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Resumen Las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno colombiano para contener la propagación del Covid-19, se han traducido en un detrimento de libertades y derechos fundamentales de las personas: restricciones de movilidad, toques de queda sin garantía de

Resumen ejecutivo Los impactos económicos del COVID-19 han generado que el Estado peruano agudice aún más en la priorización de las actividades extractivas por sobre la atención y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Resumen Los países han respondido a la pandemia del COVID-19 debilitando o eliminando las protecciones legales y de política de los derechos de los pueblos indígenas. La nueva evidencia revela una tendencia peligrosa.

El gobierno colombiano ha intentado limitar el derecho al consentimiento previo, libre e informado reconocido a pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco jurídico internacional vinculante para Colombia y en la jurisprudencia de su propia Corte Constitucional.

La pandemia ofrece oportunidades. Durante años las autoridades tradicionales han abogado por una educación culturalmente más apropiada para los niños indígenas. Y en los últimos meses, han animado a los padres y a los miembros de la comunidad a pasar tiempo con sus jóvenes, hablando y practicando conocimientos, lenguaje y habilidades relacionadas con el bosque y sus recursos.

Cuando se impuso la cuarentena nacional en Tailandia, las comunidades de las tierras altas estaban menos ansiosas que las de las zonas urbanas. La Asociación de Educación y Cultura de los Pueblos de las Montañas de Tailandia compartió cómo la abundancia de alimentos en estas comunidades las hacía autosuficientes, e incluso tenían un excedente para compartir. 

La mayor parte de la comunidad Batwa depende de la mano de obra barata para sobrevivir. Pero el confinamiento como medida para contener la propagación de la COVID-19 impidió que la gente saliera de sus casas para buscar trabajo, y los negocios que normalmente requerirían su mano de obra también están cerrados. 

El 16 de mayo de 2020, el super ciclón Amphan dañó los cultivos, la infraestructura y los terraplenes de protección costera de las comunidades en 26 distritos costeros, y destruyó muchos medios de subsistencia. La pandemia y el confinamiento a nivel nacional también han exacerbado las penurias actuales que se derivan de la marginación y la discriminación existentes contra los pueblos de los bosques.

Denominado “éxodo inverso”, la cuarentena tuvo como consecuencia que miles de personas se vieran obligadas a dormir en las calles de Lima mientras esperaban regresar a sus comunidades. La cuarentena cerró todos los negocios y las escuelas, lo que afectó gravemente a los jornaleros. Sin ingresos diarios, se hizo más difícil pagar el alquiler y comprar comida con cada día que pasaba. La capital se volvió lentamente hostil e inhabitable. 

Con el acceso de los indígenas Dumagat a sus ríos y bosques restringido aún más debido a la COVID-19, dependen del gobierno local para proporcionar paquetes de alimentos. Recibieron un paquete de comida con 3kg de arroz y dos grandes latas de sardinas sólo una vez. A pesar de esto, los Dumagat continúan su lucha contra la presa de Kaliwa y otros proyectos gubernamentales que tienen como objetivo el saqueo de su territorio y sus recursos naturales.

Okani, una ONG indígena de base comunitaria en Camerún oriental llevó a cabo un intercambio de información y campaña de concientización sobre la COVID-19 con las comunidades Baka y Bagyeli. La actividad también sirvió de espacio para que las comunidades compartieran cómo su vida cotidiana se estaba viendo afectada por las medidas gubernamentales impuestas para contener la propagación del virus.

La autónoma y desarmada Guardia Cimarrona de las comunidades negras hizo esfuerzos heroicos para controlar sus territorios ancestrales y proteger a su gente, estableciendo puestos de control para asegurarse de que los protocolos de bioseguridad se exigieran a las personas que entraban a sus comunidades. Los puestos de control ayudaron a mantener los niveles de infección de virus en cero durante tres meses.

El SRDC se embarcó en varias actividades destinadas a proteger nuestras comunidades. Trabajaron con las comunidades para educar y concienciar a fin de garantizar que los habitantes de Wapichan de las 21 aldeas dispusieran de información actualizada y precisa sobre la pandemia; bloquearon 15 cruces fronterizos ilegales entre Guyana y el Brasil; y vigilaron los puestos de control y las puertas de entrada al territorio Wapichan.

Para evitar la propagación de la COVID-19, el Grupo del Bosque Comunitario requiere que las personas que entran a la comunidad se desinfecten. Trabajando juntos, los miembros de la comunidad rocían sus casas con desinfectantes que producen a partir de plantas que crecen en sus bosques y que mezclan con aceites de pachulí y citronela. La comunidad también limita los viajes de sus miembros hacia afuera, y hay un acuerdo mutuo de no celebrar eventos que involucren a muchas personas.

A pesar de que el gobierno de Kenia declaró una moratoria para todos los desalojos durante la pandemia, los guardias del Servicio Forestal de Kenya han llevado a cabo una serie de desalojos violentos en la comunidad Sengwer. El 10 de julio, quemaron 28 casas en Kapkok Glade, dejando a docenas de miembros de dicha comunidad en el frío, sin refugio y particularmente vulnerables a la propagación del coronavirus. Y, a principios de septiembre, quemaron 31 casas más.

A medida que se difunde la noticia de la creación de vacunas, indicando el principio del fin de la pandemia que tanto ha alterado nuestras formas de vida este año, ofrecemos este informe como una contribución a la comprensión del impacto del COVID-19 sobre los pueblos indígenas y tribales.

Mmás de cien organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional solicitan la implementación de medidas urgentes e inmediatas ante la muerte de cientos de indígenas amazónicos debido al COVID-19 y que se inicie el diálogo exigido por la organización indígena AIDESEP y sus bases hace más de un mes.

FECONAU ha enviado una carta al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Perú. En representación de 35 comunidades de la región de Ucayali, la carta y el informe, enviados en junio, proporcionan información relevante y de primera mano que evalúa e informa sobre el impacto de COVID-19 en los derechos de los pueblos indígenas. 

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) presentó una demanda constitucional de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).

A medida que llega el invierno a Kenia, y las temperaturas caen en picado en el altiplano donde viven las comunidades forestales tradicionales, los casos de COVID-19 se están disparando en todo el país. Pero en lugar de poder refugiarse de manera segura en sus hogares, estas comunidades están siendo desalojadas y sus granjas y hogares están siendo destruidos por su propio gobierno.