El Banco Mundial socava las normas jurídicas regionales y mundiales sobre los derechos de los pueblos indígenas

El Banco Mundial socava las normas jurídicas regionales y mundiales sobre los derechos de los pueblos indígenas

El Banco Mundial ha estado revisando su conjunto de políticas de salvaguardia desde finales de 2010 (ver boletines de noticias del FPP de abril de 2014, octubre de 2013, abril de 2013, octubre de 2012 y octubre de 2011). El Banco ha pasado estos últimos cuatro años en «modo de escucha» mientras recibía miles de comentarios de circunscripciones de todo el mundo a las que el Banco apenas ha dado respuestas concretas o no ha dado ninguna. Hay mucho en juego en este proceso de revisión, ya que el Banco pretende incluir protecciones críticas a nivel de proyecto aplicables a los resultados sociales y ambientales en el proceso más amplio de reforma del Banco supervisado por el presidente Kim.El Banco ha aplicado protecciones para los pueblos indígenas desde que publicó la declaración 2.34 del Manual de Operaciones en 1982: Pueblos Tribales en proyectos financiados por el Banco. Después esta declaración fue reemplazada por la Directriz Operacional 4.20 (aplicada desde 1991 hasta 2004) y esta a su vez por la Política Operacional 4.10 aplicada actualmente (desde 2004). En dicha política el Banco se queda a la zaga de normas internacionales sobre la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo al continuar sin exigir que los prestatarios obtengan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas antes de emprender proyectos que tengan un impacto significativo en las tierras, territorios, recursos o medios de vida de esos pueblos. Las  contribuciones constantes de organizaciones de pueblos indígenas y otras organizaciones en los últimos años han insistido en que esta protección básica, que ya existe en el derecho internacional y los compromisos jurídicos de los prestatarios, sea incluida en la política del Banco.Es posible que en agosto haya respuestas concretas sobre la revisión de las salvaguardias, ya que está previsto que en julio el Banco proponga un nuevo juego de políticas de salvaguardia al Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo (CODE por sus siglas en inglés), un comité del Directorio Ejecutivo que decidirá si el personal del Banco debe seguir revisando las políticas propuestas o si pueden ser reveladas para ser sometidas a consulta pública.Sin embargo, incluso antes del lanzamiento público de este nuevo proyecto, el contenido de esta nueva serie propuesta de salvaguardias ya ha suscitado una gran inquietud. Los mensajes de correo electrónico y los debates internos del Banco sobre las nuevas salvaguardias revelan que algunas de las propuestas son motivo de preocupación dentro del Banco, por ejemplo ante algunas ideas impactantes sobre el futuro contenido y dirección de la política de pueblos indígenas con respecto al requisito de obtener el consentimiento libre, previo e informado y con respecto al enfoque regional de la política de pueblos indígenas en África.Los mensajes de correo electrónico filtrados muestran que el Banco podría estar tratando de evadir el debate sobre el consentimiento libre, previo e informado al exigir un CLPI que (en lo que concierne al Banco) se define solamente como amplio apoyo comunitario. El amplio apoyo comunitario es la inadecuada norma que el Banco aplica actualmente y ha sido unánimemente rechazada por los pueblos indígenas. Como se reconoce en los mensajes: «el Banco podría enfrentarse a importantes desafíos en las operaciones y en las relaciones exteriores si define el CLPI únicamente como la expresión colectiva de un amplio apoyo comunitario» (énfasis añadido), y como desde el punto de vista funcional no propone sino una reiteración de la política actual, «la incorporación del CLPI podría ser vista como gesto superficial». En nuestra opinión una  posición tal, si se somete a la consulta pública, efectivamente será vista como el gesto superficial que es, y como un intento de evadir tres años de aportaciones pidiendo protecciones reales del CLPI.Quizás sea más preocupante aún una propuesta que figura en los proyectos de salvaguardia que ha recibido un elevado grado de atención interna: la propuesta de que las protecciones para los pueblos indígenas se apliquen en África de manera diferente que en otras partes del mundo. Aunque es difícil discernir con detalle lo que esto significa sin tener delante las propuestas, lo que está claro es que tratar a los pueblos indígenas de África y a los de otras regiones del mundo de manera diferente socava y contradice décadas de promoción de protecciones jurídicas reconocidas por el derechos internacional para los derechos de los pueblos indígenas.La afirmación de que los pueblos indígenas de África deben ser tratados de manera diferente a los de otras regiones no tiene ningún fundamento moral ni jurídico. Los mecanismos regionales de derechos humanos de África (la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la asociada Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos) junto con el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas establecido por la Comisión Africana reconocen la presencia de pueblos indígenas en África. Un creciente volumen de jurisprudencia y de leyes protegen los derechos de los pueblos indígenas del continente, tanto a nivel regional como en los parlamentos y legislaturas nacionales.La idea de que el Banco Mundial podría estar tratando de socavar la situación de los pueblos indígenas en África es grave. Los Endorois y los Sengwer de Kenia, los San del Kalahari en Sudáfrica, los Batwa de Uganda y muchos, muchos otros pueblos del continente han usado y están usando las leyes y los procesos jurídicos nacionales, regionales e internacionales para hacer valer sus derechos y proteger su futuro. Negar la aplicabilidad de esas leyes es una grave amenaza para los derechos humanos de estos pueblos que debe ser eliminada de cualquier marco nuevo de políticas de salvaguardia del Banco Mundial.