| Carta
de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Argentina
a los Relatores de la ONU |
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29 Octubre de 2007 Argentina, Tucumán, 29 Octubre de 2007 Rodolfo Stavenhagen, Relator
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas Re: Desalojos Forzados de Pueblos Indígenas en Argentina - Una Actualización de la Situación Estimados Relatores de la Naciones Unidas: Las comunidades indígenas que integran la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, Tucumán, Argentina, saludamos a Uds. fraternalmente y venimos por el presente a actualizar la información sobre la situación de desalojos y despojos de nuestros miembros de sus tierras tradicionales en la Provincia Tucumán, denunciada ante Uds. y otras instancias de las Naciones Unidas y funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el mes de marzo de 2007. En primer término queremos agradecer a Uds. por sus gestiones realizadas ante el Gobierno Argentino, a fin de resolver la situación de desalojos forzados de las comunidades indígenas del Pueblo Diaguita. La siguiente información demuestra que el interés expresado por sus oficinas ha generado movimiento positivo en Argentina. Como describimos en forma más detallada abajo, desde la comunicación de los tres Relatores (fechada el 27 de marzo de 2007), ningún miembro de las comunidades ha sido desalojado. Mientras todavía falta acción satisfactoria en ciertas instancias, el Gobierno Federal y el Gobierno de la Provincia de Tucumán han iniciadas varias gestiones y medidas para comenzar solucionando la situación. Tales iniciativas todavía están en proceso y los resultados finales quedan pendientes ante varios órganos del Estado y la Provincia, incluso ante las Cortes. El Pueblo Diaguita y sus asesores siguen realizando todo los esfuerzos posibles con el fin de asegurar resultados buenos y permanentes mediante estas iniciativas. Por ejemplo, hemos remetido información pertinente al Fiscal Federal que está investigando los hechos denunciados y actualmente las comunidades se encuentran en un proceso de selección de los técnicos que realizaran el relevantamiento territorial contemplado por la ley 26.160, la misma ley nacional que prohibió los desalojos forzados. Sin embargo, reconociendo la situación precaria en que todavía se encuentra el Pueblo Diaguita y para garantizar protecciones y reparaciones a las violaciones de sus derechos humanos, solicitamos que los Relatores queden involucrado en el monitoreo de esta situación. Además, solicitamos que Uds. pidan del Gobierno un segundo informe en los próximos meses con el fin de actualizarles sobre los resultados de las medidas que Argentina está tomando para proteger los derechos de las comunidades indígenas Diaguitas en la Provincia de Tucumán Argentina y asegurar que ningún otro indígena sea víctima de un desalojo forzado. _____________________ A tal efecto informamos a Ustedes primero sobre la situación de los Cuartos, localidad de la Comunidad Diaguita del Valle de Tafí en que ocurrió el desalojo de las 22 familias indígenas ordenado por la Justicia Provincial. Después del llamado de los Relatores, el mismo se ha sido publicado por los medios de prensa y en virtud de ello, la Fiscalia Federal No. 1 a cargo del Dr. Ferrer, ha abierto la investigación de estos hechos mediante la causa: "Diaguitas S/ Medida Preliminar S/ Infracción Ley 26.160". Al día de la fecha, el Sr. Fiscal Federal ha promovido la investigación ante el Juzgado Federal Nro. 1. Este Juzgado será quien está a cargo de la investigación correspondiente de todos los hechos denunciados oportunamente por las comunidades indígenas. Esto incluye las violaciones de derechos humanos denunciados ante los Relatores respecto a los desalojos forzados, como así también otros hechos que violan derechos de los pueblos indígenas en Tucumán. Recordamos que la Ley 26.160, (29/11/07), declara la emergencia de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en Argentina y suspende los desalojos por cuatro años, debiéndose realizar en dicho plazo el relevantamiento territorial. Para implementar dicha ley, fue establecida una "Red de Articulación" que se integra entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Secretaria de Derechos Humanos. Tomando en consideración esto, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación visitó las familias desalojadas y realizó entrevistas con las mismas. Todavía la Unión Diaguita no ha observado hechos concretos de la investigación, ni que haya promovido una acción administrativa ni judicial como resultado de dicha gestión -- una acción permitida dentro el mandato y autoridades de la Secretaria. Además, desde los desalojos denunciados las comunidades afectadas todavía no han recibido una visita oficial de un representante de INAI. En abril 2007, la Comunidad del Valle de Tafí recibió otra visita oficial de la Nación. Viviana Canet, de la Dirección Nacional de DESC - Derechos Económicos, Sociales, Culturales, visitó el área y habló con la gente. Hasta la fecha, la Unión Diaguita no tiene conocimiento de un resultado concreto de su visita. No hay información sobre recomendaciones emitidas por la Sra. Canet o la DESC o acciones distintas impulsadas las mismas. En la justicia provincial, la causa penal de Usurpación mediante la cual se autorizó el desalojo de 22 familias en los Cuartos que fue llevado a cabo con violencia dejando heridos y una destrucción completa y masiva de propiedad, no tiene movimiento alguno. También es cierto que de parte de la Nación las familias desalojadas recibieron algunos bienes como ayuda, por ejemplo, frazadas para el frío, colchones y zapatillas. Desafortunadamente, hasta la fecha ninguna entidad gubernamental ha proporcionado viviendas adecuadas mientras solucionar la situación de su desalojo. También existe para este mismo caso, un proyecto de Ley de Expropiación de 10 hectáreas en la Legislatura Provincial de Tecumán. Las propuestas tierras están en el reclamo territorial ancestral del Pueblo Diaguita y están ubicadas más o menos 2,000 metros del sitio del desalojo original, parecidas en calidad y extensión. El proyecto no se aprobó todavía. Las comunidades han sugerido que las nuevas tierras están tituladas como propiedad comunitaria y a nombre de la Comunidad. Este asunto de la forma de titular todavía está en debate. Este proyecto de ley solucionaría en parte esta situación, toda vez que las familias desalojadas están viviendo con sus familiares en condiciones no muy cómodas por falta de espacios materiales. De parte del Gobierno Municipal de Tafi del Valle, a pesar de haberse reunidos con las autoridades de la Comunidad, no han realizado ninguna medida concreta de solución. Respecto a la situación de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle de la familia Moya, en la misma se solicitó la aplicación de la Ley 26.160, a la Sra. Juez, Lucia del Valle Alcorta. Sin embargo la juez resolvió mediante sentencia el desalojo en una primera instancia a favor del terrateniente. La familia Moya apeló el fallo y la Comunidad Indígena se presentó en la causa como Intervención de Tercero (10/10/07), adjuntando documentación que prueba la posesión ancestral (específicamente la Cedula Real Corona Española 1716). Actualmente la causa, se encuentra en Segunda Instancia, ante la Cámara Civil a la espera de la sentencia que puede confirmar el desalojo o revocar la sentencia de primera instancia. Por esto, la amenaza de desalojo es todavía muy palpable para la familia y otros miembros de la comunidad que se encuentran en situaciones semejantes - cuentan con posesión tradicional e histórica pero no cuentan con títulos. Respecto de la familia de Donato Nieva miembro de la Comunidad Indígena de Tolombon, la causa se encuentra en el mismo Juzgado de la familia Moya, o sea, a cargo de la Juez Lucia del Valle Alcorta. La Comunidad solicitó por denuncia formal que la Corte aplique la Ley 26.160, y aun se encuentra en sustanciación de las partes el planteo de aplicación, para luego la Sra. Juez resuelva. Se deja expresa constancia que por parte de los terratenientes, han planteado la inconstitucionalidad del art. 75(17) de la Constitución Nacional y el art. 149 Constitución Provincial (que reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas), la Ley 26.160 (prohibiendo los desalojos), y la ley 24.071 (que ratifica el Convenio 169 de la OIT). Un fallo ratificando tales argumentos y saliendo a favor de los terratenientes perjudicarían los futuros derechos de los todos pueblos indígenas en Argentina. Por parte de las comunidades Diaguitas, han solicitado que se rechace dichas pretensiones en todos sus términos. En este momento, el Pueblo Diaguita queda en espera de esta decisión tan importante. En la Comunidad Indígena de Quilmes los hechos de despojos de las tierras tradicionales se han paralizado y al día de hoy, no hay nuevos intentos. Sin embargo dicha Comunidad se encuentra bajo permanente reclamo ante el Gobierno de Tucumán para la restitución de la Ciudad Sagrada -- las Ruinas de Quilmes -- que se encuentra en concesión otorgada por el mismo gobierno a un empresario privado que la explota turísticamente sin ningún beneficio a la Comunidad. Esto continua a pesar que existe sentencia firme desde el año 2002, que ordena al Gobierno Provincial dar la participación a la Comunidad Indígena, al día de la fecha aun no existe voluntad política para la restitución. Todo ello además de violar el derecho positivo sobre los pueblos indígenas, restringe y priva la vida espiritual de nuestro pueblo. Las Comunidades Indígenas de Tafí del Valle están realizando un reclamo semejante a fin de que se restituya a dichas comunidades los Menhires (Piedras Sagradas) que se encuentran siendo explotadas turísticamente por el Gobierno de Tucumán, mediante un particular de la Comunidad que no cuenta con el consentimiento requerido del colectivo. Las comunidades son ajenas a la administración del predio donde se encuentran y no reciben ningún beneficio del mismo. Hemos proporcionado información sobre esta situación y lo de las Ruinas de Quilmes al Fiscal Federal conduciendo la investigación mencionada arriba (párr. 5). No sabemos todavía como este tema será examinado y manejado por él. En la Comunidad Indígena la Angostura donde 60 familias resistieron en febrero un desalojo en un sitio ancestral llamado el ex Parque de los Menhires y donde una nueva acción de desalojo en marzo resultó en ataques a personas y destrucciones a bienes, no hay nuevos intentos de desalojos. Además, los hechos denunciados están siendo investigados por la Justicia Federal en cuanto a la cuestión territorial y por la Justicia Provincial en cuanto a las lesiones sufridas por las personas durante el incidente. Asimismo, en fecha 5 de octubre de 2007, fuimos recibidos las comunidades indígena en la Casa de Gobierno por la Sra. Del Gobernador y la interventora de Cooperativismo por dos horas, en un primer dialogo, a fin de promover el auto desarrollo interno de las Comunidades Indígenas Diaguitas. Durante la reunión, representantes del Gobierno de la Provincia de Tucumán presentaron diversos programas y propuestas diseñadas por ellos para promover el auto desarrollo de las comunidades. De la reunión salió un compromiso entre los partes. Fue acordado de reunirnos de nuevo en 30 días en alguna comunidad a fin de dar continuidad a este diálogo y permitir que las distintas comunidades Diaguitas presenten en dicha mesa los diversos problemas de su gente y planteos de soluciones posibles. También hemos tomado conocimiento que en la Secretaria de Cultura se ha creado un área de comunidades indígenas en donde nos informan que debemos decidir como Unión Diaguita, la persona que se hará cargo de dicha gestión. Los Diaguitas están tomando en consideración esta solicitud junto con los programas y propuestas programas de desarrollo que presentaron los funcionarios. Además informamos que hemos tomado conocimiento del llamado de los Relatores, mediante la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, y tenemos conocimiento que la misma ha realizado medidas de pedido de explicación de los hechos denunciado ante el Gobierno Provincial. Desconocemos si la Provincia ha contestado. Si bien después del llamado de los Relatores, no se han iniciado nuevos procesos de desalojos, la emergencia declarada de la posesión tradicional, se viola, mediante las ventas o usurpaciones sin orden judicial y el despojo de parcelas por privados de las tierras tradicionales que ocupan las comunidades indígenas, tornando ilusorios dichos derechos. Por ultimo consideramos importante de notar que debido a los hechos ocurridos, las denuncias formales e informales del Pueblo Diaguita, y la comunicación de los tres relatores de la ONU, hemos visto que el Gobierno provincial de Tucumán, ha tenido que tomar mayor conciencia de los derechos humanos. Sin embargo, su voluntad política para tomar las medidas necesarias para efectivizar la emergencia declarada de la posesión y propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en la provincia de Tucumán por la aplicación de la Ley 26/160 todavía es incierta. En virtud de todo expuesto arriba, incluso las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Provincial que están en marcha, y las instancias en que todavía faltan respuestas y resultados adecuados, respetuosamente solicitamos que los Relatores queden involucrado en el monitoreo de esta situación y pidan al Gobierno, un segundo informe en los próximos meses con el fin de actualizarles sobre los resultados de las medidas que el Estado está tomando para mejor proteger los derechos de las comunidades indígenas Diaguitas en la Provincia de Tucumán en Argentina. Les agradecemos la atención especial que Ustedes han prestado a la situación de nuestro Pueblo Diaguita. Ante cualquier consulta o información adicional, favor no dudenen comunicarse con nuestros asesores legales, Dr. Eduardo Nieva, diaguitaedunieva@hotmail.com + 54 3892 421171 o +54 381 155 627320 y la Dra. Vanessa Jiménez (vjimenez342@hotmail.com) o +703 875 0360 o +202 214 8418. De nuevo, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita les agradece para la atención de Ustedes y las Naciones Unidas a este asunto tan importante al futuro y el bienestar de nuestros Pueblos. Un saludo muy cordial. [la firma está en la original enviada por fax] Francisco Chaele, Cacique LA UNIÓN DE PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA [la firma está en la original enviada por fax] Mario Quinteros, Cacique LA UNIÓN DE PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA CC: |
