Sudamérica y Centroamérica

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desempeñó una función catalizadora en el proyecto de gas de Camisea en la Amazonía peruana durante los años 2002 y 2003 a pesar de no tener una política específica para proyectos que afecten a los pueblos indígenas. El Banco adoptó una política de este tipo en 2006, pero al año siguiente hizo caso omiso de una disposición fundamental sobre pueblos que viven en aislamiento al hacer un préstamo de 400 millones de dólares americanos. Mientras tanto, los intentos del Banco para «proteger» una reserva para pueblos indígenas en «aislamiento voluntario» directamente afectada por el proyecto de Camisea han resultado casi enteramente ineficaces, y están siendo socavados aún más por los planes de expandir las operaciones dentro de la Reserva.  No obstante, se requiere que el BID apruebe estos planes, y en efecto podría hacer esto de forma inminente.

A pesar de que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil es un signatario del Protocolo Verde, que vincula los tipos de interés y las condiciones favorables de los préstamos a la adopción de normas sociales y ambientales, y de la iniciativa del Banco de formular una política específica para el sector de la ganadería, su política ambiental sigue siendo muy vaga y carece de transparencia y criterios concretos.

In a public statement the indigenous organisation COIAM, representing all the most active indigenous peoples' organisations in the Venezuelan Amazon, have expressed their opposition to government negotiations with foreign companies to open up their ancestral territories to mining without consultation or sharing of information. There are especially concerned by the advanced plans of a Chinese Corporation named as Citic Group with prospecting camps in a number of strategic locations in the indigenous peoples' heartlands.