Tierras indígenas amenazadas por la política minera de Venezuela

Tierras indígenas amenazadas por la política minera de Venezuela

Venezuela aparece en las noticias internacionales sobre todo en relación con la crisis económica del país y las medidas cada vez más represivas que toma el presidente de la República, Nicolás Maduro, para aferrarse al poder a pesar de que la oposición obtuvo la mayoría en el Congreso. La otra cara de estas realidades recibe menos atención. En un esfuerzo por impulsar la debilitada economía y obtener el apoyo de los pobres de las zonas rurales empobrecidas, el año pasado el Gobierno anunció nuevas medidas para abrir las puertas a la minería en una enorme extensión del sur del país denominada Arco Minero del Orinoco.

Esa política representa una grave amenaza para los pueblos indígenas del sur del país que han manifestado explícitamente su oposición a la misma desde que fue anunciada. Las organizaciones que representan a las mujeres indígenas, las que representan a los pueblos indígenas del estado de Amazonas y la región de Guayana, y las organizaciones locales de los pueblos indígenas Sanema, Yanomami, Ye’kuana, Pemón, Eñepa, Yabarana, Warekena, Kurripaco, Baniba, Yeral, Hiwi y Wottoja (Piaroa) han denunciado la apertura de sus tierras a la minería en declaraciones públicas. Han contado con el amplio apoyo de organizaciones no gubernamentales, académicos, expertos en medio ambiente y grupos defensores de los derechos humanos, así como de los políticos de la oposición en el Congreso. También se han enviado quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando que la política minera de Venezuela viola las obligaciones de este país con respecto a los derechos humanos en virtud del derecho internacional.

La Constitución de Venezuela y su ley de pueblos indígenas actualmente garantizan los derechos de dichos pueblos, incluidos sus derechos a poseer y controlar sus tierras y territorios (hábitat) y su derecho a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado para operaciones en sus tierras. Sin embargo el Gobierno ha bloqueado repetidas veces el reconocimiento de las reclamaciones territoriales de estos pueblos. Los grupos nacionales de derechos humanos calculan que solo el 12 % de los derechos territoriales indígenas están reconocidos mediante títulos de propiedad.

Todavía no se han hecho públicos los detalles de la aplicación de esta nueva política minera. Sin embargo en la prensa se afirma que ya se han ofrecido concesiones de exploración y minería a 150 empresas mineras internacionales de 35 países, entre ellos China, Canadá, Estados Unidos, Italia y la República Democrática del Congo, para que extraigan oro, diamantes, coltan, hierro y bauxita. Mientras tanto la extensa minería ilegal continúa en muchas partes del país, por ejemplo en los territorios de los pueblos Pemón y Akawaio en el oriente, en los ríos Caroní y Paragua, en los territorios de los pueblos Ye'kuana y Sanema en la parte alta del río Caura y en numerosas zonas indígenas del estado de Amazonas. Se calcula que hay unos 150 000 mineros ilegales trabajando en el sur del país, muchos de ellos provenientes de Colombia y Brasil, respaldados por relaciones colusorias con las fuerzas de seguridad y las guerrillas armadas locales. Estas minas ya están teniendo un impacto devastador en los pueblos indígenas y sus bosques y en ecosistemas más amplios. La contaminación por mercurio es galopante, la malaria transmitida por mosquitos ha aumentado, se han notificado casos de prostitución de mujeres indígenas y se ha amenazado de muerte a dirigentes indígenas que se oponen a los mineros.

Como dijo una mujer indígena en una reunión pública:

“La minería no destruye solo el medio ambiente, también nos destruye a las mujeres y a los pueblos indígenas”.

Irónicamente, la política minera del Gobierno de izquierda no es nueva. A principios de la década de los 70 el partido demócrata cristiano de derecha COPEI anunció una iniciativa similar, denominada la Conquista del Sur (CODESUR), en la que la construcción de carreteras, el desarrollo industrial y los agronegocios en los estados de Apure y Amazonas y la región de Guayana iban a ir encabezados por la minería. Si bien es cierto que algunos proyectos hidroeléctricos de gran envergadura, algunas minas de bauxita y algunas fundiciones de aluminio fueron adelante, el Gobierno de centro que asumió el poder después de las elecciones de 1974 no tardó en revisar la ambición de CODESUR. Se dio prioridad a la protección del medio ambiente, se descartaron por completo las carreteras que atravesaban pluviselvas y los planes aún más descabellados de las constructoras de plantas hidroeléctricas fueron archivados, además de lo cual hasta un 45 % de los dos estados del sur fue clasificado como zona protegida. Para mediados de los 90 toda la minería del estado de Amazonas había sido declarada ilegal. Ahora, con la economía del norte del país dependiendo del petróleo y en ruinas, los políticos están nuevamente poniendo sus esperanzas en explotar los recursos mineros del interior.

Marcus Colchester

Enlaces útiles:

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988800/saving_the_venezuelan_amazon_meganature_reserve_or_megamining_frontier.html

http://venezuelaoriginaria.blogspot.co.uk/2017/02/garimperios-brasilenos-amenazan-de.html#!/2017/02/garimperios-brasilenos-amenazan-de.html

http://www.forestpeoples.org/es/region/south-central-america/venezuela