E-Boletín FPP Febrero 2012 (PDF Version)

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Estimados amigos:

Se podría decir que equilibrar la necesidad que tiene el ser humano de medios de vida decentes con el imperativo de asegurar nuestro medio ambiente es el mayor reto que enfrenta nuestro planeta. Esta lucha entre el «desarrollo» y la «conservación» se está manteniendo en el campo de las negociaciones mundiales de políticas, con las decisiones de los denominados «encargados de la formulación de políticas» impuestas sobre el terreno. Pero no todo va o debería ir de «arriba abajo». También surgen soluciones duraderas en la base, de «abajo arriba».

En este boletín celebramos el extraordinario logro del pueblo Wapichan que, después de un esfuerzo de 10 años elaborando un mapa y acordando cómo quieren utilizar sus tierras ancestrales en el sur de Guyana, ha publicado un plan integral para asegurar sus medios de vida y apartar 1,4 millones de hectáreas de bosque para destinarlas a la conservación. Los Wapichan esperan ahora que el Gobierno de Guyana asegure su territorio y que de esta manera haga efectivos estos planes. Ese ejemplo contrasta alarmantemente con el del caso del Parque Nacional de Kaeng Krachang en Tailandia, donde las fuerzas de seguridad han estado incendiando aldeas Karen y quemando sus reservas de arroz para expulsarlos de sus bosques. El FPP ha apelado junto con los Karen al Primer Ministro Tailandés para que detenga estos abusos. Esto es un ejemplo del viejo «modelo Yellowstone» de conservación de exclusión que pretende crear un espacio natural deshabitado en territorios de pueblos indígenas. Es un modelo de conservación que la mayoría de los conservacionistas ha rechazado en favor de un «nuevo paradigma» que respeta los derechos de los pueblos en zonas protegidas. En el Parque Nacional de Ob Luang del norte de Tailandia se acaba de realizar una evaluación piloto, bajo el recién acordado «mecanismo de Whakatane», para ver hasta qué punto se ha aplicado allí este nuevo enfoque. El equipo de observadores de la UICN, el FPP, las comunidades y ONG locales, y las autoridades de parques nacionales encontró que el personal de este parque había adoptado una política de gestión conjunta, había aceptado la presencia de comunidades Karen y Hmong en el parque, y había respaldado explícitamente los derechos de estas comunidades a sus tierras agrícolas y a regular la utilización sostenible de sus bosques.

Mientras tanto, volviendo al principio, las negociaciones en torno al cambio climático en Durban tuvieron resultados dispares. En la conferencia se acordó que las políticas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación debían ir más allá de fijar el carbono, y asegurar también los medios de vida y la distribución justa de los beneficios.  Sin embargo, las partes se mostraron reacias a aceptar la supervisión de los derechos, que es lo que los pueblos indígenas habían exigido. No obstante, el Programa ONU-REDD casi ha terminado de preparar sus directrices acerca de cómo se debe respetar  el consentimiento libre, previo e informado en programas forestales y climáticos. Además, en una reunión regional de instituciones nacionales de derechos humanos que se celebró en el sudeste de Asia, en la que se escucharon las voces de comunidades afectadas, pueblos indígenas y ONG, se aprobó la Declaración de Bali sobre los Derechos Humanos y la Agroindustria que apela a los estados para que protejan los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas, y para que los agronegocios respeten los derechos humanos.  Resulta alentador que los bancos internacionales que adoptaron los Principios de Ecuador hayan afirmado recientemente que van a observar las nuevas normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, las cuales exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para proyectos planificados en sus tierras.

Lo más difícil será conseguir que esas normas se apliquen en la práctica. En Indonesia hay comunidades que no pueden recurrir a la ley porque el poder judicial no es independiente y el marco legal es desfavorable. Por eso un socio del FPP, la ONG Scale Up, ha estado promoviendo procesos alternativos de resolución de conflictos. En Indonesia, el gobierno ya ha registrado más de 7000 disputas que necesitan desesperadamente una resolución. Muy lejos de allí, en Belice, unas empresas petroleras están ocupando tierras de pueblos Maya sin su consentimiento.  El «desarrollo» y la «conservación» no solo siguen enfrentados, sino que además se siguen imponiendo políticas de arriba abajo sin dar una oportunidad a la población local para que opine. El papel del FPP, cuando se lo piden, es dar apoyo a estos pueblos para asegurar que  tengan una voz decisiva sobre el uso de los recursos en sus tierras. Así es como puede haber un equilibrio entre «desarrollo» y «conservación».

Marcus Colchester, Director