El Gobierno de Perú no enfrenta la violencia ni la destrucción de los bosques en la Amazonía peruana

El Gobierno de Perú no enfrenta la violencia ni la destrucción de los bosques en la Amazonía peruana

En abril de 2014, en un trágico presentimiento de lo que estaba por suceder, los líderes de Saweto, una comunidad Asháninka de la Amazonía peruana, solicitaron al Gobierno peruano medidas urgentes para “prevenir cualquier atentado contra nuestras vidas”. Esta amenaza fue hecha por madereros “en represalia” por los esfuerzos hechos por la comunidad desde hace mucho tiempo para documentar y denunciar la tala ilegal en su territorio.

En septiembre de 2014 Edwin Chota, dirigente de Saweto, fue asesinado junto con Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo. Estos hombres habían pasado más de una década luchando por conseguir un título de propiedad para Saweto, y proteger a la comunidad contra la tala ilegal, denunciando continuamente que el Gobierno seguía sin hacerle frente. “A la fecha (abril 2014) no se percibe resultados concretos de lucha contra la tala ilegal (...) (que) se ha intensificado en las cabeceras de la quebrada cañanya (...) y en el rio alto Tamaya”.  El Sr. Chota en concreto había sido blanco frecuente de amenazas de muerte por parte de madereros, pero sus repetidas solicitudes de protección nunca fueron atendidas. Se sospecha que la mafia local de la explotación forestal llevó a cabo los asesinatos.

Aunque la legislación peruana exige que el Gobierno legalmente reconozca, demarque y titule las tierras tradicionales de los pueblos indígenas y que lo haga antes de permitir la extracción de recursos, las tierras de Saweto siguen sin título de propiedad. Esta situación sigue así a pesar de las solicitudes oficiales realizadas por dicha comunidad desde 2002. Como consecuencia, sus esfuerzos para proteger y controlar sus tierras tradicionales han sido debilitados, como explicaba el Sr. Chota. “Mientras que no tengamos título, los madereros no respetarán la propiedad nativa (...)  nos amenazan. Nos intimidan. Tienen las armas”. Para agravar aún más el problema, en 2001 se superpusieron estas concesiones forestales por toda la zona. Aunque actualmente estas concesiones no están en funcionamiento, sí son lugares en los cuales se lleva a cabo la explotación maderera ilegal desenfrenada,  y su existencia ha sido utilizada por el Gobierno Regional de Ucayali como pretexto para bloquear la solicitud de un título de propiedad por parte de Saweto.

Lamentablemente Saweto no es caso aislado. AIDESEP, la principal organización nacional de pueblos indígenas amazónicos de Perú, calcula que aproximadamente 20 millones de hectáreas de tierras tradicionales de pueblos indígenas siguen sin ser reconocidas legalmente, lo que incluye a 594 comunidades indígenas sin título de propiedad. No obstante, incluso si se concede un título de propiedad a las comunidades, las lagunas jurídicas permiten que el Gobierno conserve el control de los recursos forestales y mineros, lo cual restringe la capacidad de los pueblos indígenas para proteger sus propios bosques y gestionar sus recursos comunales.

Mientras tanto, a pesar de que el Gobierno ha prometido hacer frente a la tala ilegal, investigaciones independientes indican que aproximadamente el 80 % de la madera exportada de la Amazonía peruana se extrae ilegalmente . Los informes oficiales muestran cómo más de la mitad de las concesiones madereras investigadas están extrayendo madera fuera de su concesión . Eso refleja una práctica estándar en la Amazonía peruana, donde la madera se extrae ilegalmente de los territorios indígenas y las zonas protegidas, pero luego se blanquea a través de concesiones madereras establecidas legalmente, las cuales proporcionan toda la documentación necesaria.

El propio Sr. Chota denunció en repetidas ocasiones estas deficiencias. El puesto de control forestal más cercano a Saweto estaba a varios días de camino río abajo, lo que permitía a los madereros transportar sus troncos flotando durante la temporada de lluvias y declarar que la madera talada ilegalmente en territorio Asháninka había sido extraída de una concesión cercana. “Bienvenido a la tierra sin ley”, dijo Edwin Chota en abril de 2014. “Desde ese puesto de inspección hasta aquí no hay ley. La única ley es la ley de la pistola”.

En un estudio que AIDESEP y el Forest Peoples Programme van a publicar próximamente se identifican las verdaderas causas subyacentes de la deforestación en Perú. El estudio muestra que el fracaso del Gobierno a la hora de asegurar el reconocimiento legal de los territorios indígenas y apoyar los esfuerzos de las comunidades para proteger sus bosques está  de hecho intensificando su destrucción. El informe también muestra cómo esta destrucción (casi 250 000 hectáreas en 2012 ) ha sido impulsada históricamente por programas del Gobierno para construir carreteras y fomentar la colonización de la selva, así como por el otorgamiento de concesiones a empresas del sector del petróleo y el sector del gas, que cubren más del 80 % de la Amazonía . Además, una combinación de lagunas jurídicas, controles ambientales insuficientes y corrupción es la causa indirecta de los fracasos recientes del Gobierno a la hora de impedir que se talen miles de hectáreas de bosque primario para plantaciones de palma de aceite y operaciones de extracción de oro ilegales. Eso agrava el problema de la tala ilegal, que sigue siendo desenfrenada.

En 2008 Perú hizo la ambiciosa promesa de reducir su deforestación neta a cero para el año 2020, pero estas tendencias hacen que esa promesa parezca cada vez más difícil de cumplir; más aún cuando se combina con los planes del Perú para para construir más de 70 megaempresas en la Amazonía.

En julio de 2014 el Congreso peruano impulsó una nueva ley para la promoción de la inversión (Ley 30230) que debilita aún más el ya frágil reglamento medioambiental de Perú reduciendo las multas por contaminación ambiental y reduciendo el tiempo asignado al examen de las evaluaciones del impacto ambiental. Un hecho crucial es que elimina el poder de las autoridades ambientales para establecer normas aplicables a los niveles de contaminación. Y lo que es peor, esta misma ley establece procedimientos especiales que podrían permitir al Gobierno extinguir los derechos territoriales de los pueblos indígenas en los lugares donde se planifiquen proyectos de desarrollo a gran escala. Esta ley ha sido rechazada por organizaciones de pueblos indígenas para las que representa “el mejor ejemplo de la ilegalidad e ilegitimidad en la que viene incurriendo el Gobierno de Ollanta Humala” .

En vísperas de su presidencia de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se va a celebrar en Lima (COP 20 de diciembre de 2014), el Gobierno no ha perdido tiempo en anunciar su compromiso de proteger los bosques y respetar los derechos de los pueblos indígenas.  Este compromiso incluye un programa de 300 millones de dólares estadounidenses financiado por los Gobiernos de Noruega y Alemania.   En vista de los trágicos eventos de Saweto y el reciente paquete de medidas jurídicas, resulta necesario poner en duda este compromiso.

Lecturas adicionales

‘En represalia, las amenazas de muerte y denuncias sin fundamentos hacia mi persona y comuneros de la comunidad son con mayor  fuerza, por lo que pido la prevención de cualquier atentado contra la vida’. Carta CCNN Alto Tamaya a Director Ejecutivo Forestal y de fauna Silvestre Ucayali (23 Abril 2014).

‘que a la fecha (abril 2014) no se percibe resultados concretos de lucha contra la tala ilegal….que ha intensificado en las cabeceras de la quebrada cañanya…y en el rio alto Tamaya’ Ibid: 2014

EIA 2012, http://eia-global.org/the-laundering-machine/table-of-contents/6.-hundr…

Finer at al 2014, http://www.nature.com/srep/2014/140417/srep04719/pdf/srep04719.pdf

http://ngm.nationalgeographic.com/2013/04/mahogany/wallace-text

http://es.mongabay.com/news/2013/0814-deforestacion-en-paises-amazonico…

http://news.mongabay.com/2014/0924-gfrn-hance-peru-un-summit.html

RAISG 2012, Amazon Under Pressure

Statement of unity - Pact of indigenous organisations of Peru, 7th September 2014. ‘Es el mejor ejemplo de la ilegalidad e ilegitimidad en la que viene incurriendo el gobierno de Ollanta Humala’. http://servindi.org/actualidad/112771