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Los planes forestales y climáticos de Guyana continúan generando controversia y manteniendo al margen a los pueblos indígenas

Aunque la ONU ha nombrado este año al Presidente de Guyana «Campeón de la Tierra» por esforzarse en conseguir el apoyo internacional para la protección de los bosques y el crecimiento «basado en un bajo nivel de emisiones de carbono», algunos líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil del propio país y del extranjero continúan exponiendo y pidiendo explicaciones por las profundas contradicciones de los planes forestales y climáticos del Gobierno. En junio de 2010 el Presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) hizo una larga declaración en la sexta reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial en Georgetown, en la que preguntó por qué cuestiones claves sobre los derechos a la tierra planteadas repetidamente por APA siguen sin ser abordadas en las últimas propuestas de preparación para la REDD+ de la Comisión Forestal de Guyana (GFC por sus siglas en inglés).

Pueblos indígenas en Paraguay buscan garantías sólidas sobre sus derechos colectivos en los procesos nacionales de planeación para REDD

Los pueblos y organizaciones indígenas en Paraguay han luchado fuertemente en 2010 para obtener garantías por parte del gobierno y  de la ONU de que cualquier política, decisión e iniciativa de preparación para REDD respetará sus derechos colectivos, incluyendo los derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Por medio de su participación en el Comité REDD a nivel nacional, CAPI, por ejemplo, siempre ha insistido que el Programa ONU REDD tiene que cumplir plenamente con sus propias directrices operativas sobre Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, ha insistido que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones internacionales bajo los tratados internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el país.

Comunicado de prensa: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos accede a escuchar el caso de los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol, Brasil

Tras años de espera, durante los cuales han sufrido ataques violentos y la degradación de sus tierras ancestrales, los pueblos indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang y Wapichana de Raposa Serra do Sol recibieron una decisión favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante su última sesión a finales de octubre, la Comisión emitió una decisión de admisibilidad en su caso contra el Gobierno de Brasil. Con ello, la Comisión señaló no solo que el tratamiento de los pueblos indígenas de Raposa por parte del Gobierno podría constituir una violación de sus derechos humanos, sino que además ahora la Comisión está dispuesta a pasar a su fase final de examen del caso y a emitir un informe concluyente.

Los pueblos indígenas luchan por el reconocimiento de sus derechos mientras los organismos internacionales se apresuran a llegar a un acuerdo sobre la REDD+

Si bien las negociaciones intergubernamentales sobre el clima (CMNUCC) aún tienen que superar grandes obstáculos para llegar a un acuerdo mundial sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, las iniciativas independientes de REDD+ se han multiplicado en los últimos meses. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas continúan manifestando su inquietud ante el hecho de que las medidas que se están tomando para que se respeten sus derechos son insuficientes. Por ejemplo, en los últimos meses los gobiernos que encabezan la «Asociación REDD+ Provisional» han llevado a cabo  reuniones que no han dejado suficiente espacio para la participación de los pueblos indígenas. Mientras tanto, los principales organismos donantes de la ‘Asociación’ están intentando armonizar sus actividades y finanzas relacionadas con la REDD: el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial es responsable de la «planificación de la preparación» y de las actividades de preparación (la denominada «primera fase») y posteriormente de la «tercera fase» de medidas de REDD propiamente dichas,  el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial tiene fondos para una «segunda fase» de implementación del «plan de preparación», y el programa ONU-REDD está a cargo de la medición, la presentación de informes y la verificación (MIV), la intervención de las partes interesadas s y la participación de los pueblos indígenas.

El pueblo Teribe de Costa Rica exige respeto a sus derechos en relación con la represa del Diquís

Por más de 40 años, el gobierno de Costa Rica ha planeado la construcción de una de las represas más grandes de Centroamérica. El plan ha sido modificado en varias ocasiones debido a duras críticas por su potencial impacto negativo – especialmente sobre los pueblos indígenas. En el 2008, el gobierno de Costa Rica declaró de interés público y conveniencia nacional el PH Diquís, dando pleno apoyo para su construcción. La propuesta de la represa del Diquís inundará más del 10% de las tierras tradicionales y tituladas del pueblo Teribe, y más del 5% de las del pueblo Cabécar. El pueblo Teribe considera que la Represa del Diquís representa una grave amenaza a su supervivencia como pueblo, ya que los Teribe tienen una población cercana a 750 personas.

Las Mujeres Wayúu de Colombia piden al Foro Permanente de la ONU que actúe

En julio de 2010 la organización de mujeres indígenas Fuerza de Mujeres Wayúu, creada y compuesta por miembros de la comunidad Wayúu de Colombia, presentó un informe ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII por sus siglas en inglés) con el fin de denunciar las múltiples formas de violación de los derechos humanos que sufren las mujeres Wayúu por ser mujeres y por pertenecer a un grupo indígena que está luchando porque se reconozcan sus derechos a la tierra en Colombia. 

Controvertida adjudicación de dinero noruego para la REDD «sin salvaguardias»

El desalentador lento progreso de las negociaciones intergubernamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impulsó al Gobierno noruego a dar rápidamente salida a su propio dinero en mayo, a través de un mecanismo paralelo especial de financiación para pagar a países  vías de desarrollo por reducir sus emisiones derivadas de la deforestación. Inicialmente el proceso se puso en marcha con una participación mínima, pero en respuesta a las protestas, el Gobierno noruego insistió en que exigiría el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y una gobernanza razonable. Esas promesas están empezando a parecer falsas. 

Guyana: los pueblos indígenas siguen sin poder participar

En mayo el Gobierno de Noruega anunció que había firmado un protocolo de entendimiento con el Gobierno de Guyana para contribuir con 230 millones de USD a la Estrategia de Desarrollo Basado en un Bajo Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus siglas en inglés). Solo quedaba por decidir qué organismo financiero actuaría de intermediario con la responsabilidad fiduciaria de entregar el dinero con el debido cuidado. ¿Podría ser el Banco Mundial? ¿Qué normas seguiría este para entregar el dinero?