Organizaciones indígenas del Perú y la entidad europea Alianza del Clima denunciaron hoy que las actividades petroleras en la cuenca del río Corrientes, en la región selvática de Loreto, están afectando el medio ambiente y la salud de los nativos ante la pasiva actitud del Estado peruano.

Lily La Torre, abogada de las comunidades indígenas afectadas, dijo a la prensa extranjera que en los últimos cinco años la empresa argentina Pluspetrol ha extraído petróleo en el lote 1AB y 8 del norte amazónico con frecuentes derrames de crudo y desperdicios de hidrocarburos, metálicos y químicos, convirtiendo las aguas de los ríos en un peligro para el consumo humano.

“Hay una continua muerte de niños, mujeres y ancianos por acumulación de metales pesados en el hígado. Se les hincha el vientre, presentan fiebre, convulsiones y vómitos. Se ponen amarillos y en cuatro días mueren”, agregó.

La región de la Amazonía es la fuente que provee el 65 por ciento del consumo doméstico de petróleo en Perú y se la considera la zona más lucrativa, pero -según La Torre-  las ganancias no son compartidas con las comunidades nativas.

Desde hace 35 años se registran actividades petroleras en esa parte del país que fueron ejecutadas por la Occidental Exploradora de Perú, filial de Occidental Petroleum Company, la estatal Petroperú y recientemente Pluspetrol.

Tomás Brose, de la Alianza del Clima -institución que agrupa a unos 1.200 municipios de Europa- sostuvo que la situación se vuelve más dramática por la ausencia del Estado. “El cuadro social es muy débil, el municipio no está presente, no hay obras actuales”, dijo en comunicación telefónica desde la ciudad selvática de Iquitos.

“Hemos visto que el principal problema es de salud por la contaminación de ríos y quebradas, pero también hay problemas de educación porque los profesores no están debidamente preparados e incluso no hablan el idioma de los nativos”, puntualizó.

Las denuncias han encontrado asidero en un informe del organismo estatal supervisor de las actividades del sector hidrocarburos, realizado en 2003, en el que se señala que la presencia de contaminantes por encima de los máximos permisibles en suelos y quebradas “han originado diferentes grados de afectación al medio natural de la selva... el agua vertida sale con altas concentraciones de cloruros, aceites y grasas, así como a altas temperaturas”.

La Torre ha señalado que están evaluando la posibilidad de denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derecho s Humanos por aplicar una política “de espaldas a los pueblos y cumplir más un papel de socio de las empresas (petroleras) que buscar tutelar los intereses de los pueblos”. También podrían denunciar a las compañías ante la Justicia peruana.

El Congreso ha constituído el pasado octubre una comisión de investigación, que viajará -en una fecha próxima- hasta la zona para verificar los daños ecológicos denunciados.

“Afectan nuestros derechos, nuestra economía, nuestra cultura, nuestro aire y nuestras aguas”, dijo Julio Cusurichi, un indígena que integra la asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana.