Recursos

La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

E-Boletín FPP Febrero 2012 (PDF Version)

Estimados amigos:

Se podría decir que equilibrar la necesidad que tiene el ser humano de medios de vida decentes con el imperativo de asegurar nuestro medio ambiente es el mayor reto que enfrenta nuestro planeta. Esta lucha entre el «desarrollo» y la «conservación» se está manteniendo en el campo de las negociaciones mundiales de políticas, con las decisiones de los denominados «encargados de la formulación de políticas» impuestas sobre el terreno. Pero no todo va o debería ir de «arriba abajo». También surgen soluciones duraderas en la base, de «abajo arriba».

E-Boletín FPP Febrero 2012 (PDF Version)

Estimados amigos:

Se podría decir que equilibrar la necesidad que tiene el ser humano de medios de vida decentes con el imperativo de asegurar nuestro medio ambiente es el mayor reto que enfrenta nuestro planeta. Esta lucha entre el «desarrollo» y la «conservación» se está manteniendo en el campo de las negociaciones mundiales de políticas, con las decisiones de los denominados «encargados de la formulación de políticas» impuestas sobre el terreno. Pero no todo va o debería ir de «arriba abajo». También surgen soluciones duraderas en la base, de «abajo arriba».

La importancia de fomentar la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) para resolver las disputas territoriales en Indonesia

Resumen de estudios de la resolución alternativa de conflictos en Riau, Sumatra Occidental, Jambi y Sumatra Meridional, Indonesia, Ahmad Zazali, director ejecutivo de Scale Up

Hace ya tiempo que en Indonesia mantienen un acalorado debate sobre la falta de atención a los derechos de acceso público a los recursos forestales en las actuales modalidades de tenencia de los bosques. El papel de las comunidades locales y su acceso a los recursos naturales suele solaparse con los derechos concedidos a empresas del gobierno (estatales) y del sector privado. Hay grandes empresas que a la hora de explotar los recursos forestales han hecho caso omiso de los intereses de las comunidades que viven en los bosques y dependen de ellos para su subsistencia. Esta situación a su vez ha provocado conflictos sociales entre comunidades y dentro de una misma comunidad, entre las comunidades y el gobierno, y entre las comunidades y las empresas.

Los conflictos en torno a los recursos naturales se han hecho cada vez más  frecuentes en Indonesia, desde la reforma y la aplicación de políticas de descentralización. Según informa la Agencia Nacional para la Tierra (BPN por sus siglas en indonesio), entre ella y la policía indonesia han atendido al menos 7491 conflictos relacionados con los recursos naturales. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) registró 359 conflictos relacionados con los bosques entre enero de 1997 y junio de 2003. La mayor frecuencia de conflictos corresponde al año 2000, en que se registraron 153 casos, el 43% del total de casos registrados en esos 6 años. El porcentaje más alto, un 39%, corresponde a conflictos en bosques con plantaciones industriales, un 34% a conflictos en zonas de conservación (incluyendo bosques protegidos y parques nacionales), y un 27% a conflictos en concesiones forestales.

Lecciones aprendidas del campo: REDD+ y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades dependientes de los bosques

En octubre de 2011, el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP) realizó una encuesta entre nuestros socios locales, solicitándoles el señalar con precisión las experiencias clave y las lecciones aprendidas en relación con la REDD+ y los asuntos de los derechos en los últimos tres años.  Algunos de los socios que participaron incluyeron el Centro para el Medio  Ambiente y el Desarrollo (CED por sus siglas en francés) y la Asociación Okani (Camerún), el Círculo para la defensa del medio ambiente CEDEN (por sus siglas en francés) (RDC), y la Fundación para la promoción del conocimiento Indígena (Panamá), la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) (Guyana), la Asociación de líderes de las comunidades Indígenas de Surinam (VIDS por sus siglas en holandés),  la Asociación de Autoridades Saamaka (Surinam), AIDESEP (Perú), la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) (Paraguay) y Scale up, Pusaka y el personal de campo de FPP (Indonesia). También se han generado observaciones y lecciones a partir de diferentes talleres realizados con los socios locales, varios estudios de campo y asuntos discutidos por los representantes indígenas en los diálogos con los diseñadores de las políticas. ) Las observaciones  y lecciones clave se encuentran resumidas a continuación.

El conflicto y la importancia de la reforma de la tenencia de la tierra en Indonesia, Ahmad Zazali (Scale Up)

Scale Up, un socio indonesio del Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques), ha estado supervisando la evolución del conflicto social surgido en las plantaciones de palma de aceite indonesias en los últimos años. Los estudios sobre el conflicto en torno a los recursos naturales en la provincia de Riau que ha realizado este socio a lo largo de los últimos cuatro años ha indicado una tendencia al aumento en la frecuencia y la extensión de las disputas por tierras cada año, con una ligera disminución en 2010. Según el informe anual que Scale Up publicó en 2007, 111 745 hectáreas de tierra en la zona de Riau fueron objeto de reclamaciones conflictivas de recursos naturales, área que ascendió a 200 586 hectáreas en 2008 y a 345 619 en 2009. En 2010 el área de tierra disputada disminuyó ligeramente en comparación con la de 2009 a 342 571 hectáreas. La causa principal es el hecho de que un gran número de áreas disputadas y conflictos consiguientes en ese año no fueron identificados o documentados.

Protección del consentimiento libre, previo e informado en Indonesia

En estrecha colaboración con socios de Indonesia, el Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques) ayudó a convocar una reunión global de The Forests Dialogue (El Diálogo de los Bosques) dedicada a asegurar que el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sea respetado en Indonesia. El encuentro se desarrolló a lo largo de cuatro días del mes de octubre de 2010 en la provincia de Riau de la isla de Sumatra, Indonesia, con más de 80 participantes de variada procedencia, entre ellos pueblos indígenas, representantes de comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras internacionales, organismos gubernamentales y el sector privado. Esta reunión fue la primera de una serie de diálogos sobre el terreno que se ha planificado con la finalidad principal de explorar cómo los organismos gubernamentales, las empresas comerciales y las organizaciones no gubernamentales deberían respetar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado, a través de sus organizaciones representativas libremente elegidas, para actividades que puedan afectar a sus derechos.