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Las organizaciones indígenas se oponen a la expansión de Camisea al tiempo que Perú pospone la decisión de crear una nueva concesión

El 2 de noviembre de 2012 cuatro organizaciones indígenas peruanas hicieron pública una declaración en la que se oponían a los planes recientemente aprobados de expandir las operaciones en los campos de gas de Camisea[1] del sudeste del país, que amenazarían la «supervivencia física y cultural» de los pueblos indígenas en «aislamiento voluntario» y en contacto inicial. Esta expansión está prevista dentro de la reserva para pueblos aislados Kugapakori-Nahua-Nanti, que se supone que está fuera de los límites permitidos a las industrias extractivas. No obstante, hace unos meses el Ministerio de Energía y Minas peruano aprobó una evaluación del impacto ambiental (EIA) para la primera fase de expansión, pese a ser cuestionado por INDEPA, el departamento de asuntos indígenas del Gobierno peruano, y por organizaciones indígenas.

Aplicación de la Declaración de Bali: el taller de Phnom Penh sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios en el sudeste de Asia

Del 9 al 11 de octubre de 2012, el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los pueblos de los Bosques) y Sawit Watch, con el apoyo de la ONG camboyana Community Legal Education Center (CLEC), organizaron conjuntamente un taller, «Aplicación de la Declaración de Bali: el taller de Phnom Penh sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios», como evento de seguimiento del taller de Bali sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios de 2011. En el taller, que tuvo como anfitriona a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM), participaron comisionados nacionales de derechos humanos de Tailandia, Malasia, Filipinas, Myanmar, Corea del Sur y Timor Oriental, el representante de Indonesia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de ASEAN[1] (AICHR), las ONG implicadas del sudeste de Asia y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas.

Artículo de un autor invitado de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) de Guatemala: Los conflictos por la tierra y la lucha por los derechos en Guatemala

Al igual que muchos otros países de Latinoamérica, Guatemala sufre una desigual distribución de tierra «bimodal». Más de la mitad de la tierra de este país está cubierta por plantaciones privadas propiedad de familias e individuos, o por empresas dedicadas a la minería, la explotación forestal, los agronegocios y las plantaciones. En cambio, los minifundios suponen una quinta parte de la superficie de tierra y están ocupados por campesinos y pequeños agricultores que suman el 80% de la población. Los pueblos indígenas son los propietarios consuetudinarios de la tierra en todo el país, pero en muchos casos no poseen una demarcación legal ni títulos de propiedad de estos territorios ancestrales. Pese a las promesas de reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y los campesinos, reflejadas en los Acuerdos de Paz de 1996 y en propuestas estancadas de reformas agrarias, poco se ha hecho para garantizar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales.[i]

Las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica no están dispuestas a aceptar el término «pueblos indígenas»

Un resultado decepcionante para los pueblos indígenas en la XI reunión de la Conferencia de las Partes (COP 11) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrada en Hyderabad, India, del 8 al 19 de octubre de 2012: las Partes no lograron adoptar una decisión para actualizar la terminología del CDB «comunidades indígenas y locales» a «pueblos indígenas y comunidades locales», debido a la resistencia de algunas de las Partes.

El pueblo indígena de los Batwa recibe formación sobre cuestiones de género

Un taller sobre cuestiones de género fue organizado en Kisoro, en el sudoeste de Uganda, entre el 19 y el 21 de noviembre de 2012, con el objetivo de iniciar al pueblo indígena en los aspectos generales sobre el género.  El taller concluyó con éxito.

El taller estaba organizado por la United Organisation for Batwa Development in Uganda o UOBDU (Organización Unida para el Desarrollo de los Batwa) y el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los pueblos de los Bosques), y en él participaron cincuenta hombres y mujeres Batwa de los distritos de Kanungu, Mbarara, Kabale y Kisoro. También asistieron al taller jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 20 años. 

Los pueblos indígenas instan al Banco Africano de Desarrollo para que elabore una política específica para la protección de sus derechos

En 2010 el Banco Africano de Desarrollo se comprometió a elaborar nuevas “normas de salvaguardia”. Se trata de políticas cuya finalidad es dotar al Banco y a sus prestatarios de un marco para evaluar y mitigar los riesgos sociales y ambientales. De este modo, el Banco sigue el ejemplo de otros bancos de desarrollo multilaterales regionales (asiáticos, europeos e interamericanos) y del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. 

Informes y presentaciones recientes

1. Destrucción al amanecer: Los derechos de los pueblos indígenas en la República de Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Un informe detallado sobre el desarrollo del proyecto de energía hidroeléctrica Arun III y las amenazas que este proyecto y otros similares suponen para el compromiso del gobierno nepalí de proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas (LAHURNIP, NGO-FONIN y FPP). 

La reunión de las comunidades sobre la palma de aceite en Liberia conduce a una firme declaración sobre la ampliación de las plantaciones de palma de aceite en el país

Representantes de comunidades de toda Liberia se reunieron en Bopolu City, en el condado de Gbarpolu, del 27 al 29 de noviembre para evaluar los impactos de la ampliación de las concesiones para plantaciones de palma de aceite que se está produciendo en Liberia en tierras que ya utilizan y poseen (de manera consuetudinaria  o de otra forma) las comunidades. Más de 150 delegados de las comunidades procedentes de los condados de Grand Cape Mount, Bomi, Gbarpolu y Sinoe participaron en la reunión, coorganizada por el Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI por sus siglas en inglés), la Fundación Save My Future (SAMFU por sus siglas en inglés) y la organización Empresarios Sociales para el Desarrollo Sostenible (SESDev por sus siglas en inglés).

Carretera Amazónica entre Perú y Brasil rechazada por organizaciones de los pueblos indígenas en Perú

Un grupo de organizaciones indígenas y ONGs locales en la región de Ucayali en Perú rechazaron los planes del gobierno peruano a construir un vial entre Perú y Brasil. Las organizaciones indican que el vial causará impactos irreversibles y profundos sobre un área que incluye los territorios de pueblos indígenas que aun falta reconocimiento legal, la reserva Isconahua para pueblos en aislamiento y el Sierra del Divisor, un área natural protegida. A pesar de eso, las organizaciones indican que el Gobierno peruano no ha cumplido con sus propios leyes que requieren la consulta previa con los pueblos afectados y ha violado sus obligaciones de respetar los derechos indígenas bajo tratados internacionales ratificados por el país. El grupo exige que el Gobierno Peruano declara que el proyecto sea inviable. 

Los Yanomami venezolanos en conflicto con mineros ilegales

En agosto estalló la noticia de una supuesta masacre del pueblo Yanomami en el remoto río de Alto Ocamo. La noticia se había filtrado río abajo hasta las estaciones misioneras establecidas entre los Yanomami en las praderas de Parima más al sur, tras lo que fue difundida por la organización Yanomami denominada Horonami y otras organizaciones indígenas del estado venezolano de Amazonas. El problema de las incursiones ilegales de mineros brasileños en el territorio de los Yanomami venezolanos se ha estado produciendo esporádicamente desde mediados de la década de los 60 y ha provocado varias epidemias y estallidos de violencia.[1] En 1993 una masacre en la comunidad de Haximu condujo a investigaciones internacionales y a la condena de varios mineros en los tribunales brasileños. Saltó la alarma de que algo parecido acababa de ocurrir en el Alto Ocamo.

Defensores de los pueblos indígenas en la COP 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en India

Esta semana pueblos indígenas de todo el mundo se han unido a líderes de gobiernos internacionales en la 11.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 11) en Hyderabad, India. Durante esta importante conferencia se mantendrán negociaciones cruciales relacionadas con los pueblos indígenas, los cuales están reivindicando la protección de sus tierras tradicionales y llamando la atención sobre las dimensiones sociales y culturales de la conservación y el respeto de sus derechos.  Al mismo tiempo, las Partes en el Convenio evalúan el progreso y eficacia de la labor del CDB hasta la fecha y conciben nuevos planes y soluciones para la crisis mundial de la diversidad biológica.

El consentimiento libre, previo e informado y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible: ¿las empresas están cumpliendo sus promesas?

El derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) según se estipula en los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) establece cómo se pueden desarrollar acuerdos equitativos entre comunidades locales y empresas (o gobiernos) de manera tal que aseguren el respeto de los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y otros titulares locales de derechos[1]. De marzo a octubre de 2012, coincidiendo expresamente con el examen de los principios y criterios de la RSPO[2], el Forest Peoples Programme y sus socios locales[3] están realizando una serie de estudios independientes de plantaciones de palma de aceite a lo largo de África y el sudeste de Asia. La finalidad de estos estudios es proporcionar información de campo detallada acerca de cómo las empresas de aceite de palma están respetando adecuadamente los derechos a la tierra y al CLPI y sí lo están haciendo, exponer cualquier conducta incorrecta de éstas y presentar argumentos a favor del fortalecimiento de los procedimientos y normas de la RSPO según sea necesario.

El Forest Peoples Programme y socios tailandeses y keniatas informan sobre el 5.o Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN

Con la generosa asistencia de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI por sus siglas en inglés) y la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la UICN, el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) ayudó a socios tailandeses y keniatas a asistir al 5.o Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (WCC5), celebrado del 6 al 15 de septiembre en Jeju, Corea del Sur. Fred Kibelio Ngeywo (Proyecto de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Chepkitale [CIPDP] y miembro de la comunidad Ogiek del Monte Elgon, Kenia), Udom Charoenniyomphrai (Asociación para la Educación y la Cultura de los Pueblos de Montaña en Tailandia [IMPECT]), Kittisak Rattanakrajangsri (Fundación de Pueblos Indígenas para la Educación y el Medio Ambiente en Tailandia) y Michael Kipkeu (Servicio de Fauna y Flora Silvestres de Kenia) apoyaron mociones clave (véanse los informes de abajo) y presentaron el Mecanismo de Whakatane, que tiene como finalidad «abordar y corregir los efectos de las injusticias históricas y actuales cometidas contra los pueblos indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza y los recursos naturales»[1]. El equipo del FPP también asistió a talleres clave sobre los sitios del Patrimonio Mundial y a un gran número de eventos paralelos.

Se celebra la primera reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima

La Junta del Fondo Verde para el Clima, el órgano creado por conducto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el fin de proporcionar fondos para el clima, se ha reunido por primera vez. Los pueblos indígenas cuestionaron las reglas de participación y pidieron el reconocimiento de sus derechos.

República Democrática del Congo: talleres jurídicos en Bukavu, Boma y Kinshasa, por una mejor protección de los derechos de las comunidades de los bosques

En julio y agosto de 2012 tres organizaciones de la sociedad civil de la República Democrática del Congo (RDC), Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV) y Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN), organizaron una serie de talleres jurídicos en colaboración con el Forest Peoples Programme y con ayuda financiera de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA). La finalidad principal de los talleres era reforzar la capacidad jurídica de estas organizaciones y promover una mejor comprensión de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tierra y los recursos naturales, así como una mejor comprensión de los mecanismos disponibles para reivindicar y defender los derechos de las comunidades en el proceso de REDD+ en la RDC.

La Convención del Patrimonio Mundial y los pueblos indígenas

Las experiencias de los pueblos indígenas con la inscripción de sus tierras y recursos en la Lista del Patrimonio Mundial, en virtud de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, han sido muy variadas. En algunos casos la Convención ha sido un instrumento que los pueblos indígenas han utilizado para proteger sus tierras, como es el caso del pueblo Mirarr de Kakadu, Australia, el cual se sirvió de la Convención del Patrimonio Mundial para detener la explotación minera del uranio en sus tierras. Sin embargo, con demasiada frecuencia los procesos de la Convención del Patrimonio Mundial y del Comité que supervisa su aplicación se alejan mucho de las realidades de los pueblos indígenas que viven en las tierras afectadas. Debido a que los pueblos indígenas no intervienen ni participan efectivamente en la inscripción, y debido a la falta de procedimientos pormenorizados de consulta y consentimiento, con demasiada frecuencia dicha inscripción acaba violando los derechos de los pueblos indígenas, tal y como están recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI).

El Pacto de Pueblos Indígenas de Asia adopta una firme política de género para trabajar en cuestiones indígenas

Durante la 4.a Asamblea General de miembros, el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP por sus siglas en inglés) ha adoptado una firme política que determina cómo la organización apoyará y fomentará las cuestiones de género en todos sus programas de trabajo. Esta política también aborda procesos internos relacionados con cuestiones de género y posibles motivos de preocupación. La política se aplicará junto con el recién adoptado plan estratégico para los derechos de las mujeres y constituye un fuerte y coherente compromiso en la promoción de los intereses y los derechos de las mujeres indígenas.