Octubre de 2004

Introducción y antecedentes:

La Ley Forestal actualmente vigente en Perú ha sido fuente de controversias y tensiones entre los pueblos indígenas y el gobierno desde su formulación en 1999 y su apresurada aprobación en 2000, dentro del gobierno de Fujimori. Si bien la ley fue modificada en 2001 con la introducción de algunas salvaguardas importantes para los derechos indígenas, las organizaciones indígenas se quejaron de que la ley se centró abiertamente en la extracción de madera y que no tuvo en cuenta lo reclamos de un enfoque del ecosistema más holístico, que comprenda la seguridad alimentaria y de formas de sustento y el conocimiento tradicional. Las organizaciones regionales y AIDESEP habían advertido al gobierno en 2000 sobre la probabilidad de que surgieran conflictos territoriales en caso de que se procediera a la aplicación de la ley sin antes resolver los derechos territoriales de los pueblos indígenas. [1] Pero a pesar de las advertencias el gobierno inició la puesta en práctica del sistema de concesiones forestales a toda velocidad en 2001 y 2002, sin respetar los derechos territoriales indígenas en muchos departamentos. Una excepción a esa tendencia general se produjo en Madre de Dios, donde la defensa y la intensa presión realizada por los líderes indígenas logró asegurar que el sistema de concesiones no incluyera las tierras indígenas con título de propiedad y los territorios de  pueblos indígenas en aislamiento voluntario. [2] Pero a pesar de ese logro importante, la mafia del madereo ilegal en Madre de Dios sigue fomentando invasiones en gran escala a los territorios indígenas protegidos e intenta a través de políticas de división debilitar las alianzas entre las comunidades indígenas y la sociedad civil, para poder abrir nuevas zonas de bosques a la explotación. [3]

En respuesta a los crecientes problemas que presenta todo el sistema de concesiones madereras y la crisis permanente de los bosques de Perú, varias organizaciones indígenas decidieron realizar una serie de reuniones para evaluar los problemas actuales y elaborar estrategias iniciales para abordar la crisis cada vez mayor de los bosques que afecta a las Comunidades Nativas. Con ese fin, en mayo y junio de 2004, las organizaciones indígenas Organización Regional de Aidesep de Ucayali (ORAU), la Federación de Nativos del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC) de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), realizaron cada una un taller regional sobre política forestal y derechos de los pueblos indígenas. Los talleres contaron con la participación de líderes de las federaciones indígenas  locales y miembros de comunidades de base, así como líderes y abogados de la oficina nacional de AIDESEP.* El objetivo de este artículo es dar una idea general sobre algunos de los principales resultados y recomendaciones surgidos de los talleres y proporcionar una puesta al día sobre la situación actual. 

Inseguridad de la tierra y los derechos territoriales:

Los participantes de los tres talleres informaron que numerosos pueblos indígenas y Comunidades Nativas experimentan como un problema grave la inseguridad de la tenencia de la tierra, porque sus tierras no tienen título de propiedad y el Estado no reconoce sus derechos territoriales. En toda la región, las solicitudes para el otorgamiento de títulos de tierras están juntando polvo en los estantes porque el Proyecto Especial Titulación de Tierras (PETT) del Ministerio de Agricultura no los procesa. Al mismo tiempo, el catastro nacional de tierras sigue siendo incompleto e impreciso y continúa ocasionando controversias legales graves y conflictos en materia de demarcación de terrenos.

Superposición de unidades de aprovechamiento forestal y concesiones a territorios indígenas:

La larga crisis en materia de tierras y seguridad territorial indígenas ha empeorado en muchas partes de la Amazonia peruana desde 2001 por la aplicación acelerada de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2000, que trajo como resultado la imposición generalizada de Bosques de producción permanente (donde se crean las unidades de aprovechamiento forestal) y concesiones madereras en territorios y tierras indígenas con título de propiedad y sin él, en Ucayali, Selva Central y Loreto. Los peligros de acelerar la aplicación de una nueva concesión maderera sin resolver antes los temas de los derechos territoriales fueron resaltados en numerosas ocasiones por las organizaciones indígenas en 1999 y 2000, pero el gobierno peruano simplemente prometió respetar los derechos indígenas y siguió adelante de todos modos.

Después de tres años de aplicación de la Ley Forestal, las organizaciones indígenas denuncian que el gobierno no ha cumplido su promesa de respetar los derechos de los pueblos indígenas y las Comunidades Nativas, violando el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales ratificados por Perú. Protestan porque en la gran mayoría de los casos, el gobierno designó zonas de Bosques de producción y vendió concesiones madereras sin consultar previamente a las comunidades afectadas y sin contar con su consentimiento previo e informado. Los abogados indígenas resaltan también que INRENA ha violado leyes nacionales, incluida la propia Ley Forestal y la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, porque no efectuó una zonificación social, ecológica y económica adecuada antes de definir las áreas de Bosques de producción permanente.

Al no haber abordado los problemas inherentes a la tenencia y los derechos sobre la tierra en el sistema de concesiones, se han generado muchos casos en los que  las unidades de aprovechamiento forestal y las concesiones se superponen a los territorios indígenas y tierras de las comunidades locales.

• En Ucayali: como mínimo 23 casos (el número sigue en aumento en la medida en que los pobladores indígenas descubren que su tierra está siendo reclamada por titulares de concesiones cuando éstos intentan ocupar las tierras asignadas en sus contratos).

• En Selva Central las cuatro zonas de Bosque de producción permanente designadas por el INRENA en 2002 se superpusieron en mayor o menor medida a tierras indígenas.

• En Loreto, hay al menos 8 casos de superposición de concesiones madereras sobre Comunidades Nativas con títulos de propiedad y un número desconocido de casos de comunidades indígenas sin títulos. La superposición en gran escala de Bosques de producción permanente y concesiones madereras afecta también a la propuesta Reserva comunal Apayacu-Ampiyacu-Algodón y a cuatro reservas territoriales para pueblos indígenas no contactados (Reservas Territoriales para no contactados Napo, Tigre, Yavarí-Tapiche y Yavari-Mirim)

El número de conflictos generados por los titulares de concesiones y las compañías madereras cuyas concesiones se superponen a territorios de comunidades indígenas va en aumento. Uno de los casos más graves es el de la Comunidad Nativa de Chorinashi en el río Cohuenga en Ucayali, donde en 2003 la compañía maderera Consorcio Forestal Amazónico (CFA) ocupó una concesión dentro del territorio de la comunidad y estableció campamentos de madereo. Después de que los miembros de la comunidad efectuaron acciones directas para desmantelar los campamentos de madereo y decomisaron la maquinaria hallada en sus tierras, la compañía inició una acción legal contra diez líderes indígenas. ORAU y AIDESEP impugnan ante la justicia las sanciones impuestas. 

Los líderes de ORAU y AIDESEP brindando apoyo al caso Chorinashi han sido sometidos a presiones por parte de las compañías madereras y de ONG ambientalistas como WWF-Perú (que apoya a la compañía CFA en un proyecto de certificación de bosques) para que abandonen su postura crítica de la Ley Forestal y el sistema de concesiones. A nivel de la comunidad, circulan también informes preocupantes que afirman que compañías madereras como CFA están utilizando los llamados Comités Forestales de múltiples “partes interesadas” establecidos en el marco de la Ley forestal para cooptar comunidades indígenas en un intento de neutralizar la oposición a las injustas concesiones madereras.

El gobierno se niega a corregir los errores del sistema de concesión:

INRENA se ha comprometido públicamente a revisar los límites de los Bosques de producción permanente que no cuentan todavía con contrato, o cuando afectan tierras con título registrado. Sin embargo, se niega empecinadamente a anular las concesiones que afectan a territorios indígenas ancestrales no-titulados que ya fueron vendidos a los madereros. Una vez adjudicadas, es difícil anular las concesiones madereras, ya que bajo la Ley Forestal, los concesionarios tienen una forma de derecho de propiedad válido por un período de hasta cuarenta años. INRENA sostiene que si se revocaran esas concesiones sería responsable de incumplimiento del contrato. Asegura que las solicitudes de título de propiedad sobre las tierras de los indígenas no serían procedentes sino hasta después de que expirara el contrato de concesión – un plazo que puede llegar hasta los cuarenta años a partir de la fecha de la celebración del contrato.

Atrapados en la camisa de fuerza de las concesiones:

En Madre de Dios, la organización indígena FENAMAD pudo evitar la superposición de concesiones madereras en las Comunidades Nativas debido a su intensa presión sobre el gobierno, que convenció a oficiales de INRENA de modificar sus planes utilizando los mapas existentes de zonificación ecológica y social preparados por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana –IIAP. Esta información fue utilizada para corregir los mapas del gobierno antes de designar legalmente la unidad forestal de aprovechamiento del bosque de producción permanente. Aunque el sistema de concesiones excluye las Comunidades Nativas tituladas, FENAMAD reconoce ahora que las comunidades que deseen ampliar sus títulos en el futuro pueden tener graves problemas porque estarán rodeadas de concesiones forestales y de otros recursos, que son válidas hasta cuarenta años. En el taller de Madre de Dios, los participantes enfatizaron el hecho de que están rodeados por concesiones madereras o de ecoturismo y no tienen espacio para ampliar las tierras de la comunidad: “estamos bien ajustados: no tenemos vida!!”

Comunidades indígenas cercadas por los madereros:

Maderas valiosas como la caoba y el cedro están hoy confinadas en gran medida a las tierras de las Comunidades Nativas y los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario así como a las reservas comunales y otras áreas protegidas. Todos los talleres informaron que los bosques dentro de territorios indígenas están cercados por madereros ansiosos por extraer la madera y explotar a las comunidades nativas. Tanto las comunidades que cuentan con títulos como las que no, tienen conflictos sistemáticos con los madereros ilegales que invaden sus territorios ancestrales sin permiso. Al mismo tiempo, los grandes madereros de Madre de Dios y de otras regiones organizan invasiones masivas a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con el fin explícito de forzar su desplazamiento y poder argumentar que no están ocupando zonas ricas en maderas de alto valor comercial. En Ucayali, por ejemplo, los madereros ilegales abrieron caminos en la profundidad de la Reserva Murunahua, para las actividades de madereo, amenazando la integridad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

En toda la región, los madereros informales ilegales y las denominadas compañías madereras “legales” utilizan estrategias engañosas y manipuladoras para obtener acceso a los recursos de las Comunidades Nativas. Los madereros y la industria de la madera a menudo falsifican acuerdos informales escritos o realizan contratos formales con los líderes de la comunidad sin el conocimiento o consentimiento colectivo de la comunidad. En muchas comunidades, no existen estructuras colectivas de toma de decisión y los madereros sacan ventaja de estas debilidades para hacer arreglos a nivel individual o con grupos reducidos.

Son cada vez más las compañías madereras de mediana y gran escala que están dispuestas y ansiosas por ofrecer ayuda a las Comunidades Nativas para obtener Permisos de Extracción Maderera a fin de “legalizar” y blanquear sus propios negocios madereros y la madera ilegal extraída fuera de la zona del permiso. Estas compañías ofrecen el suministro de maquinaria y transporte para la cosecha y embarque de la madera, pero descuentan la mayor parte de sus costos contra el crédito que extienden a la comunidad, que debe ser devuelto como mano de obra o madera. Como explica Kruger Pacaya, presidente de ORAU, la Ley Forestal y el sistema de concesiones están siendo utilizados para promover la tala ilegal y continuar siglos de explotación de pueblos indígenas en el Amazonas:

”¡Es trágico! Los nuevos concesionarios utilizan sus contratos con el gobierno para encubrir la tala ilegal. Siguen ingresando en territorios indígenas y áreas protegidas contiguas a sus concesiones para cosechar caoba y cedro. Hacen lo mismo con los permisos madereros de la Comunidad Nativa y su RUC que utilizan para blanquear la madera obtenida ilegalmente de otras zonas. Todo lo que dejan a su paso es un bosque empobrecido y enormes deudas impositivas que la comunidad no tiene forma de pagar. Hoy nuestro pueblo sigue siendo objeto de abusa  y estafa  por los madereros, como siempre…”

Los participantes de los talleres subrayaron que la mayoría de las operaciones de madereo en la Amazonia Peruana son incontroladas, indiscriminadas y destructivas, independientemente de si la extracción es considerada ilegal o “legal”. Describieron los devastadores impactos sociales, culturales y ambientales de los equipos de madereo que trabajan en las comunidades locales:

“Los equipos de los madereros inundan nuestras comunidades y toman a nuestras hijas e insultan nuestras tradiciones. Sus máquinas destruyen nuestro bosque, que se empobrece y se vuelve ‘purma’ (rastrojo y bosque secundario), ya no contiene  los animales, peces o materiales y recursos que necesitamos para sobrevivir. Hacen un daño enorme a nuestros jardines, huertas y a nuestro almacén natural en el bosque. Dan regalitos triviales y a menudo no realizan los pagos prometidos a la comunidad. Cuando se acaba la madera, abandonan la comunidad y dejan atrás a madres solteras e hijos sin padre. Su legado es el hambre, la pobreza y la desesperanza que lleva a los jóvenes a pueblos y ciudades en busca de trabajo. Socavan nuestra cultura y dañan nuestra organización social. La industria maderera está generando una enorme crisis social y organizacional en nuestras comunidades y está destuyendo la forma de nuestro sustento …”
[Victor Salazar Paucar de Unión Asháninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa (KANUJA), Taller sobre Política Forestal y Derechos Indígenas, Satipo, 7-8 Junio, 2004]

Aplicación distorsionada e injusta de la Ley Forestal:

Los participantes del taller se quejaron reiteradamente de que los requisitos legales y técnicos para la obtención de un Permiso de Extracción Maderera son agobiantes, engorrosos y costosos para las Comunidades Nativas. Muchas comunidades indígenas no tienen la posibilidad de obtener Permisos de Extracción de Madera ya que no tienen títulos de propiedad de sus tierras o no los tienen registrados. Estos obstáculos condenan a las comunidades sin títulos reconocidos a la extracción informal “ilegal”, y fuerzan a las que tienen títulos pero no la suficiente capacidad económica y técnica, a recurrir a las compañías de la industria maderera en busca de asistencia técnica y financiera, que son finalmente las que obtienen los permisos de extracción en representación de la comunidad.

Para los pueblos indígenas, la aplicación de la actual Ley Forestal no es justa ya que INRENA es rápido a la hora de castigar hasta la más mínima infracción a la ley que haya sido cometida por la Comunidad Nativa, pero no hace nada para penalizar a los grandes concesionarios o a los grandes madereros ilegales, y a menudo recibe sobornos de estos operadores corruptos. Las autoridades de INRENA en Loreto incluso exigen permisos de extracción a integrantes individuales de las comunidades indígenas y a las propias comunidades para el uso de madera con fines culturales y de subsistencia –¡en clara violación de la propia Ley Forestal que permite expresamente la extracción para uso doméstico y cultural! Las comunidades indígenas, por tanto, sienten que sufren una discriminación injusta de parte de las autoridades forestales, mientras el gran madereo industrial continúa impunemente con su negocio destructivo.

“Toda la cuestión de lo la legalidad y la ilegalidad es compleja en Perú. Existen muchos niveles y escalas diferentes de operaciones ilegales: artesanal, comunal, pequeñas empresas de tala informales, compañías madereras comerciales de media escala, compañías madereras de gran escala, compañías de transporte y concesionarios supuestamente “legales”. Las grandes compañías madereras apoyadas por el gobierno pueden tener concesiones, pero aún así a menudo están integralmente involucradas en el comercio ilegal de madera. Los concesionarios violan los derechos de los pueblos indígenas, pero son apoyados por el Estado y las ONGs ambientalistas decididos a ayudarlos a certificar su tala. Hemos criticado a firmas madereras comerciales como CFA y el  Consejo Peruano de Certificación Voluntaria (FSC). Cuestionamos la legalidad de sus operaciones en tierras indígenas: ¡pero nadie escucha! 
[Kruger Pacaya, Presidente, ORAU, Pucallpa, Mayo 2004]

Muchos pueblos indígenas que participaron de los talleres expresaron su frustración porque el gobierno no ha proporcionado asistencia a las Comunidades Nativas que les permita dedicarse a la extracción comercial, “legal” y sustentable de la madera. Aunque el gobierno y los donantes internacionales han establecido algunas iniciativas modestas para apoyar a los adjudicatarios de concesiones a través de FONDEBOSQUE, los fondos han beneficiado fundamentalmente a las compañías madereras y no han llegado a las comunidades indígenas. Si bien hay un representante indígena en el Directorio de FONDEBOSQUE, éste se queja amargamente de que se han ignorado las prioridades indígenas y los reiterados pedidos para obtener más ayuda para las Comunidades Nativas. Existen unas pocas ONGs que tienen proyectos locales con las comunidades indígenas (por ejemplo el proyecto AIDER, Ucayali), pero su alcance es limitado. La mayoría de las ONGs, como WWF-Perú, trabaja principalmente con compañías de media y gran escala a través de proyectos como CEDEFOR, mientras que la cantidad de trabajo desarrollado con las Comunidades Nativas es insignificante.

Los tres talleres consideraron que la Ley Forestal y la autoridad forestal gubernamental (INRENA) no están dirigidas a apoyar la extracción de madera a pequeña escala y que el apoyo a las Comunidades Nativas es escaso o simplemente no existe. Hubo consenso acerca de que la Ley Forestal beneficia fundamentalmente a las compañías taladoras industriales de media y gran escala, a las firmas de consultoría forestal, a los abogados y las ONGs ambientalistas que son contratadas para preparar los Planes Generales de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales (POA). Aunque a veces logren asegurarse el apoyo para el otorgamiento de los permisos, las Comunidades Nativas deben trabajar con planes de manejo preparados por ingenieros forestales que no respetan el conocimiento tradicional relacionado con el bosque ni el manejo tradicional de los recursos. Se concluyó que INRENA no está tomando medidas de prioridad para apoyar los pedidos de las solicitudes de Permiso de extracción de madera de las Comunidades Nativas y por tanto está violando el Artículo 12 de la Ley Forestal.

Recomendaciones:

Los talleres dieron lugar a numerosas recomendaciones generales y específicas. Algunas de las principales recomendaciones enfatizan la necesidad de continuar denunciando con más fuerza la violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de INRENA y las compañías madereras y hacer un llamado al gobierno para que elimine los Bosques de producción permanente y las concesiones impuestas sobre tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades.

Asimismo, recomiendan que es urgente que el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) priorice el reconocimiento y la titulación de las Comunidades Nativas a las que se les ha impuesto el Bosque de Producción Permanente y Concesiones Madereras, y debe actualizar, corregir y normalizar un único sistema catastral para las comunidades indígenas y para ser utilizado por todas las agencias gubernamentales y no gubernamentales.

Se decidió que las organizaciones deben recurrir a los tribunales locales y nacionales peruanos para demandar al gobierno por poner en práctica un mal sistema de concesión sin haber obtenido el consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas, sin resolver los conflictos territoriales pendientes y sin llevar a cabo una zonificación social y ecológica previa como lo exige la ley. Si no se logra la reparación en el marco de la justicia peruana, las organizaciones indígenas apelarán formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT y otros organismos internacionales.

Los participantes también reclamaron una serie de reformas legales y políticas que incluyen la necesidad de la aprobación de leyes que mejoren el estatus y la protección que se brinda a las Reservas para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, y medidas legales para establecer un régimen alternativo a los permisos e impuestos de la extracción de madera para las Comunidades Nativas –adaptados a sus realidades culturales y económicas.

Los presentes en los talleres fueron unánimes en la necesidad de reformar radicalmente INRENA o eliminarlo y remplazarlo por una autoridad más efectiva cuyo personal técnico reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas y las Comunidades Nativas. Se enfatizó que esta autoridad nueva o reformada debe actuar en forma inmediata para investigar y sancionar a los grandes madereros ilegales y castigar a los concesionarios por sus operaciones ilegales de blanqueo.

También se acordó que se debe presionar fuertemente al gobierno para que cumpla con su obligación legal de atender a las Comunidades Nativas como una prioridad bajo la Ley Forestal existente. Dicha atención debe incluir el apoyo directo a comunidades de base para que puedan obtener los permisos de extracción y formulen su propio Plan General de Manejo Forestal según su propio conocimiento, principios y prioridades.

En términos de la acción a nivel de la comunidad, los participantes señalaron la necesidad de las comunidades de organizarse y actuar en forma inmediata y colectiva en defensa de los territorios indígenas contra los madereros invasivos, y de tomar medidas a la brevedad posible para fortalecer las estructuras comunitarias y procesar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos de la comunidad en forma colectiva, responsable y transparente.

Situación actual

En los últimos meses, organizaciones indígenas regionales de Ucayali, Selva Central y Loreto han realizado comunicados de prensa y declaraciones a la opinión pública condenando la omisión del gobierno de respetar como corresponde los derechos de los pueblos indígenas al aplicar el sistema de concesiones. En junio de 2004 los representantes indígenas con el apoyo de ONGs nacionales y locales emitieron una declaración pública en la Asamblea Anual de la Alianza Amazónica.

“No continuar con el proceso de concesiones forestales hasta que se garantice el reconocimiento, titulación y ampliación de la propiedad territorial de los pueblos indígenas …[y]… Freno y sanción a la masiva extracción ilegal cometida por madereros informales, grandes empresas madereras y su cadena de habilitación, en territorios de pueblos indígenas en aislamiento de Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y Loreto, poniendo en grave riesgo de genocidio a dichos pueblos” (Perú 21, domingo 4 de Julio de 2004).

En otro memorandum de las organizaciones indígenas de Selva Central también se exige (entre otras muchas demandas específicas referidas al proceso de titulación y demarcación, etc.):

“Exclusión de contratos forestales, unidades de aprovechamiento y concesiones forestales que se sobreponen a los territorios de comunidades nativas, esto como consecuencia de no haberse realizado las consultas respectivas, lo que afecta la vida y el futuro de las comunidades. (y) Derogación de las resoluciones que  crearon los Bosques de Producción Permanente, que se superponen a las Comunidades Nativas… [4]

En agosto de 2004 se hizo pública una declaración similar de las organizaciones indígenas de Loreto

“Denunciamos al INRENA por implementar concesiones y Bosques de Producción Permanente que han sido otorgados a … compañías irresponsables –lo que representa un asalto a los derechos funamentales de los pueblos indígenas, los campesinos y los ribereños… Rechazamos las normas regionales aplicables a los contratos de concesión (madereros) en Loreto … y declaramos que esta norma es inconstitucional y que consideramos que el actual proceso actual de concesiones forestales es illegal” [5]

Este mismo mes ORAU envió al Ministro de Agricultura una carta formal solicitándole que excluyera los contratos madereros y los Bosques de Producción Permanente superpuestos en los territorios ancestrales indígenas del departamento de Ucayali [6] . A fines de septiembre de 2004, AIDESEP hizo público nuevos comunicados en los que critica la falta de acción del gobierno y reclama mayor protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la reforma de la Constitución peruana y de la legislación para lograr un mejor reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. [7]

En vista de los graves problemas en curso con la política forestal, las organizaciones indígenas reafirmarán y unificarán sus reclamos de reformar la legislación y las políticas y reparar los daños y perjuicios ocasionados, en la conferencia indígena sobre bosques y biodiversidad que se desarrollará en Lima en octubre de 2004.

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Artículo de Tom Griffiths tom@forestpeoples.org

* Los talleres regionales sobre política de bosques realizados por AIDESEP, ORAU, FENAMAD y ARPI-SC en mayo y junio de 2004 fueron realizados con la colaboración económica y técnica de Racimos de Ungurahui, el Programa de Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme – FPP), el Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement – WRM) y el Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR)