Llamamientos a una mayor protección de los derechos indígenas en el sector de los agronegocios del sudeste de Asia

Malaysia forest destruction
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Camilla Capasso/FPP

Llamamientos a una mayor protección de los derechos indígenas en el sector de los agronegocios del sudeste de Asia

“Para los pueblos indígenas el medio ambiente está estrechamente vinculado a todos los aspectos de su vida y su supervivencia, por lo que son los pilares de una gobernanza ambiental sólida”, fueron las palabras de bienvenida de Tan Sri Razali Ismail, de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKUM), a los asistentes a la 6.ª Conferencia del Sudeste Asiático sobre los Derechos Humanos y los Agronegocios.

Celebrada en Kota Kinabalu, capital del estado de Sabah, Malasia, los días 3 y 4 de noviembre, la conferencia incluyó a representantes de las seis comisiones de derechos humanos del sudeste asiático, de organizaciones regionales y nacionales de derechos humanos, de destacadas organizaciones del sector privado y de ONG, así como de pueblos indígenas y comunidades.

El evento, organizado en colaboración con la Red de Pueblos Indígenas de Malasia (JOAS), es el más reciente de una serie de reuniones organizadas por el Forest Peoples en colaboración con instituciones nacionales de derechos humanos del sudeste asiático en los últimos cinco años. La finalidad del evento era explorar formas de hacer que mediante reformas nacionales las obligaciones relacionadas con los derechos humanos sean vinculantes para empresas tanto transnacionales como nacionales dedicadas a los agronegocios.

Se prestó especial atención al “enfoque jurisdiccional” de la certificación del aceite de palma, que Sabah está liderando con el apoyo de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés). Este innovador enfoque aplicará la norma de la RSPO a todos los productores que hay en ese estado y el objetivo es asegurar que para 2025 todo el aceite de palma producido en Sabah, que equivale al 12 % de la producción mundial, será sostenible y contará con el certificado de la RSPO. Datuk Darrel Webber, director general de la RSPO, dijo que el enfoque aportaría varios beneficios, entre ellos la identificación de áreas de alto valor de conservación y áreas con grandes reservas de carbono, así como el aumento de los conocimientos sobre los procedimientos relacionados con el CLPI. Los participantes formularon recomendaciones concretas para asegurar que el proceso cumpla con los principios establecidos por las Naciones Unidas para los negocios y los derechos humanos al mismo tiempo que aborda la posición marginal que los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen en organismos gubernamentales en zonas locales y subnacionales.

Antes de la Conferencia algunos participantes se unieron a dos misiones de constatación de hechos organizadas por JOAS, la organización comunitaria PACOS Trust y la Asociación de Protección Ambiental de Sabah (SEPA por sus siglas en inglés), con el objetivo de investigar los retos a los que se enfrentan las comunidades en Pitas y en Bigor, en Nabawan, Sabah, debido al desarrollo de proyectos basados en la tierra en esas zonas.

“Las visitas a Pitas y Bigor fueron una oportunidad para que las comunidades buscasen soluciones para las zonas”, dijo Jannie Lasimbang, secretaria general de JOAS. “El mensaje que deseamos transmitir es que estamos interesados en los agronegocios, pero también queremos cumplir las normas internacionales”.

Tras las misiones de constatación de los hechos, los asistentes a la reunión apelaron al Ministro Principal de Sabah para que tenga en cuenta los llamamientos de las comunidades de Pitas, cuyas tierras han sido invadidas por un proyecto de desarrollo de estanques para camarones que está provocando la destrucción de los manglares y la pérdida de los medios de vida de dichas comunidades. También pidieron una revisión de la ley de “título de propiedad comunal”, para que se solucionen las lagunas jurídicas de las que algunas empresas se están aprovechando para favorecer las apropiaciones corporativas de tierras comunitarias sin una consulta adecuada, y sin contar con el consentimiento de las comunidades.

Al cabo de cuatro días de debates, seminarios e investigaciones sobre el terreno, los participantes emitieron una resolución en la que se pedían moratorias para detener la asignación de concesiones en toda la región hasta que se resuelvan los conflictos existentes. Los participantes comentaron cómo están proliferando los conflictos por la tierra como resultado de la expansión de los agronegocios, e instaron por una pausa en la concesión de licencias mientras se garantizan los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Camilla Capasso