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Liberia: La expansión de los agronegocios amenaza los bosques y los medios de subsistencia de comunidades locales

La expansión de los agronegocios en África supone una grave amenaza para los bosques y los medios de subsistencia de los pueblos africanos. Allí donde la gobernanza es débil y los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas no están asegurados, el desarrollo agrícola está perjudicando a la población local.

La concienciación sobre los efectos sociales y ecológicos de la expansión de los agronegocios en el sudeste de Asia ha conducido a nuevas normas de desarrollo aceptable del negocio del aceite de palma. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), un proceso de certificación voluntaria por una tercera parte, ha adoptado una serie de principios y criterios que son esencialmente coherentes con un enfoque basado en los derechos, y con los que se pretende desviar la expansión del negocio del aceite de palma de los bosques vírgenes y las zonas de alto valor para la conservación, prohibiendo al mismo tiempo la ocupación de tierras consuetudinarias sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades locales. El cumplimiento de la norma de la RSPO se está convirtiendo en un requisito para acceder al mercado europeo, y los principales conglomerados productores de aceite de palma que quieren conservar su cuota de mercado se han hecho socios de la RSPO.

¿Cómo obligar al sector del aceite de palma a rendir cuentas?

Las plantaciones de palma de aceite continúan expandiéndose rápidamente por todo el mundo. El país que encabeza esta tendencia, Indonesia, ha dejado atrás a Malasia y se ha convertido en el mayor productor. Según los últimos datos que ha proporcionado la ONG indonesia SawitWatch que vigila a este sector, actualmente las plantaciones de palma de aceite de Indonesia cubren 11 millones de hectáreas, mientras que hace tan solo cinco años cubrían 6 millones. Las nuevas plantaciones se están dispersando por islas más pequeñas del archipiélago y por las zonas menos desarrolladas del este de Indonesia. Las esperanzas de que una promesa presidencial de una moratoria de 2 años sobre la tala de bosques frenaría la expansión de este cultivo (parte de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) también se han evaporado ya que el Gobierno ha excluido de la moratoria zonas donde ya se han entregado permisos preliminares.