El fracaso del Perú para abordar la lucha de los pueblos indígenas por sus tierras y controlar la deforestación ilegal expone las promesas vacías de su Gobierno de hacer frente a la deforestación

El fracaso del Perú para abordar la lucha de los pueblos indígenas por sus tierras y controlar la deforestación ilegal expone las promesas vacías de su Gobierno de hacer frente a la deforestación

La incapacidad de resolver los problemas de tenencia de la tierra subyacentes de los pueblos indígenas es uno de los principales factores que explican el aumento de la deforestación en el Perú, tal y como se informó en un estudio sobre la deforestación nacional realizado por el FPP y AIDESEP. Dicho estudio fue lanzado oficialmente durante las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas celebradas en Perú en 2014.  El Perú entrega la presidencia de los diálogos sobre cambio climático a Francia en París este año. Además, desde 2010 ha hecho promesas ambiciosas para solucionar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos a la tierra como parte de su compromiso de proteger los bosques y mitigar el cambio climático. En relación con este último punto, el Perú se ha comprometido a reducir la deforestación neta a cero para 2021.

Como lo muestra el caso de Santa Clara, las tierras indígenas siguen siendo vendidas a las industrias extractivas y los agronegocios. Mientras tanto, las reformas jurídicas recientes pasadas en el Congreso peruano debilitan aún más los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, y un programa de titulación de la tierra por $80 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) amenaza con exacerbar más el problema en lugar presentar soluciones.  Los donantes internacionales de Perú  y los partidarios de sus programas de protección de los bosques como por ejemplo Noruega, Alemania y el Banco Mundial pueden respirar con alivio temporalmente, ya que una denuncia oficial presentada por AIDESEP ha logrado detener el proyecto, y el Mecanismo de Investigación Independiente del Banco le ha dado al BID 45 días para modificar el proyecto.

El estudio de la deforestación muestra que desde 2010, en lugar de disminuir la deforestación,  la tala del bosque ha ido en aumento en el Perú.  Los principales responsables detrás de este aumento incluyen la minería del oro y la conversión de bosques para las plantaciones del aceite de palma. El informe muestra que en la segunda mitad de 2013 las empresas de la palma de aceite deforestaron más de 13 000 hectáreas de bosque primario solamente en Ucayali y Loreto, convirtiendo a la palma aceitera en la segunda causa mayor de la deforestación en el Perú.  Mientras que la minería de oro es un problema viejo exacerbado por los aumentos dramáticos en el precio del oro en los últimos años, el aceite de palma sólo ha comenzado a expandirse desde 2012. Dicha expansión ha sido favorecida por las enormes brechas en el marco legal del Perú, y la voluntad y la capacidad de aplicar la legislación que es fácilmente explotada por las empresas como Plantaciones de Pucallpa. Uno de los culpables principales responsables por la expansión reciente en el aceite de palma es la red laberíntica de por lo menos 25 empresas establecidas en el Perú conocidas colectivamente como “las malasias”. Las investigaciones exhaustivas realizadas por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) mostraron que las empresas  están controladas en efecto por Dennis Melka, un empresario que fundó la empresa de agronegocios Malasia Asian Plantations.  

En efecto, investigaciones recientes han puesto de manifiesto la cadena de la destrucción causada por muchas de las operaciones de Melka en el Perú, incluyendo la deforestación ilegal de los bosques primarios de la región de Tamshiyacu por la empresa United Cacao Ltd, propiedad de Melka e inscrita en el Mercado de Alternativo Bursátil (Alternative Investment Market) de Londres pero registrada en las islas Caimán.  Esto refleja un patrón expuesto por la investigación de la EIA en la que sociedades ficticias se establecen en el Perú para llevar a cabo las operaciones, pero la identidad de los verdaderos propietarios y los financiadores se oculta en paraísos fiscales donde la información no divulgada.

Esta incapacidad para rastrear los patrocinadores de un producto como el aceite de palma significa que los propietarios y beneficiarios de las operaciones como las realizadas en Santa Clara no pueden ser obligados a rendir cuentas por sus violaciones de los derechos humanos y la deforestación.

Esto refleja los desafíos de la trazabilidad que enfrentan los compradores y consumidores del aceite de palma, que no pueden rastrear los orígenes de la totalidad del suministro.

Los gobiernos, los formuladores de las políticas mundiales y los grupos de la industria que se reunirán en París para la última ronda de negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas necesitarán abordar las cuestiones de la trazabilidad si se han de tomar en serio las promesas ambiciosas de grupos como el Foro de bienes de consumo y los operadores mundiales como Wilmar y Unilever de eliminar los abusos de derechos humanos y la deforestación de la cadena de suministro.

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