Resumen selecto de la experiencia de los pueblos indígenas asiáticos con las políticas de financiación de préstamos de las instituciones financieras internacionales

Mujer que vive en la Meseta de Nakai, Laos. Más de 120000 personas se han visto directamente afectadas por la presa Nam Theun 2
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Virginia Morris & Clive Hills/ International Rivers

Resumen selecto de la experiencia de los pueblos indígenas asiáticos con las políticas de financiación de préstamos de las instituciones financieras internacionales

Los proyectos y las intervenciones programáticas de bancos multilaterales de desarrollo tienen un historial de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Asia. En muchos países, los pueblos indígenas han sido sometidos a desplazamientos generalizados y a la pérdida irreversible de sus medios de vida tradicionales. Detrás de estas violaciones de los derechos humanos está la negación de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y de su derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para proyectos e intervenciones programáticas, incluidas las que se hacen en aras del desarrollo sostenible y humano. Entre ellos, los grandes proyectos de infraestructura (construcción de presas y autopistas) y los proyectos de «conservación» medioambiental han tenido los impactos adversos más perjudiciales sobre los pueblos indígenas. Hay un gran número de ejemplos de proyectos de este tipo que han afectado negativamente a comunidades de pueblos indígenas de países asiáticos. 

Si bien el Banco Mundial (BM) y el Bando Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) tienen sus propias políticas operacionales de salvaguardia medioambiental y social obligatorias, los requisitos para respetar los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas son débiles y su implementación ha resultado problemática. Aunque actualmente hay proyectos mejor diseñados desde la perspectiva de los pueblos indígenas, comparados con aquellos implementados en los años 60 y 70, no se ha conseguido que la implementación de estas salvaguardias tenga los impactos positivos esperados en la protección del medio ambiente y la prevención de consecuencias sociales adversas.

El ADB llevó a cabo un examen de sus políticas operacionales de salvaguardia medioambiental y social en 2008-2009 y publicó una Declaración sobre Políticas de Salvaguardia revisada que incluye una política más progresista sobre pueblos indígenas. En la actualidad, la política sobre pueblos indígenas del ADB exige la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para proyectos e intervenciones programáticas que afecten sus tierras, territorios y recursos, patrimonio cultural, así como para su posible desplazamiento. Sin embargo esta política operacional sigue siendo débil en lo que se refiere al respeto del proceso colectivo de toma de decisiones de los pueblos indígenas. También es débil su definición de consentimiento como un «amplio apoyo de la comunidad». Por otra parte, aún está por ver si  los directivos del ADB y los organismos de contraparte responsables en los gobiernos prestatarios respetan su compromiso de aplicar la política sobre pueblos indígenas.

El Banco Mundial continúa aplicando una política sobre pueblos indígenas anticuada, la política operacional 4.10 (aunque está siendo sometida a examen). Esta es la única política de los bancos multilaterales de desarrollo que no reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. El Banco aún no ha respondido efectivamente a las conclusiones de un examen interno de la aplicación de la política operacional 4.10 realizado en 2011. [1] Dicho examen era condenatorio e incluía las siguientes conclusiones:

  • Aunque en la mayoría de los proyectos sí se identificaron beneficios para los pueblos indígenas, en muchos no se abordaron los posibles impactos negativos en dichos pueblos, especialmente aquellos a largo plazo o los indirectos.
  • Una falta de respeto significativa de la protección o la promoción de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos.
  • No se establecen mecanismos apropiados de presentación de reclamaciones como parte de los proyectos.
  • Donde no se reconocen los derechos sobre los recursos, los proyectos que afectan los derechos sobre la tierra y el agua a menudo no incluyeron medidas para abordar dichos derechos, que son esenciales para el bienestar y la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades y las culturas de los pueblos indígenas.
  • Hay una falta considerable de información o documentación sobre los procesos de los proyectos.

El examen reveló que había pocas pruebas de que la comunidad hubiese sido ampliamente informada y poca información verificable sobre cómo se había desarrollado el proceso de obtención de apoyo para los proyectos, y es otra área que tiene que ser considerablemente mejorada.

Los siguientes casos ejemplifican las experiencias de los pueblos indígenas afectados por proyectos e intervenciones programáticas financiados por instituciones financieras internacionales.

Laos

Provincias de Khammouan, Vientián y Xiangkhoang

El gobierno de la República Democrática Popular de Laos considera que la energía hidroeléctrica es el principal impulso del crecimiento y del desarrollo económico. Tiene intención de transformar el país en «la batería del sudeste de Asia» explotando la energía de sus ríos. Para alcanzar este objetivo el gobierno está recibiendo financiación de grandes instituciones financieras internacionales entre las que se incluye el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. En su plan de desarrollo del sector energético el gobierno incluye 72 nuevas presas de gran tamaño, 12 de las cuales están en construcción y casi 25 más se encuentran en fases avanzadas de planificación.[2] En el caso de presas de gran tamaño como Nam Thuen 2 (NT2) y Nam Ngum 3 (NN3), los pueblos indígenas de las comunidades afectadas han sufrido graves trastornos económicos y sociales, además de la pérdida de diversidad biológica.

La presa NT2 de la provincia de Khammouan afectó directamente a más de 120 000 personas aguas abajo al destruir sus pesquerías y otras opciones de medios de vida, inundando los huertos ribereños y afectando la calidad del agua. 6300 indígenas de la Meseta de Nakai fueron reasentados para poder construir allí el embalse. El pueblo Vietic, que es poco numeroso y el más vulnerable de los pueblos indígenas de Laos, fue trasladado a la fuerza a aldeas de reasentamiento, incumpliendo las políticas operacionales sobre pueblos indígenas tanto del BM como del ADB. Se ha denunciado que muchos de ellos han muerto por motivos psicológicos y físicos provocados por el reasentamiento en esas aldeas. A día de hoy no se les ha adjudicado tierra a los pueblos indígenas afectados que viven en las aldeas de reasentamiento, ni se les ha compensado por la pérdida de sus propiedades.

Todavía no se han cumplido totalmente los compromisos relativos a la tierra y la compensación descritos con detalle en los documentos de planificación del proyecto. Debido a la pérdida de tierra y recursos naturales, la seguridad alimentaria ha sido motivo de preocupación para los pueblos indígenas afectados. Aunque las necesidades materiales de vivienda, electricidad, calles, escuelas y centros de salud están cubiertas en las aldeas de reasentamiento, existen serias dudas de que los medios de subsistencia de los pueblos indígenas sean restaurados al nivel anterior al reasentamiento, y que sean culturalmente adecuados y sostenibles en el futuro. La mala calidad de la tierra de las aldeas de reasentamiento no deja de plantear graves problemas a los aldeanos, que se ven incapaces de producir lo suficiente como para alimentar a sus familias y pagar la factura de la electricidad. La producción de las pesquerías del embalse a largo plazo también es dudosa y, en contra de lo acordado en el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, personas de afuera están invadiendo las zonas forestales de la comunidad.[3] Entre tanto, la presa NN3 de las provincias de Vientián y Xiangkhoang (también propuesta para ser financiada por el ADB), que se espera que esté terminada en 2016, sumergirá 3769 km², lo que afectará a los pueblos indígenas Lao-Tai (42%), Khmu (33%), Hmong (25%) y Yao.

Nordeste de la India

Meghalaya, Manipur y Nagaland

En el nordeste de la India, las principales instituciones financieras internacionales como el BM, el ADB y el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC por sus siglas en inglés), son más activas a la hora de proporcionar apoyo en los sectores del transporte, la energía, el comercio y la participación del sector privado, el desarrollo urbano, los agronegocios y el turismo. En la mayoría de los megaproyectos de desarrollo en el nordeste de la India no se ha consultado adecuadamente a los pueblos indígenas antes de emprenderlos. Un ejemplo es la fábrica de cemento de Surma Lafarge Cement (LSC), el primer proyecto de la Cooperación Económica Subregional del Sur de Asia, una iniciativa financiada por el ADB para un Asia sin fronteras. La fábrica de LSC, que en realidad está en Bangladesh pero trae sus materias primas desde el estado de Meghalaya en la India, ha afectado al pueblo indígena Khasi que vive en ese estado. A día de hoy las familias afectadas siguen luchando por obtener una compensación por la pérdida de sus tierras y medios de subsistencia por culpa de LSC. Además de los proyectos de instituciones financieras internacionales, en el nordeste de Asia también hay grandes proyectos de transporte y energía que están siendo desarrollados o iniciados por empresas privadas y organismos públicos. Por ejemplo, el Proyecto Hidroeléctrico Polivalente de Tipaimukh (TMHEP por sus siglas en inglés) en Manipur y la presa de Mapithel en Nagaland plantean graves amenazas para los pueblos indígenas Hmar, Naga y Kuki. El TMHEP inundará alrededor de 311 km² de tierra, lo que obligará a desplazar permanentemente 90 aldeas, principalmente de los pueblos Hmar y Zeliangrong, y se talarán 7,8 millones de árboles y 27 000 bosques de bambú en una superficie forestal de 25 822 hectáreas.

Nepal

En Nepal, aparte de financiar proyectos de salud y de educación, el BM y el ABD están financiando sistemas de transporte y presas hidroeléctricas. Entre los ejemplos recientes se incluyen dos proyectos hidroeléctricos: Kabeli A Hydropower y Tanahu Hydropower Project, que están en preparación. Los impactos detallados de estos proyectos hidroeléctricos sobre los pueblos indígenas aún no han sido determinados. Por otro lado, los proyectos «inocuos» financiados por las instituciones financieras internacionales, por ejemplo proyectos de desarrollo agrícola, no traen necesariamente buenos resultados para los pueblos indígenas, ya sea porque la participación de éstos no es adecuada o porque las evaluaciones de los proyectos que hacen dichas instituciones son incorrectas. Un estudio de caso de un proyecto de desarrollo agrícola comercial financiado por el ADB llegó a la conclusión de que el cultivo de alto valor proporcionado por el proyecto, a pesar de aumentar los ingresos a corto plazo, afectaba las semillas tradicionales, la fertilidad del suelo y los sistemas de gestión de pestes de los pueblos indígenas en Nepal. 

Malasia

Provincia de Sarawak

El proyecto de la presa hidroeléctrica Batang Ai en Sarawak fue construido entre 1980 y 1985 en el corazón del territorio tradicional de los Iban. Desplazó a unos 3000 indígenas Iban de 21 viviendas comunales (longhouses), tras lo que fueron reasentados en la zona de Lemanak-Batang Ai, en tierra administrada por la Dirección de Consolidación y Rehabilitación de la Tierra Sarawak (Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority). Financiado en parte por el ADB, este gran proyecto hidroeléctrico de Malasia ocupa unos 40 000 acres de tierra, de los cuales 21 000 ya han sido inundados, destruyendo grandes áreas de bosques y tierras en las que existía un sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que incluía granjas de agricultura de corta y quema, cultivos y tierras ancestrales.

Los indígenas Iban reasentados tienen muchos problemas y consideran que han sido tratados injustamente. La larga lista que aparece a continuación incluye las dificultades socioeconómicas que los 18 000 indígenas de la circunscripción del estado de Batang Ai siguen teniendo hoy en día, a pesar de que la presa hidroeléctrica de Batang Ai lleva 25 años funcionando[4]:

  • En lugar de los once acres de tierra despejada que les habían prometido, cada familia recibió solo un acre.
  • No recibieron ningún apoyo para la reconstrucción como les habían prometido.
  • Muchas familias no estaban preparadas para esta nueva forma de vivir, y muchas no pudieron soportarlo.
  • Solo se emitió un título de propiedad de la tierra por familia, y fueron emitidos a nombre de los hombres, a las mujeres no se les permitió ser propietarias.
  • En 2009 no solo las familias desplazadas sino toda la circunscripción de Batang Ai se encontraba sin poder acceder al sistema de transporte público, con servicios de telecomunicación limitados, un suministro eléctrico deficiente, frecuentes interrupciones del suministro de agua, instalaciones sanitarias y médicas deficientes, y limitadas oportunidades laborales.

Sin embargo, el ADB ha descrito el reasentamiento de 2800 indígenas Iban con motivo de la construcción de la presa como un ejemplo de «programa sensible desde el punto de vista cultural y sensato desde el punto de vista económico» porque «las políticas y planes [...] fueron cuidadosamente investigados y preparados».[5](Traducción no oficial) No obstante, otros son más críticos. El informe resultante de un examen encargado por la Comisión Mundial sobre Represas como parte de su evaluación del impacto de las presas en los pueblos indígenas dice lo siguiente: «Los Iban fueron convencidos para que se trasladaran prometiéndoles viviendas, agua,  y electricidad gratuitas y 11 acres de tierra por familia. La realidad ha resultado ser una amarga experiencia. No solo fueron reasentados como parte de una reforma agraria del Gobierno, sino que además les obligaron a cambiar radicalmente su forma de vida. El cultivo de arroz resultó imposible en las terrazas que les habían preparado, por lo que se vieron obligados a convertirse en pequeños agricultores dentro de un esquema de plantación. Los ingresos disminuyeron hasta tal punto que, según un estudio, el 60% de los hogares pasaron a estar por debajo del umbral de la pobreza del Estado, y la mayoría de los encuestados dijeron que su principal problema era la falta de tierra.»[6](Traducción no oficial)  La Dirección de Consolidación y Rehabilitación de la Tierra Sarawak, que es un ente público, administraba la plantación en la que fueron reasentados los Iban. Las mujeres se vieron desproporcionalmente afectadas por los procedimientos de reasentamiento. Por ejemplo, la compensación, que deberían haber pagado tanto a hombres como a mujeres como copropietarios de la tierra, solo fue abonada a «cabezas de familia» que eran varones.

Indonesia

PT WEDA Bay Nickel, isla de Halmahera, Maluku del Norte

Tobelo del Bosque (Tugutil) es el pueblo nómada que habita en los bosques interiores de la isla de Halmahera, y cuya subsistencia de basa en la caza, la recolección, y la búsqueda de sagú en las zonas bajas. La comunidad forestal Tobelo se divide a grandes rasgos en dos grupos. El primero lo forman los que se han reasentado en aldeas pero siguen volviendo con regularidad a los sitios de uso antiguo en el  bosque. El segundo grupo sigue llevando una vida totalmente nómada y se identifica como O hongana ma nywa o «pueblo del bosque». Aunque es difícil calcular el número exacto, este segundo grupo está integrado aproximadamente por 100 personas[7].

En 2004 el Gobierno de Indonesia creó la Reserva Natural de Aketajawe y el Bosque Protegido de Lalobata en 167 300 hectáreas de este territorio para proteger a un mínimo de 23 especies de aves, alegando que estas especies no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo se ha permitido que PT Weda Bay Nickel (WBN) lleve a cabo exploraciones y otras actividades mineras dentro de estos parques nacionales. El contrato de trabajo del proyecto de WBN cubre 54 874 hectáreas que forman parte de la zona de amortiguación propuesta para uno de los parques. Esta zona contiene zonas de manglar, de bosque pantanoso de agua dulce, de bosque montano bajo y varios tipos de hábitat de bosque de tierras bajas. El Ministerio de Silvicultura ha designado menos de la mitad del área total como bosque protegido.

En esta fase de operaciones mineras, WBN pidió al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), un organismo especializado del Grupo del Banco Mundial, que garantizase el proyecto en lo que respecta a riesgos políticos. La junta del OMGI aprobó el seguro para la fase de viabilidad del proyecto el 13 de julio de 2010 por una cantidad de 207 millones de dólares americanos durante tres años.[8] Esta garantía cubre los conflictos bélicos, la expropiación por disturbios civiles, la no transferencia de divisas y el incumplimiento del contrato. Sin embargo, durante el examen sobre la diligencia debida en cuestiones medioambientales y sociales realizado por el OMGI a mediados de 2010, se identificaron los posibles impactos graves que se producirán durante la fase de construcción y de funcionamiento. Entre estos impactos se incluye la posible erosión de la diversidad biológica, la eliminación de residuos sólidos y la afluencia de forasteros. Con respecto a los habitantes de los bosques, dice lo siguiente: «Es posible que las actividades del proyecto dificulten sus movimientos, provoquen cambios en sus sistemas de subsistencia y les causen sufrimiento [...] También es posible que se descubran lugares que pertenecen al patrimonio de los grupos indígenas locales».[9] (Traducción no oficial) La zona en la que están planificadas las actividades mineras sigue formando parte de la zona de amortiguación propuesta para uno de los parques. Los bosques también son las tierras de los indígenas Tobelo del Bosque y representan hábitats importantes para varias especies endémicas y protegidas.

Se ha advertido que el proyecto tendrá numerosos impactos adversos en la diversidad biológica, como la destrucción de al menos 4000 a  11 000 ha de bosque tropical húmedo, así como la destrucción de al menos 2000 a 6000 ha (un 30%) del bosque protegido dentro del área del proyecto minero[10]. Es más, el enorme impacto de este proyecto minero en el territorio del pueblo Tobelo del Bosque amenaza su supervivencia sociocultural.

Para sobreponerse a este legado de proyectos que han sido un fracaso o han causado daños en tierras y territorios de pueblos indígenas, las instituciones que trabajan en Aisa necesitan defender seriamente, no solo de boquilla, las normas de salvaguardia que ellas mismas han establecido. Las instituciones de financiación tienen que abordar las importantes barreras que obstaculizan la aplicación de sus políticas de salvaguardia, incluida la débil voluntad política de algunos Gobiernos asiáticos. Es más, las propias normas tienen que ser mejoradas y armonizadas con las obligaciones internacionales de los Gobiernos, incluida la obligación de respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Este artículo ha sido aportado por el Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), que es una organización regional fundada en 1988 por movimientos de pueblos indígenas. El AIPP se ha comprometido a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, incluido  el cabildeo sobre las cuestiones indígenas y  las inquietudes de los pueblos indígenas de Asia.

[1] Banco Mundial. Implementation of the World Bank’s Indigenous Peoples Policy: A Learning Review (ejercicio 2006-2008), agosto de 2011.

[2] International Rivers, datos disponibles en: http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos

[3] La política de pueblos indígenas vigente en el ADB en el momento de financiar la NT2 exigía establecer un «plan de desarrollo de los pueblos indígenas» donde existiera la posibilidad de que algún pueblo indígena se viese afectado. En algunos países estos planes reciben nombres diferentes debido a sensibilidades políticas, como es el caso de la República Democrática Popular Lao, donde los llaman «planes de desarrollo de minorías étnicas». Los requisitos son idénticos.

[9] La información sobre los Tobelo del Bosque y los impactos de las operaciones mineras de Weda en ellos ha sido consultada en http://www.miga.org/documents/WedaBay_ESRS.pdf

Niños de la Meseta de Nakai en Laos antes de que construyeran la presa Nam Theun 2. Ahora el pueblo está inundado por el embalse
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Iban Longhouse in Lemanak, Sarawak