Urge tomar medidas para detener la apropiación de tierras de pueblos indígenas de Indonesia para dedicarlas a megaproyectos

Indonesian palm oil
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Urge tomar medidas para detener la apropiación de tierras de pueblos indígenas de Indonesia para dedicarlas a megaproyectos

«Urge tomar medidas para detener la apropiación de tierras de pueblos indígenas de provincias boscosas como Kalimatan y Papúa en Indonesia para dedicarlas a megaproyectos. La destrucción de bosques y ríos está socavando los medios de vida indígenas locales, y destruyendo tierras ancestrales. Entre 40 y 70 millones de personas que viven en zonas rurales de Indonesia dependen del acceso a tierras y recursos, por ejemplo el agua para beber y para el saneamiento, protegidos por leyes consuetudinarias.

 

El Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques) continúa luchando junto a organizaciones locales por los derechos de los pueblos indígenas y hace un llamamiento al Gobierno de Indonesia para que reconsidere los proyectos. Con este fin ha elaborado la siguiente comunicación para la “Consulta regional de Asia y el Pacífico sobre el impacto de los megaproyectos en los derechos humanos al agua y el saneamiento”.

 

Los pueblos indígenas indonesios y las ONG que los apoyan han presentado reiteradas comunicaciones sobre estos dos proyectos al CERD en ambos casos, y el CERD, además de validar sus preocupaciones, ha hecho un llamamiento al Gobierno indonesio para que respete los derechos de los pueblos indígenas, reforme las leyes en consecuencia y detenga el progreso de los proyectos hasta que los derechos estén salvaguardados. El Gobierno de Indonesia no ha respondido al CERD. Ambos proyectos siguen en marcha. También se han hecho llamamientos a la comisión nacional de derechos humanos, la cual ha resaltado la necesidad de reformas jurídicas para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos. Continuaremos llamando la atención sobre este asunto en los niveles más altos».

Contribución del Forest Peoples Programme1 a la «Consulta regional de Asia y el Pacífico sobre el impacto de los megaproyectos en los derechos humanos al agua y el saneamiento» en Indonesia

 

1.   Entre 40 y 70 millones de personas que viven en zonas rurales de Indonesia acceden a tierras y recursos, por ejemplo el agua para beber y para el saneamiento, gracias a leyes consuetudinarias. A pesar de garantías constitucionales y de que Indonesia ha ratificado las principales convenciones de derechos humanos, los derechos de estos «pueblos indígenas», como se les conoce en el derecho internacional, se ignoran o se diluyen en la ley la ley agraria y forestal básica. Como resultado, la gran mayoría carece de título de propiedad de sus tierras. La mayoría de los territorios consuetudinarios de estos pueblos se solapan con unas 650 concesiones madereras, 10 millones de ha de concesiones de madera para pasta y unos 23 millones de ha de concesiones para los agronegocios. La mayoría de las concesiones han sido entregadas sin reconocer los derechos consuetudinarios ni el consentimiento de las comunidades. Las industrias extractivas, las represas y los proyectos de infraestructura de ámbito nacional suman más violaciones. La Oficina Nacional Agraria ha registrado alrededor de 9600 conflictos por la tierra en todo el país.

 

Si bien todos estos proyectos han sido legitimados a través de programas económicos y planes de ordenación espacial nacionales, con lo cual se ha debilitado el derecho de estos pueblos a protestar, algunos han sido oficialmente descritos como «megaproyectos». Esta presentación destaca dos de ellos: el megaproyecto de palma de aceite de 850 km de largo en la frontera de Kalimantan y la Finca Integrada de Alimentos y Energía de Merauke de 2,3 millones de hectáreas en Papúa, que se solapan con las tierras ancestrales de numerosos pueblos indígenas Dayak y Malind respectivamente. Los datos del Gobierno y muchos estudios independientes confirman los efectos nocivos de estos proyectos en cuanto a la violación de derechos humanos y el detrimento de medios de vida, por ejemplo debido a la reducción del acceso al agua potable. Los agronegocios contaminan los ríos, socavan la limnología, desecan las cuencas hidrográficas y propagan enfermedades. Las protestas contra estos dos megaproyectos son numerosas y este tipo de problemas se ha generalizado en el sudeste de Asia.2

 

2.   La administración actual ha adoptado nuevas políticas y metas para: reconocer los derechos de los pueblos indígenas (un proyecto de ley ante el Congreso, pero lleva casi 10 años sin pasar de proyecto), abordar los conflictos por la tierra, redistribuir 9 millones de ha de tierra mediante reformas agrarias; asignar 12,7 millones de ha de bosques como arriendos de silvicultura social, e imponer una moratoria sobre nuevas concesiones de palma de aceite. Las legislaturas locales han reconocido recientemente alrededor de 1,3 millones de ha de territorios indígenas (wilayah adat). Hay algunos precedentes jurídicos destacados en los que se han reconocido bosques consuetudinarios (24 000 ha) y hasta se han restituido tierras de las comunidades que habían pasado a concesiones de madera para pasta. El Tribunal Constitucional ha respaldado propuestas para que se modifique la Ley de Plantaciones y la Ley Forestal de manera que reconozcan los derechos y los medios de vida consuetudinarios. Pero a pesar de estos importantes avances la promoción de megaproyectos de «interés nacional» continúa.

 

3.   Los pueblos indígenas de Indonesia y las ONG que los apoyan han presentado reiteradas comunicaciones sobre estos dos proyectos al CERD.3,4 En ambos casos, el CERD ha validado las preocupaciones y ha hecho un llamamiento al Gobierno indonesio para que respete los derechos de los pueblos indígenas, reforme las leyes pertinentes con este fin y detenga proyectos de desarrollo hasta que se garanticen sus derechos.5,6 El Gobierno de Indonesia no ha dado una respuesta al CERD. Ambos proyectos siguen en marcha. También se han hecho llamamientos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ha resaltado la necesidad de reformas jurídicas para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos.7 Los precedentes y políticas esbozados arriba revelan la necesidad de tomar medidas urgentes para detener la apropiación de tierras indígenas, la destrucción de sus bosques y ríos y el debilitamiento de sus medios de vida.

 

Forest Peoples Programme, international human rights organisation with UN (ECOSOC) consultative status, www.forestpeoples.org   

https://www.forestpeoples.org/en/node/50282   

http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/08/indonesiacerdjuly07eng.pdf 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf

   http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf

   http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/cerduamifeejuly2013english.pdf

http://www.refworld.org/pdfid/473424062.pdf

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf

   http://www.forestpeoples.org/en/node/4650

https://www.forestpeoples.org/en/node/6096