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Los planes forestales y climáticos de Guyana continúan generando controversia y manteniendo al margen a los pueblos indígenas

Aunque la ONU ha nombrado este año al Presidente de Guyana «Campeón de la Tierra» por esforzarse en conseguir el apoyo internacional para la protección de los bosques y el crecimiento «basado en un bajo nivel de emisiones de carbono», algunos líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil del propio país y del extranjero continúan exponiendo y pidiendo explicaciones por las profundas contradicciones de los planes forestales y climáticos del Gobierno. En junio de 2010 el Presidente de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) hizo una larga declaración en la sexta reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial en Georgetown, en la que preguntó por qué cuestiones claves sobre los derechos a la tierra planteadas repetidamente por APA siguen sin ser abordadas en las últimas propuestas de preparación para la REDD+ de la Comisión Forestal de Guyana (GFC por sus siglas en inglés).

Pueblos indígenas en Paraguay buscan garantías sólidas sobre sus derechos colectivos en los procesos nacionales de planeación para REDD

Los pueblos y organizaciones indígenas en Paraguay han luchado fuertemente en 2010 para obtener garantías por parte del gobierno y  de la ONU de que cualquier política, decisión e iniciativa de preparación para REDD respetará sus derechos colectivos, incluyendo los derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Por medio de su participación en el Comité REDD a nivel nacional, CAPI, por ejemplo, siempre ha insistido que el Programa ONU REDD tiene que cumplir plenamente con sus propias directrices operativas sobre Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, ha insistido que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones internacionales bajo los tratados internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por el país.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial por fin planea adoptar salvaguardias sociales

En octubre de 2010 la directora del FMAM, Monique Barbut, anunció que el FMAM iba a elaborar políticas de salvaguardia. Estas salvaguardias abordarán los impactos ambientales y sociales de los proyectos, y en concreto abordarán las inquietudes particulares de los pueblos indígenas. Las salvaguardias serán aplicables a todas las agencias de implementación y de ejecución del FMAM, y una institución externa, o algún tipo de agencia, supervisará su cumplimiento. Los pueblos indígenas han aprovechado esta oportunidad y han elaborado y presentado una propuesta al Consejo del FMAM describiendo en líneas generales cómo se podría elaborar una política que aborde las cuestiones que les inquietan.

Comunicado de prensa: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos accede a escuchar el caso de los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol, Brasil

Tras años de espera, durante los cuales han sufrido ataques violentos y la degradación de sus tierras ancestrales, los pueblos indígenas Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang y Wapichana de Raposa Serra do Sol recibieron una decisión favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante su última sesión a finales de octubre, la Comisión emitió una decisión de admisibilidad en su caso contra el Gobierno de Brasil. Con ello, la Comisión señaló no solo que el tratamiento de los pueblos indígenas de Raposa por parte del Gobierno podría constituir una violación de sus derechos humanos, sino que además ahora la Comisión está dispuesta a pasar a su fase final de examen del caso y a emitir un informe concluyente.

Los pueblos indígenas luchan por el reconocimiento de sus derechos mientras los organismos internacionales se apresuran a llegar a un acuerdo sobre la REDD+

Si bien las negociaciones intergubernamentales sobre el clima (CMNUCC) aún tienen que superar grandes obstáculos para llegar a un acuerdo mundial sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, las iniciativas independientes de REDD+ se han multiplicado en los últimos meses. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas continúan manifestando su inquietud ante el hecho de que las medidas que se están tomando para que se respeten sus derechos son insuficientes. Por ejemplo, en los últimos meses los gobiernos que encabezan la «Asociación REDD+ Provisional» han llevado a cabo  reuniones que no han dejado suficiente espacio para la participación de los pueblos indígenas. Mientras tanto, los principales organismos donantes de la ‘Asociación’ están intentando armonizar sus actividades y finanzas relacionadas con la REDD: el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial es responsable de la «planificación de la preparación» y de las actividades de preparación (la denominada «primera fase») y posteriormente de la «tercera fase» de medidas de REDD propiamente dichas,  el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial tiene fondos para una «segunda fase» de implementación del «plan de preparación», y el programa ONU-REDD está a cargo de la medición, la presentación de informes y la verificación (MIV), la intervención de las partes interesadas s y la participación de los pueblos indígenas.

Lento progreso de las negociaciones sobre el clima antes de Cancún. El resultado relacionado con la REDD+ todavía no está claro y corre el riesgo de debilitar los enunciados sobre las salvaguardias de los derechos de los pueblos indígenas.

A principios de noviembre se celebraron unas Conversaciones de las Naciones Unidas sobre el Clima en Tianjin (China), durante las que los gobiernos asistentes se prepararon para la Conferencia de las Partes (CP 16) que se celebrará en Cancún (México) en diciembre. No se registró ningún progreso real hacia un acuerdo jurídicamente vinculante, sino que las partes pospusieron cualquier decisión sobre la reducción de las emisiones hasta la CP 17 en 2011, y los gobiernos se mostraron reacios a ofrecer grandes compromisos relacionados con salvaguardias para la REDD+. Estaba previsto que en la CP 16 se tomaran una serie de decisiones, entre otras cosas sobre las «fases de preparación de actividades que contribuyan a la mitigación en el sector forestal (REDD+)». Sin embargo ahora, la presidenta del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), Margaret Mukahanana-Sangarwe, busca una única decisión que englobe los temas en los que ella cree que se ha progresado (incluida la REDD+).   

El pueblo Teribe de Costa Rica exige respeto a sus derechos en relación con la represa del Diquís

Por más de 40 años, el gobierno de Costa Rica ha planeado la construcción de una de las represas más grandes de Centroamérica. El plan ha sido modificado en varias ocasiones debido a duras críticas por su potencial impacto negativo – especialmente sobre los pueblos indígenas. En el 2008, el gobierno de Costa Rica declaró de interés público y conveniencia nacional el PH Diquís, dando pleno apoyo para su construcción. La propuesta de la represa del Diquís inundará más del 10% de las tierras tradicionales y tituladas del pueblo Teribe, y más del 5% de las del pueblo Cabécar. El pueblo Teribe considera que la Represa del Diquís representa una grave amenaza a su supervivencia como pueblo, ya que los Teribe tienen una población cercana a 750 personas.

Controvertida adjudicación de dinero noruego para la REDD «sin salvaguardias»

El desalentador lento progreso de las negociaciones intergubernamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impulsó al Gobierno noruego a dar rápidamente salida a su propio dinero en mayo, a través de un mecanismo paralelo especial de financiación para pagar a países  vías de desarrollo por reducir sus emisiones derivadas de la deforestación. Inicialmente el proceso se puso en marcha con una participación mínima, pero en respuesta a las protestas, el Gobierno noruego insistió en que exigiría el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y una gobernanza razonable. Esas promesas están empezando a parecer falsas. 

El aceite de palma, los derechos humanos y el Banco Mundial – Avance informativo

Desde la pasada década de los 80 el Grupo del Banco Mundial ha invertido más de 2000 millones de USD en promover el comercio mundial del aceite de palma. La expansión de esta especie en monocultivos intensivos, especialmente en el sudeste de Asia, lleva asociado el desmonte extensivo de bosques tropicales, la usurpación de tierras y abusos generalizados de los derechos humanos. En respuesta a nuestras quejas, el Grupo del Banco Mundial congeló la financiación para el sector en todo el mundo mientras ideaba una estrategia exhaustiva de participación. En julio publicó un primer borrador para que fuese comentado. En dicho documento no se abordan las principales cuestiones planteadas durante la consulta, por lo que el Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios han vuelto a apelar al Grupo del Banco Mundial para que lo reconsidere. 

La IFC prolonga la revisión de sus normas de desempeño y las correspondientes políticas

En 2009 la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), el brazo del Banco Mundial para el sector privado, anunció que examinaría las políticas y normas sociales y ambientales que aplica para guiar y regular sus préstamos en sectores vulnerables. Estearevisión se ha estado realizando con una amplia participación de la sociedad civil y representantes y organizaciones de los pueblos indígenas. Aunque estaba previsto que la revisión terminase en agosto de 2010, la IFC acaba de anunciar una prolongación de este proceso.

Consultas de comunidades de Camerún sobre la REDD

En julio de 2010 los pueblos Baka, Bagyeli y Bakola participaron, junto con ONG de apoyo de sus comunidades, en unas consultas celebradas en el sur de Camerún para informarse sobre posibles proyectos de REDD. Dejaron muy claro que el cambio climático ya estaba afectando sus vidas y que temían que los proyectos de REDD no les beneficiaran. Efectivamente, en Camerún hay planificados alrededor de siete proyectos de REDD, pero según el trabajo de campo realizado recientemente por el FPP, en al menos dos de ellos no se ha ni siquiera informado a las comunidades locales.

Guyana: los pueblos indígenas siguen sin poder participar

En mayo el Gobierno de Noruega anunció que había firmado un protocolo de entendimiento con el Gobierno de Guyana para contribuir con 230 millones de USD a la Estrategia de Desarrollo Basado en un Bajo Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus siglas en inglés). Solo quedaba por decidir qué organismo financiero actuaría de intermediario con la responsabilidad fiduciaria de entregar el dinero con el debido cuidado. ¿Podría ser el Banco Mundial? ¿Qué normas seguiría este para entregar el dinero?

El aceite de palma y la Corporación Financiera Internacional (IFC) - Avance informativo

Durante los meses de mayo y junio la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), la financiera del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, comenzó por fin con mucho retraso un proceso de consulta que tiene como fin elaborar una estrategia revisada que establezca las condiciones para la futura inversión en el controvertido sector del aceite de palma. La IFC publicó un «informe sobre problemas» que resumía convenientemente los puntos de vista de los diferentes actores, incluyendo algunos críticos de la IFC. A continuación se realizaron consultas en Washington, DC, luego en tres lugares de Indonesia, después en Ghana y Costa Rica y finalmente en Europa. Colaborando estrechamente con un consorcio de ONG indonesias, propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas y pueblos indígenas, el Forest Peoples Programme (FPP) ayudó a redactar una detallada declaración conjunta para la IFC en la que se exponen propuestas para la estrategia de la IFC y cómo debería ser elaborada. La declaración fue aprobada por más de 160 organizaciones de Indonesia y otros países de todo el mundo, y ha sido ampliamente citada en consultas posteriores por organizaciones que apoyan las mismas ideas.

Asociación para la REDD+ creada en medio de una controversia sobre los derechos de los pueblos indígenas mientras se reanudan las negociaciones de la ONU

La Interim REDD+ Partnership (Asociación Interina sobre REDD+) fue creada en Oslo el 27 de mayo de 2010 antes de que se reanudaran las conversaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. 50 delegados de gobiernos de países REDD y países donantes adoptaron una declaración que incluía los principios y las modalidades de trabajo de la nueva Interim REDD+ Partnership. El respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el apoyo a la aplicación de salvaguardias, que aún se están debatiendo en el seno de la CMNUCC, no se encuentran entre los principios de esta asociación, y hasta ahora el proceso es obviamente deficiente en cuanto a transparencia y participación.