Al igual que muchos otros países de Latinoamérica, Guatemala sufre una desigual distribución de tierra «bimodal». Más de la mitad de la tierra de este país está cubierta por plantaciones privadas propiedad de familias e individuos, o por empresas dedicadas a la minería, la explotación forestal, los agronegocios y las plantaciones. En cambio, los minifundios suponen una quinta parte de la superficie de tierra y están ocupados por campesinos y pequeños agricultores que suman el 80% de la población. Los pueblos indígenas son los propietarios consuetudinarios de la tierra en todo el país, pero en muchos casos no poseen una demarcación legal ni títulos de propiedad de estos territorios ancestrales. Pese a las promesas de reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y los campesinos, reflejadas en los Acuerdos de Paz de 1996 y en propuestas estancadas de reformas agrarias, poco se ha hecho para garantizar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales.[i]
