Pueblos indigenas declaran estado de emergencia ambiental en la Amazonia Peruana

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Miluska Elguera

Pueblos indigenas declaran estado de emergencia ambiental en la Amazonia Peruana

Comunidades indígenas en la frontera agro-industrial declaran estado de emergencia territorial y ambiental frente una oleada de acaparamiento de tierras y deforestación, resultando en violencia y amenazas de muerte.

Comunidades en Bajo Huallaga, en la Amazonía peruana, han declarado una “emergencia ambiental y territorial” el 16 de septiembre de este año, con motivo de graves y reiterados impactos hacia sus recursos naturales, sus territorios y sus poblaciones debido al acaparamiento y deforestación de sus tierras por madereros y empresas de palma aceitera.

La decisión de declarar un estado de emergencia fue tomada en una asamblea general de emergencia por las 16 bases de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM). La reunión tuvo como sede Puerto Mercedes (Distrito de Papaplaya, Provincia de San Martín), una de las comunidades más afectadas por la deforestación y incendios forestales. La comunidad responsabiliza a la empresa de palma aceitera, Palmas de Huallaga, por haber destruido sus bosques con el fin de liberar terreno para el cultivo de la palma aceitera, y sus operaciones llegaría presuntamente hasta los límites con la región de Loreto.

No es solamente la expansión de la palma aceitera que impulsa la deforestación y violación de derechos territoriales en Bajo Huallaga. En Santa Rosillo de Yanayaku (Huimbayoc), madereros ilegales están dañando bosques comunales, vulnerando derechos y acabando con las esperanzas de la comunidad para un desarrollo sostenible. La comunidad de Anak Kurutuyaku informan de la existencia de cocales ilegales pertenecientes a personas desconocidas en sus tierras.

Los comuneros han denunciado estas vulneraciones ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas en Yurimaguas en más de una oportunidad: sin embargo, en el caso de Santa Rosillo, la Fiscalía brilla por su ausencia en tres inspecciones programadas.

Aunque los comuneros han alzado la voz sobre las amenazas territoriales que enfrentan, los que se oponen a estas actividades deben pagar un alto costo: en septiembre de 2018, el apu de Santa Rosillo, Manuel Inuma Alvarado, fue golpeado y amenazado de muerte por oponerse a los madereros ilegales que vienen talando impunemente en el territorio de su comunidad.

“Estos acontecimientos no dejan de dar razón al movimiento indígena sobre la importancia de la titulación colectiva para asegurar los territorios y la pervivencia de los pueblos indígenas,” comentó Elías Sinty, presidente de FEPIKBHSAM.

“Asimismo, la titulación de nuestros territorios es clave para proteger los bosques, ya que somos los mismos pueblos indígenas que venimos habitando y conservando estos territorios desde antes de la creación del Estado peruano.”

La organización indígena regional, el Consejo de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) ha gestionado en conjunto con sus bases la apertura de una mesa técnica para resolver las vulneraciones a los pueblos indígenas, enfocándose en la temática ambiental y territorial, especialmente la necesidad de titular a las tierras indígenas y la implementación de reformas y medidas que brindan reconocimiento legal sobre sus derechos sobre sus bosques.

Las comunidades que componen FEPIKBHSAM llega con la consigna de que el Gobierno peruano reconozca oficialmente la emergencia territorial y ambiental en la que se encuentran. Esto requerería un acuerdo gubernamental transversal para dedicar recursos a la resolución efectiva de los problemas en Bajo Huallaga mediante una serie de medidas durante un periodo determinado. En particular, FEPIKBHSAM vienen reclamando la titulación comunal de todo su territorio ancestral.  

Hasta la fecha, ninguna de las 16 comunidades de FEPIKBHSAM ha sido titulada en reconocimiento de sus derechos de propiedad y posesión sobre sus territorios ancestrales, a pesar de las obligaciones del Estado peruano.

FEPIKBHSAM ha señalado que no dejará de lado visibilizar cómo estas vulneraciones solo pueden ocurrir debido a políticas defectuosas y protecciones legales inadecuadas, que no cumplen con defender sus derechos y abren sus territorios a la tala, los agronegocios, la minería, el tráfico de drogas y proyectos de conservación excluyentes. FEPIKBHSAM destacan cómo la creación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y el Parque Nacional Cordillera Azul, sin consulta previa, constituyen una violación continua de sus derechos como pueblos indígenas, incluido sus derechos a la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado.

Mientras que FEPIKBHSAM permanece vigilante a una respuesta a las demandas territoriales de sus bases mediante la nueva mesa técnica, esperan que el Gobierno aprovechará esta oportunidad de crear políticas respetuosas de los derechos y territorios de los pueblos indígenas para poner fin al estado de emergencia ambiental que enfrentan las comunidades de Bajo Huallaga.