Estimados amigos:
El reto del cambio climático ha dado nuevas fuerzas, y nuevos fondos, a la formulación de políticas forestales. Desde que los signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordaron que era necesario reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD), los pueblos indígenas y las ONG que les apoyan han estado solicitando persistentemente que se protejan los derechos de los pueblos de los bosques como parte de esta iniciativa. Los textos acordados en Cancún aceptan que la REDD debe respetar los derechos humanos y asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que los proveedores de fondos deben «salvaguardar» estos principios y asegurarse de que los países cumplen sus obligaciones internacionales. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es un nuevo proveedor de fondos para planes de REDD, ha sido persuadido para que dedique más tiempo a formular sus nuevas políticas de salvaguardia con el fin de asegurarse de que son coherentes con estas obligaciones.
La mayoría de los artículos de este boletín se centran en la batalla para poner en práctica estos compromisos. En los departamentos de Madre de Dios y San Martín de Perú están proliferando planes voluntarios de REDD sin que se tengan adecuadamente en cuenta estos derechos. Los pueblos indígenas insisten en que sus derechos sobre sus bosques deben quedar asegurados antes de que se asignen zonas a planes de conservación, ya que de lo contrario se verán excluidos. El artículo de una autora invitada de la Nación Nishnawbe Aski expone las inquietudes que les genera un reto similar en Canadá. En Camerún, un estudio realizado por el FPP y sus socios muestra que se han diseñado áreas protegidas vinculadas a fondos para la REDD sin llevar a cabo un proceso adecuado de consulta. Aunque tanto el Banco Mundial como el WWF protestan que es demasiado pronto para hacer esta acusación, nosotros sostenemos que la ley internacional exige la participación y el consentimiento previos de los titulares de los derechos. De hecho el Relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha dicho que las «estrategias para un desarrollo basado en un bajo nivel de emisiones de carbono», como los programas de construcción de presas en Costa Rica, están comprometiendo gravemente los derechos de los pueblos indígenas y están debilitando su derecho a la libre determinación. al evitar seguir un proceso significativo de consulta y realizar estudios adecuados de su impacto. En Perú, gracias a la defensa persistente de estos derechos por organizaciones indígenas, se ha conseguido que el Gobierno y el Banco Mundial se comprometan firmemente a proporcionar fondos adicionales de preparación para resolver conflictos por la tenencia de la tierra.
Desarrollar la capacidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas para tomar parte en estos debates políticos es una parte crucial de esta labor. En la República Democrática del Congo (RDC) estamos trabajando con socios locales en la provincia de Equateur para aumentar la concienciación sobre los derechos y la REDD. En Uganda, la RDC y Ruanda el FFP está ayudando a comunidades Batwa a realizar mapas tridimensionales de sus tierras forestales con el fin de mostrar lo que significan para ellas esos bosques, de los que han sido expulsadas para establecer áreas protegidas. La elaboración participativa de mapas ayuda a unir a las comunidades y demuestra a las generaciones jóvenes el valor y la relevancia de los conocimientos tradicionales de sus ancianos. Actualmente el FPP y sus socios están trabajando con la UICN en el establecimiento de un nuevo enfoque, denominado «Mecanismo Whakatane», para asegurar que los responsables de las áreas protegidas respetan los derechos de los pueblos indígenas. También anunciamos un taller sobre cuestiones de género y la tenencia de la tierra en África que se realizará próximamente en Camerún con la finalidad de analizar la necesidad de que los distintos países revisen sus leyes de tenencia de la tierra para cumplir sus obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos.
Para conseguir que se reconozcan y se protejan efectivamente los derechos de los pueblos de los bosques hace falta movilizarse y defenderlos a todos los niveles, desde el local al más global. Nosotros seguimos adelante con las fuerzas que nos proporciona el vigor de este propósito compartido.
Marcus Colchester, Director