Se retiró la queja, pero las violaciones sistemáticas de los derechos humanos continúan para las comunidades indígenas baka en Camerún

A moungoulou - a typical Baka shelter - in Cameroon
A moungoulou - a typical Baka shelter - in Cameroon

Se retiró la queja, pero las violaciones sistemáticas de los derechos humanos continúan para las comunidades indígenas baka en Camerún

En septiembre de 2017 Survival International anunció que se había retirado de la mediación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), luego de una queja presentada en 2016 en relación con (entre otros) el maltrato de los baka en Camerún asociado con las actividades de conservación de dicho Fondo. Si bien la queja formal de Survival Internacional puede haber sido abandonada, los abusos graves de los derechos humanos de los pueblos indígenas asociados con las actividades de conservación en Camerún (y en otros lugares) son persistentes, reales y continuos, y reflejan los problemas fundamentales existentes con el enfoque de muchas grandes organizaciones de la conservación.

A nivel internacional, conservacionistas importantes se han comprometido desde hace tiempo a apoyar los derechos humanos (compromiso provocado frecuentemente por críticas anteriores de los efectos adversos que sus políticas han tenido sobre los pueblos indígenas). En efecto, el sitio internet de WWF señala que fue “la primera organización internacional para la conservación en adoptar formalmente una política que reconoce los derechos de los pueblos indígenas”.

La política del WWF reconoce que “la mayoría de las áreas importantes de alto valor natural que quedan en la tierra están habitadas por pueblos indígenas” y afirma que la organización “no promoverá ni apoyará, y podrá oponerse activamente, a cualquier proyecto de conservación o desarrollo que no haya recibido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas”. Sin embargo, veinte años después de la adopción de la política, su implementación en el terreno sigue siendo altamente problemática.

"Demasiado asustados para entrar al bosque”

Durante más de una década, las comunidades indígenas de Camerún han reportado repetidamente la violencia física por parte de los guardias ecológicos, el miedo al "dobidobi" (WWF) y la pérdida del acceso a sus áreas forestales en las zonas de conservación. Los problemas son omnipresentes. Estos abusos son completamente inaceptables, independientemente de cualquier participación de individuos baka en actividades ilegales. En todo caso, la cacería de subsistencia por parte de los baka en sus tierras consuetudinarias se ha convertido a menudo en ilegal, únicamente porque dichas tierras han sido absorbidas dentro de "áreas protegidas" sin su consentimiento.

Los baka son extorsionados o intimidados al entrar al bosque, incluso en aquellas áreas a las que tienen derecho a ir. Cuando cazan son regularmente detenidos y golpeados, independientemente de si han actuado o no dentro de la ley. La carne de monte, cazada legalmente, es entonces confiscada por los guardias ecológicos (o por vecinos bantú que piden “prestados” sus uniformes).

Se ha propuesto el castigo colectivo para las aldeas baka, que implica la suspensión de los derechos de acceso ya limitado de toda una comunidad, cuando cualquier miembro individual de la comunidad haya estado involucrado en la cacería furtiva, o se sospeche que lo haya estado. Recientemente, los baka en una zona remota de Camerún describieron cómo se sienten ahora “demasiado asustados para entrar al bosque”. Esto ha tenido efectos devastadores sobre sus medios de vida, la transmisión de su conocimiento tradicional y la supervivencia de su cultura. La mentalidad de una "conservación excluyente" ha creado y permitido un gran número de nuevas formas de abusos en contra de los pueblos indígenas.

Si bien el personal de WWF hasta donde sabemos no ha participado directamente en estos abusos, su nivel de colaboración con aquellos involucrados es significativo. Por ejemplo, los guardias ecológicos usan los vehículos de WWF para su transporte; en el este de Camerún, WWF comparte una oficina con el MINFOF y la administración de parques nacionales; y por medio de su apoyo financiero y técnico de estos proyectos, el WWF muy probablemente contribuye al presupuesto de los guardias ecológicos, aunque es difícil estar seguro debido a la falta de transparencia de las cuentas de WWF publicadas.

Además, aparentemente en violación con su propia política, el WWF sigue apoyando y promoviendo la creación de áreas de conservación en las tierras de los pueblos indígenas, sin su consentimiento libre, previo e informado genuino, implicando no solamente la negación de la propiedad indígena sino restricciones importantes sobre su uso tradicional de la tierra y el acceso.

Consecuencias completamente previsibles

Los abusos generalizados de los derechos humanos vinculados a la creación de parques nacionales, áreas de conservación y concesiones de caza privadas, junto con las políticas de áreas protegidas centradas en la vigilancia y el patrullaje de los guardias ecológicos armados, son bien conocidos por los actores de la conservación involucrados en estos proyectos. Y no se encuentran confinados únicamente al WWF o a Camerún. Esta es una cuestión intrínsecamente unida a las agencias internacionales de conservación que (i) operan en países que no respetan, y mucho menos protegen, los derechos de los pueblos indígenas, y (ii) dan prioridad a la creación de áreas protegidas, en lugar de trabajar para obtener cambios en las políticas y leyes que permitan un apoyo genuino para las comunidades que han mantenido y protegido sus tierras ecológicamente ricas, y que a su vez han sido sostenidas por ellas.

Por ejemplo, en Camerún los derechos a la tierra de los pueblos indígenas no son reconocidos por la legislación nacional. Sus aldeas no son reconocidas por el Estado. Muy pocos indígenas tienen un certificado de nacimiento y un número aún menor tiene documentos nacionales de identidad (los cuales son necesarios para presentar una queja oficial a la gendarmerie). Y debido a que muchos no han recibido educación alguna, no pueden hablar en las lenguas oficiales del Estado (francés o inglés). Su acceso a la justicia y a la representación política es casi nulo. Además, los pueblos indígenas han sufrido la violencia y la explotación sistemática a manos de los grupos bantú (dominantes).

Cuando estas dinámicas prevalecen, cualquier colaboración entre los organismos internacionales de conservación y el Estado pondrá inevitablemente en peligro los derechos y los medios de vida de la población local. En Camerún, el WWF sabía, o debería haber sabido, desde un principio que los parques nacionales que apoyaba tan firmemente incorporarían enormes extensiones de tierra baka; que ya que los baka nunca habían acordado entregar esa tierra era poco probable que respetaran los límites del parque o incluso que apreciaran su significado; y que en un esfuerzo por enseñarles una lección (y/o porque se encontraban en una posición de poder sin control) los guardias ecológicos muy probablemente recurrirían a la violencia. Esto es precisamente lo que ha sucedido.

Para los organismos internacionales de conservación la respuesta es frecuentemente que  están “limitados” en lo que pueden hacer de conformidad con las leyes nacionales. Por ejemplo, en repuesta a la queja presentada por Survival International el WWF argumentó que “las áreas protegidas son creadas y gestionadas por los gobiernos” y que puede ser todo un ‘desafío’ para las organizaciones de la sociedad civil que "trabajan en un país soberano con marcos legales distintos".

Aunque esto sea verdad es completamente irrelevante. Todas las organizaciones que trabajan en los países con sistemas de gobernanza difíciles entienden que hay desafíos y compromisos involucrados. Pero eso no significa que todo compromiso y colaboración es aceptable. Nadie tiene el derecho a esconderse a la sombra de una legislación local que no protege los derechos básicos. En las propias palabras de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el deber de WWF y de otras empresas de respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus proyectos es una “responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos”. El principio 13 establece que independientemente de lo que digan dichas leyes, las empresas deben tratar de “prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con [sus] operaciones,… incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”. Es además un incumplimiento evidente de las propias políticas de WWF.

Compromisos inaceptables

Demasiado a menudo los actores internacionales de la conservación han mostrado con su conducta que están preparados a aceptar el “costo” de las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos indígenas, siempre y cuando se proteja su acceso a los gobiernos para lograr sus objetivos de conservación. Esa posición es simplemente inaceptable, sobre todo porque es un precio pagado por las comunidades indígenas y no por los conservacionistas.

Al defender sus acciones, el WWF y otros a menudo citan un escenario opuesto a los hechos, es decir que la situación sería aún peor si ellos no estuvieran allí, o señalan “beneficios” menores que sus programas brindan a los pueblos indígenas. Sin embargo, esos beneficios (si se materializan, y en la medida en que lo hagan) no compensan por lo perdido. Más fundamentalmente, WWF (y otras organizaciones) no deben juzgar qué es más conveniente o beneficioso para los pueblos indígenas. Únicamente las mismas comunidades indígenas pueden decidir si quieren o no comprometerse. Sin embargo, este paternalismo continúa.

WWF nunca respetará los derechos de los pueblos indígenas hasta que sus acciones sean guiadas genuinamente por las decisiones informadas de las comunidades, luego de una explicación independiente y plena de las limitaciones involucradas y de los pros y contras de los diferentes procedimientos a seguir, y sin distracciones provenientes de beneficios menores tan a menudo unidos con los diseños previos de los proyectos como supuesta recompensa por la devastación que posiblemente traerán a su paso.

Los pueblos indígenas no están en contra de la conservación

Las comunidades no son perfectas, pero en general están profundamente comprometidas a mantener y seguir utilizando sus bosques. Además, también pueden ser pragmáticas y reconocer que, en muchos casos, un área de conservación puede proporcionar una mayor seguridad que una concesión forestal o agroindustrial que podría tener efectos aún peores sobre los bosques. También son igualmente conscientes de los poderes limitados de las ONG, y de las restricciones y realidades políticas de sus propios contextos, y por supuesto tienen en cuenta estos factores en sus procesos de toma de decisiones.

Muchas comunidades indígenas en Camerún quisieran apoyar iniciativas de conservación apropiadas y a nivel local que respeten sus derechos. Sin embargo, los modelos de conservación implementados en Camerún han sido desarrollados  sin la contribución genuina de los pueblos indígenas, y no respetan sus derechos ni su larga historia de manejo de los recursos naturales y uso sostenible.  El resultado es una situación en la que todos pierden. No solamente sufren enormemente los pueblos indígenas por causa de la “conservación” que les ha sido impuesta, sino que un creciente conjunto de pruebas muestra que las políticas que respetan el manejo y la propiedad tradicionales indígenas de la tierra tienen mejores resultados que aquellas que no lo hacen. Esta es una realidad que ha sido recientemente señalada por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

¡Es suficiente, ya basta!

Operar en realidades políticas complejas implica matices y compromisos, pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar. El FPP está trabajando con las comunidades en las áreas en las que WWF y MINFOF también están activos, y ha ayudado a los miembros de la comunidad a poner sobre la mesa las preocupaciones de los pueblos indígenas en reuniones con estos actores. WWF es consciente de muchos de los problemas y ha mostrado en principio la voluntad para discutirlos. Sin embargo, la práctica ha sido bastante diferente. Talvez, temeroso de dañar su “relación especial” con MINOF, o de no alcanzar las metas del proyecto, hasta hoy WWF ha seguido en el lado de los funcionarios cuando estos rechazan, como lo hacen a menudo, las proposiciones hechas por las comunidades indígenas.

El FPP sigue creyendo que un compromiso eficaz es la única forma de seguir adelante, pero debe presentarse un cambio fundamental. El derecho de los derechos humanos y la ciencia de la conservación son claros: necesitamos apoyar a las comunidades para que conserven su tierra, en lugar de criminalizar su presencia en ella. Es tiempo de que las organizaciones internacionales de la conservación dejen de aparentar y hagan más que hablar de dientes para afuera sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que se comprometan seriamente a implementarlos en la práctica en sus programas, y que estén preparados a retirarse cuando no lo sean.