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Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

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La creciente demanda mundial de aceite de palma está avivando la expansión a gran escala de plantaciones de palma de aceite por todo el sudeste de Asia y por África. La preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la conversión de vastas extensiones de tierra en plantaciones de monocultivo condujo al establecimiento en 2004 de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la cual fomenta la expansión de la palma de aceite de maneras que no destruyan altos valores de conservación ni causen conflictos sociales. Numerosas agencias internacionales también han pedido reformas de los marcos nacionales para asegurar los derechos de las comunidades y establecer una gobernanza de la tierra buena y responsable.

La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

El consentimiento libre, previo e informado y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible: ¿las empresas están cumpliendo sus promesas?

El derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) según se estipula en los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) establece cómo se pueden desarrollar acuerdos equitativos entre comunidades locales y empresas (o gobiernos) de manera tal que aseguren el respeto de los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y otros titulares locales de derechos[1]. De marzo a octubre de 2012, coincidiendo expresamente con el examen de los principios y criterios de la RSPO[2], el Forest Peoples Programme y sus socios locales[3] están realizando una serie de estudios independientes de plantaciones de palma de aceite a lo largo de África y el sudeste de Asia. La finalidad de estos estudios es proporcionar información de campo detallada acerca de cómo las empresas de aceite de palma están respetando adecuadamente los derechos a la tierra y al CLPI y sí lo están haciendo, exponer cualquier conducta incorrecta de éstas y presentar argumentos a favor del fortalecimiento de los procedimientos y normas de la RSPO según sea necesario.

¿Cómo obligar al sector del aceite de palma a rendir cuentas?

Las plantaciones de palma de aceite continúan expandiéndose rápidamente por todo el mundo. El país que encabeza esta tendencia, Indonesia, ha dejado atrás a Malasia y se ha convertido en el mayor productor. Según los últimos datos que ha proporcionado la ONG indonesia SawitWatch que vigila a este sector, actualmente las plantaciones de palma de aceite de Indonesia cubren 11 millones de hectáreas, mientras que hace tan solo cinco años cubrían 6 millones. Las nuevas plantaciones se están dispersando por islas más pequeñas del archipiélago y por las zonas menos desarrolladas del este de Indonesia. Las esperanzas de que una promesa presidencial de una moratoria de 2 años sobre la tala de bosques frenaría la expansión de este cultivo (parte de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) también se han evaporado ya que el Gobierno ha excluido de la moratoria zonas donde ya se han entregado permisos preliminares.