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El consentimiento libre, previo e informado y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible: ¿las empresas están cumpliendo sus promesas?

El derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) según se estipula en los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) establece cómo se pueden desarrollar acuerdos equitativos entre comunidades locales y empresas (o gobiernos) de manera tal que aseguren el respeto de los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y otros titulares locales de derechos[1]. De marzo a octubre de 2012, coincidiendo expresamente con el examen de los principios y criterios de la RSPO[2], el Forest Peoples Programme y sus socios locales[3] están realizando una serie de estudios independientes de plantaciones de palma de aceite a lo largo de África y el sudeste de Asia. La finalidad de estos estudios es proporcionar información de campo detallada acerca de cómo las empresas de aceite de palma están respetando adecuadamente los derechos a la tierra y al CLPI y sí lo están haciendo, exponer cualquier conducta incorrecta de éstas y presentar argumentos a favor del fortalecimiento de los procedimientos y normas de la RSPO según sea necesario.

¿Cómo obligar al sector del aceite de palma a rendir cuentas?

Las plantaciones de palma de aceite continúan expandiéndose rápidamente por todo el mundo. El país que encabeza esta tendencia, Indonesia, ha dejado atrás a Malasia y se ha convertido en el mayor productor. Según los últimos datos que ha proporcionado la ONG indonesia SawitWatch que vigila a este sector, actualmente las plantaciones de palma de aceite de Indonesia cubren 11 millones de hectáreas, mientras que hace tan solo cinco años cubrían 6 millones. Las nuevas plantaciones se están dispersando por islas más pequeñas del archipiélago y por las zonas menos desarrolladas del este de Indonesia. Las esperanzas de que una promesa presidencial de una moratoria de 2 años sobre la tala de bosques frenaría la expansión de este cultivo (parte de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) también se han evaporado ya que el Gobierno ha excluido de la moratoria zonas donde ya se han entregado permisos preliminares.