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¿Cómo puede el proyecto WaTER de la UE ayudar a garantizar, no socavar, los derechos humanos en Kenia?

Las implicaciones que el programa de la UE para la protección de depósitos de agua y de mitigación y adaptación al cambio climático (proyecto WaTER) pueda tener para los derechos humanos generan una preocupación creciente dentro de la sociedad civil local, nacional e internacional. Dicho proyecto de 31 millones de euros, se centra en un área de Kenia con un historial de problemas de derechos humanos enormemente preocupantes.

Diálogo del Forest Peoples Programme sobre el monitoreo, reporte y verificación basados en la comunidad

Entre el 16 y el 19 de noviembre de 2015 el FPP organizó, en colaboración con sus socios locales que trabajan a lo largo de toda la región de África, una reunión en Yaundé, Camerún, para tratar el tema del monitoreo, reporte y verificación (MRV). El objetivo de esta reunión fue desarrollar un enfoque común para el monitoreo basado en la comunidad y establecer indicadores y herramientas apropiados para el MRV que el FPP y sus socios puedan integrar en todas sus iniciativas sobre el terreno para garantizar los derechos de las comunidades de los bosques.

Una presa de Inga en la RDC provocará el reasentamiento de hasta 20 000 personas

En marzo de 2014 el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial dio su aprobación final para una subvención de 73 millones de dólares americanos destinada a la construcción de la presa de Inga 3 en el río Congo, en la provincia de Bas-Congo de la República Democrática del Congo. La presa de Inga 3 representa la primera fase de un enorme programa para crear la red hidroeléctrica más grande y potente del mundo, que superaría incluso a la represa de las Tres Gargantas en China. Compuesta por una pared y seis centrales hidroeléctricas, su construcción dará lugar a la inundación del Valle de Bundi, convirtiéndolo en un lago gigante paralelo al río Congo. 

La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

Experiencias de los pueblos indígenas de África con las políticas de salvaguardia - Ejemplos de Camerún y la cuenca del Congo

Samuel Nnah Ndobe

La noción de «pueblo indígena» ha sido muy controvertida en África. Hay quienes consideran que todos los africanos son pueblos indígenas liberados de los poderes coloniales, mientras que otros simplemente hacen hincapié en que es muy difícil determinar quién es indígena en África. El establecimiento en 2001 de un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones/Comunidades Indígenas por parte de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y el informe presentado por dicho grupo ante la CADHP y adoptado por ésta en 2003, han dado una nueva perspectiva a este problema. En ese informe se aceptaba unánimemente por primera vez la existencia de pueblos indígenas en África, y eso generó debates sobre cómo los diferentes países del continente podrían empezar a integrar los derechos de estos pueblos en la corriente predominante de los derechos humanos. Los pueblos indígenas del centro de África incluyen el pueblo comúnmente llamado Pigmeo, que se dedica principalmente a la caza y la recolección, y una serie de pueblos que se dedican al pastoreo. Estos pueblos aún sufren discriminación y desprecio como consecuencia del despojo de su tierra y la destrucción de sus medios de vida, sus culturas e identidades, la pobreza extrema, la falta de acceso y participación en la toma de decisiones políticas , y la falta de acceso a las instalaciones educativas y sanitarias.

Normas voluntarias del sector privado

La indignación pública ante los expolios de negocios mal regulados ha conducido a un creciente reconocimiento de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y de que se necesitan  regulaciones más estrictas para mejorar la forma en que se fabrican los productos y asegurar que el medio ambiente y los derechos de los pueblos son respetados y protegidos.

El Banco Africano de Desarrollo va a introducir normas sobre pueblos indígenas por primera vez

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) está a punto de completar  su nuevo conjunto de políticas de salvaguardia ambiental y social. Actualmente el BAfD es el único banco multilateral de desarrollo sin una política de salvaguardia independiente sobre los pueblos indígenas, y no cabe esperar que las nuevas salvaguardias ambientales y sociales vayan a cambiarlo, a pesar de la fuerte presión de organizaciones de pueblos indígenas de África y de la jurisprudencia y las normas relacionadas con los derechos indígenas que existen en el sistema africano.

El bosque de Ngoyla-Mintom en Camerún: la perspectiva de los Baka

Ngoyla-Mintom es una región montañosa forestal que debe su nombre a dos distritos en sendas regiones de Camerún: Ngoyla en la Región Este y Mintom en la Región Sur. Este bosque tropical se ha hecho famoso por ser el objetivo de diversos actores, incluidos el Gobierno de Camerún, las empresas privadas y la comunidad internacional, para varios fines diferentes. En los últimos meses Ngoyla-Mintom se ha ganado la reputación de ser un bloque forestal sin explotar previamente, que despertó rápidamente el interés del Ministerio de Bosques de Camerún, interesado en vender partes del bosque en subasta a empresas madereras privadas.

De concesiones madereras a concesiones de carbono: ¿Qué diferencia hay para las comunidades de la República Democrática del Congo?

En 2011 la empresa privada canadiense Ecosystem Restoration Associates (ERA) y el Gobierno de la RDC firmaron un contrato de gestión de lo que había sido una concesión de explotación forestal de casi 300 000 hectáreas que linda con la parte occidental del lago Mai Ndombe en la provincia de Bandundu[1].  La finalidad de este acuerdo era preparar la concesión para vender carbono en el mercado internacional.  Hasta un 50% de esta concesión se solapa con las tierras consuetudinarias de comunidades indígenas y locales. En la actualidad, ERA está asociada con Wildlife Works, una gran empresa de desarrollo y manejo de proyectos de REDD+.

La reunión de las comunidades sobre la palma de aceite en Liberia conduce a una firme declaración sobre la ampliación de las plantaciones de palma de aceite en el país

Representantes de comunidades de toda Liberia se reunieron en Bopolu City, en el condado de Gbarpolu, del 27 al 29 de noviembre para evaluar los impactos de la ampliación de las concesiones para plantaciones de palma de aceite que se está produciendo en Liberia en tierras que ya utilizan y poseen (de manera consuetudinaria  o de otra forma) las comunidades. Más de 150 delegados de las comunidades procedentes de los condados de Grand Cape Mount, Bomi, Gbarpolu y Sinoe participaron en la reunión, coorganizada por el Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI por sus siglas en inglés), la Fundación Save My Future (SAMFU por sus siglas en inglés) y la organización Empresarios Sociales para el Desarrollo Sostenible (SESDev por sus siglas en inglés).

República Democrática del Congo: talleres jurídicos en Bukavu, Boma y Kinshasa, por una mejor protección de los derechos de las comunidades de los bosques

En julio y agosto de 2012 tres organizaciones de la sociedad civil de la República Democrática del Congo (RDC), Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV) y Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN), organizaron una serie de talleres jurídicos en colaboración con el Forest Peoples Programme y con ayuda financiera de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA). La finalidad principal de los talleres era reforzar la capacidad jurídica de estas organizaciones y promover una mejor comprensión de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tierra y los recursos naturales, así como una mejor comprensión de los mecanismos disponibles para reivindicar y defender los derechos de las comunidades en el proceso de REDD+ en la RDC.

La República Democrática del Congo confirma su compromiso con el consentimiento libre, previo e informado

Diálogo sobre el terreno en torno al CLPI y la REDD en el seno del foro TFD en la República Democrática del Congo, 21 – 25 de mayo de 2012

El Forest Peoples Programme (FPP) y sus socios Action pour le Developpement, l’Environnement et la Vie (ADEV) y el Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) de la República Democrática del Congo (RDC) fueron los anfitriones de un diálogo sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) celebrado en el seno del foro The Forest Dialogue (El diálogo sobre los bosques o TFD) en Kinshasa, RDC, el pasado mes de mayo. Esta reunión fue la segunda de una serie de diálogos sobre el terreno que se ha planificado con la finalidad principal de explorar cómo los organismos gubernamentales, las empresas comerciales y las organizaciones no gubernamentales deberían respetar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado, a través de sus organizaciones representativas libremente elegidas, para actividades que puedan afectar a sus derechos.

Grupos de la sociedad civil de la RDC suspenden su participación en el Proceso Nacional de Coordinación de la REDD

A finales de junio varias organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un seguimiento de las políticas de REDD+ en la República Democrática del Congo (RDC) enviaron cartas abiertas al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y al Ministro de Medio Ambiente de la RDC, expresando una gran preocupación por la falta de participación efectiva del público y las comunidades en la formulación de la política nacional de REDD+ (véanse los enlaces al final de este artículo). El “Groupe de Travail Climat REDD” o GTCR (Grupo de Trabajo sobre el Clima y el programa REDD), que escribió las cartas y está compuesto por una amplia gama de ONG de medio ambiente y de desarrollo nacionales y locales en la RDC, está insistiendo en que se reorganicen las estructuras de gobernanza de la REDD en dicho país, para asegurar tanto la descentralización como una participación significativa de la sociedad civil y los pueblos de los bosques en la formulación de las políticas forestal y climática a todos los niveles.