Normas voluntarias del sector privado

Uno de los objetivos de las normas voluntarias del sector privado es proteger las zonas de alto valor para la conservación
By
Sophie Chao

Normas voluntarias del sector privado

La indignación pública ante los expolios de negocios mal regulados ha conducido a un creciente reconocimiento de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y de que se necesitan  regulaciones más estrictas para mejorar la forma en que se fabrican los productos y asegurar que el medio ambiente y los derechos de los pueblos son respetados y protegidos. En la actualidad existe una mayor consciencia de que lo que se necesita urgentemente es fortalecer la administración medioambiental y la gobernanza de la tierra, las reformas de la tenencia de la tierra y una mejor  aplicación de leyes revisadas y justas. Tales reformas han surtido efecto lentamente, por lo que los consumidores y compradores han presionado para que los cambios sean más rápidos. Esto ha dado lugar a que el sector privado establezca sus propias normas para regular la producción y el procesamiento de productos básicos respetando los derechos, asegurando medios de vida favorables y sostenibles, y desviando la presión de áreas cruciales para los medios de vida locales y de alto valor de conservación. Se han formulado normas que reconocen la importancia de proteger los derechos consuetudinarios sobre la tierra y otros recursos naturales así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para, inter alia, la silvicultura, las concesiones madereras, el aceite de palma, la soja, el azúcar, la acuicultura, los biocombustibles y el secuestro de carbono.

Los principios de transparencia e intercambio de información recogidos en las normas voluntarias del sector privado significan que ahora las empresas miembro tienen la obligación de proporcionar datos sobre sus operaciones y proyectos a todas las partes interesadas. Esto ha abierto un espacio para que los grupos de la sociedad civil y las comunidades reaccionen más rápidamente a esos proyectos y tengan una mayor probabilidad de cambiarlos antes de que causen daños. Los mecanismos de denuncia y los paneles de reclamaciones establecidos por empresas, órganos de certificación y mesas redondas dedicadas a diferentes productos básicos se están utilizando activamente en la actualidad para iniciar mediaciones independientes y resolver disputas. El carácter de múltiples parte interesadas de las normas  voluntarias implica que tanto las ONG medioambientales y sociales como las organizaciones de la sociedad civil pueden opinar acerca de las decisiones y acciones de estos órganos y sus empresas afiliadas. La preocupación de los órganos de certificación y las empresas por su reputación proporciona cierta ventaja cuando las quejas no son atendidas adecuadamente.

Sin embargo, si nos fijamos en las normas aplicables a los productos básicos, resulta evidente que si bien los procesos de negociación de los textos entre las partes interesadas han fomentado un elevado grado de «propiedad» compartida de las normas, una consecuencia de su evolución por separado es que los diversos planes resultantes son dispares y a veces incluso abordan de maneras contradictorias cuestiones críticas como los derechos humanos, la tenencia de la tierra, la legalidad y la concesión de permisos, la seguridad de los medios de subsistencia, la prevención de riesgos y la resolución de disputas.

Hay que dirigir los esfuerzos no solo hacia la aplicación de estas normas sino también hacia su mejora y armonización. La supervisión y verificación continuas por parte de la sociedad civil han demostrado ser indispensables, incluso en el limitado número de historias exitosas que ha habido hasta ahora. A lo largo de 2012 y 2013 el Forest Peoples Programme, colaborando estrechamente con SawitWatch y otros socios, ha presionado también para que se mejoren los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible. Se han conseguido algunas mejoras en el nuevo proyecto de texto que los socios acaban de aprobar en una votación en abril de 2013.

Si bien la labor relacionada con las normas voluntarias del sector privado puede ayudar a elevar el límite máximo en lo que se refiere a los requisitos de respeto de los derechos humanos, es esencial trabajar hacia una reforma de los instrumentos jurídicos y la gobernanza para ayudar además a elevar el límite mínimo. Pero estos dos procesos no son  separados: en los últimos años las normas voluntarias del sector privado han sido utilizadas para colaborar con los gobiernos e identificar áreas que necesitan reformas jurídicas  de manera tal que las empresas estén mejor capacitadas para cumplir los requisitos voluntarios, sobre todo en las áreas en las que las leyes nacionales dificultan o incluso impiden que las empresas los cumplan.

Los defensores de los derechos humanos se enfrentan a preguntas difíciles cuando trabajan con normas voluntarias que requieren una reflexión mucho más profunda: ¿cuál es la jurisdicción de las normas voluntarias sobre las comunidades locales que no son socias de estos órganos o que incluso podrían desconocer la existencia de estas normas? Dado que hasta la fecha ninguno de los procedimientos establecidos en las normas ha sido activado por comunidades locales sin la ayuda de ONG locales, y a veces internacionales, ¿cómo se evita el riesgo de sustituir la voz de estas comunidades, en lugar de facilitar su acceso libremente determinado a estos procedimientos? y ¿están siendo utilizadas realmente las normas voluntarias para asegurar derechos y principios fundamentales y no negociables, como el del consentimiento libre, previo e informado, o simplemente para mitigar sobre la base de compromisos los impactos de los proyectos en las vidas de las comunidades afectadas?

Quizá lo más útil sea concebir las normas voluntarias como un instrumento más en la caja de herramientas de defensa de los derechos humanos. Evidentemente aún existe una gran diferencia entre la forma en que deberían funcionar y lo que de hecho son capaces de conseguir. Pero al mismo tiempo, ¿no es tener acceso a un sistema imperfecto mejor que nada?

Sophie Chao (FPP)

Fuentes relevantes:

Forest Peoples Programme, 2012: Free, Prior and Informed Consent and the RSPO: Are the companies keeping their promises? Findings and recommendations from Southeast Asia and Africa. Moreton-in-Marsh. Disponible en inglés en: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/rspofpic23oct12.pdf

Chao, S., 2012: Free, Prior and Informed Consent and oil palm expansion in Indonesia: Experiences in human rights advocacy with the palm oil sector. Ponencia presentada en la Consulta sobre la Apropiación de Tierras y las Plantaciones de Palma de Aceite en el Sudeste de Asia. Lentera y Universidad de Darma Agung, 5 – 10 de noviembre. Medan, Indonesia. Disponible en inglés en: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/fpicoilpalmexpansionmedanconferencepapersophie-chao.pdf

Chao, S., Colchester, M. y Jiwan, N., 2012: Securing rights through commodity roundtables? A comparative review. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Disponible en inglés en: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/securing-rights-through-commodity-roundtables-comparative-review.pdf