams, Rivers & People (SANDRP), India
Binny Buchori INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Indonesia	Heine Nababan People’s Coalition for the Rights to Water, Indonesia
Longgena Ginting WALHI, Indonesia	Manana Kochladze CEE Bankwatch Network, International
Kate Watters Crude Accountability, International	Janneke Bruil Friends of the Earth, International
Daniel Moss Grassroots International, International	Bernice Romero Oxfam International, International
Johan Frijns BankTrack, International	Jaroslava Colajacomo Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM), Italy
Laura Radiconcini Friends of the Earth, Italy	Francesco Ferrante Legambiente, Italy
Gianfranco Bologna WWF, Italy	Yoshihito Miyakoshi A SEED, Japan
Naomi Kanzaki Friends of the Earth, Japan	Keiko Kusuhara Fukuoka NGO forum on ADB, Japan
Yuki Tanabe Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Japan	Setsuko Kudo Jubilee Kansai Net-Work, Japan
FUKUDA Kenji Mekong Watch, Japan	Semen Svitelman Green Salvation, Kazakhstan
Andrey Andreyev NGO Legal Initiative, Kazakhstan	Valery Uleev Jalal-Abad Regional Human Rights Organization "Justice" ("Spravedlivost"), Kyrgyzstan
Ramazan Dyryldaev Committee for Human Rights, Kyrgyz Republic	Igor Hadjamberdiev, For Civil Society NGO, Kyrgyz Republic
Kalia Moldogazieva Human Development Center "Tree of Life", Kyrgyz Republic	Natalia Ablova Bureau on Human Rights and Rule of Law, Kyrgyzstan
Tolekan Ismailova PA "Civil Society Against Corruption", Kyrgyzstan	Saulius Piksrys Atgaja, Lithuania
Ana Colovic Eco-sense, Macedonia	Balan Palanisamy Penang Inshore Fishermen Welfare Association (PIFWA), Malaysia
Roy Laifungbam South Asian Solidarity for Rivers and People (SARP), Nepal	Filka Sekulova A SEED Europe, Netherlands
Henneke Brink Both ENDS, Netherlands	Eloho Ogberagha Agency for Health and Environmental Projects, Nigeria
Innih Archibong Liberty Now, Nigeria	Andrew Preston Association for International Water and Forest Studies, Norway
Lars Løvold Rainforest Foundation, Norway	Naeem Iqbal Pakistan Network for Rivers Dams and People, Pakistan
Shaukat Omari Transparency International, Pakistan	Lester Seri Conservation Melanesia Inc., Papua New Guinea
Jorge Bejar Apaza Asociación Civil LABOR, Perú	Miguel Palacín Quispe CONACAMI (National Confederation of Peruvian Communities Affected by Mining), Perú
Oscar Díaz Barbosa & Zaira Carbajal Jara Instituto Ambientalista Natura, Perú	Joan Carling Cordillera Peoples Alliance, Philippines
Monica Wilson GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), Philippines and USA	Joanna Bulawa Green Federation Gaja, Poland
Andrzej Gula Institute for Environmental Tax Reform, Poland	Anna Roggenbuck Polish Green Network, Poland
Renato Miguel Ascenso Roldao Euronatura – Centre for Environmental Law and Sustainable Development/ ECA Iberia, Portugal	Sergey Fedorov Arkhangelsk Association of Ecological Organizations, Russia
Fatima Kobzhasarova Chelyabinsk City Public Movement of Women "Fatiha", Russia	A.Petrov Druzina Movement, Russia
Inga Zinovieva Ecological Environmet Center Dauria, Russia	Andrey Laletin Friends of the Siberian Forests, Russia
Ivan Blokov Greenpeace, Russia	Dr. Evgeny V. Vilkov Russian Academy of Sciences, of Daghestan Scientific Centre, Russia
Dmitriy Lisitsyn, Sakhalin Environment Watch, Russia	Alexander Arbachakov Taiga Research and Protection Agency, Russia
Kalinina Natalia V. The Organization Amur Ecological Club, Russia	Jennie Sutton The Regional NGO Baikal Environmental Wave of the Russian Federation, Russia
Peter Mihok Center for Environmental Public Advocacy, Slovakia	Wally Menne Timberwatch Coalition, South Africa
Mario Carreño Fuego  Proyecto de Cooperación y Ayuda al Pueblo Ticuna, Spain	Mailer Mattié Selva.org, Spain
Hemantha Withanage Center for Environmental Justice, Sri Lanka	Deshamanya Dr. Ponna Wignaraja South Asian Perspectives Network Association, Sri Lanka
Christine Eberlein Berne Declaration, Switzerland	Bruno Gurtner Swiss Coalition of Development Organizations, Switzerland
Jim Enright Mangrove Action Project (MAP), Thailand	Antonina Galkina MC Joint Action, Ukraine
Yury Urbansky National Ecological Center of Ukraine, Ukraine	Jeff Powell Bretton Woods Project, United Kingdom
Tom Griffiths Forest Peoples Programme, United Kingdom	Richard Harkinson Minewatch, United Kingdom
Nicholas Hildyard The Corner House, United Kingdom	Roberto Bissio Third World Institute, Uruguay
Soren Ambrose 50 Years Is Enough: U.S. Network for Global Economic Justice, USA	Dave Batker Asia Pacific Environmental Exchange, USA
Dick Kamp Border Ecology Project, USA	Lauren Compere Boston Common Asset Management, LLC, USA
Susan Vickers Catholic Healthcare West, USA	Julie Tanner Christian Brothers Investment Services, Inc., USA
Anne Perrault Center for International Environmental Law (CIEL), USA	Doug Hellinger Development Gap, USA
Adam Kanzer Domini Social Investments LLC, USA	Valerie Heinonen Dominican Sisters of Hope, USA
Tom Athanasiou EcoEquity, USA	Bruce Rich Environmental Defense, USA
David Waskow Friends of the Earth, USA	Elaine Zuckerman Gender Action, USA
Paula Palmer Global Response, USA	Rev. David Schilling and Sister Patricia Wolf Interfaith Center on Corporate Responsibility, USA
Dana Clark International Accountability Project, USA	Bama Athreya International Labor Rights Fund, USA
Peter Bosshard International Rivers Network, USA	Doris Gormley Jesuit Conference, USA
Séamus P. Finn OMI Justice/Peace & Integrity of Creation, USA	Andrew Brengle KLD Research & Analytics, Inc., USA
Alfredo Quarto Mangrove Action Project, USA	Marie Dennis Maryknoll Office for Global Concerns, USA
Catherine Rowan Maryknoll Sisters, USA	Mark A. Regier Mennonite Mutual Aid, USA
Valerie Heinonen Mercy Investment Program, USA	Barbara Bramble National Wildlife Federation, USA
S. Jacob Scherr Natural Resources Defense Council, USA	Bruce Herbert Newground Social Investment, USA
Doug Norlen Pacific Environment, USA	Marcia Ishii-Eiteman, PhD Pesticide Action Network North America (PANNA), USA
Mike Brune Rainforest Action Network, USA	Tim Keating Rainforest Relief, USA
Valerie Heinonen Sisters of Mercy Regional Community of Detroit Ursuline, Sisters of Tildonk-U.S. Province, USA	Steve Lippman Trillium Asset Management, USA
Rev. Douglas B. Hunt United Church of Christ Network for Environmental and Economic Responsibility, USA	Aniruddha Vahadilla, USA
Bruce Jenkins Bank Information Center, USA	Kevin Danaher Global Exchange, USA
Nora. M. Nash Corporate Social Responsibility Sisters of St Francis of Philadelphia, USA	Domuladjanov Ibragijon “For Ecologically Clean Ferghana” Association, Uzbekistan
Caucasus Environmental NGO Network (CENN)