El Gobierno de Perú está a punto de ampliar un proyecto de petróleo y gas en una reserva para pueblos aislados y en un lugar declarado patrimonio mundial por la UNESCO

Casa de una familia Machiguenga aislada dentro de la Reserva Nahua/Kugapakori
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Shinai, 2006

El Gobierno de Perú está a punto de ampliar un proyecto de petróleo y gas en una reserva para pueblos aislados y en un lugar declarado patrimonio mundial por la UNESCO

El Gobierno de Perú ha aprobado hace poco unos planes de expansión del proyecto Camisea de extracción de gas en el corazón de una reserva para pueblos indígenas aislados, y está pensando en aprobar otra concesión que podría solaparse con el Parque Nacional del Manu, un lugar declarado patrimonio mundial por la UNESCO. Estas decisiones amenazan las vidas y los derechos de sus habitantes y representan una infracción tanto del derecho internacional como de la legislación nacional peruana.

La «Reserva  Kugapakori, Nahua, y Nanti para pueblos en aislamiento y contacto inicial» fue establecida en el sudeste de Perú en 1990 para proteger los territorios y los derechos de los pueblos indígenas que viven en ella en situación de aislamiento voluntario de la sociedad nacional, o en las etapas iniciales de contacto con ella. El lote 88, una concesión de petróleo y gas que contiene los campos de gas natural de Camisea, y que ha sido explotado por el consorcio Camisea, dirigido por la empresa argentina Pluspetrol desde 2002, se solapa con la reserva, a pesar de su estatus protegido. La preocupación de la sociedad civil por los probables efectos del proyecto de gas en los habitantes indígenas de la reserva llevó al Banco Interamericano de Desarrollo a imponer unas condiciones estrictas al gobierno peruano cuando le concedió un préstamo para el proyecto en 2002. Como consecuencia en 2003 se hizo una nueva ley para la reserva que aclaraba que «queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales»[1]. En 2006 el Congreso peruano fue aún más lejos y promulgó una ley que supuestamente prohibía las industrias extractivas dentro de todas las reservas establecidas para pueblos aislados en Perú[2].

A pesar de este compromiso jurídico para limitar la explotación a las actividades existentes, el Gobierno de Perú y el consocio Camisea están siguiendo adelante con sus planes de expansión. El 13 de abril de 2012 el Ministerio de Energía y Minas aprobó la primera evaluación del impacto ambiental (EIA) que tendría la expansión de las actividades dentro del lote 88 en una zona conocida como San Martin Este. En principio, estas actividades consistirían en la construcción de, inter alia, 3 pozos, varias plataformas de perforación, una depuradora de agua, una estación de bombeo, un helipuerto e incluso un gaseoducto entre San Martín Este y uno de los pozos existentes (San Martín 3). Estas actividades requerirían intensos estudios sísmicos de 2D y 3D y afectarían directamente a varios asentamientos conocidos de Machiguenga que viven en la reserva[3]. En estos momentos se está preparando otra EIA para otra exploración dentro del lote 88, pero los detalles del alcance y la zona que se vería afectada no han sido revelados.

En realidad, los planes de expansión son aún más ambiciosos. Hace poco una fuente del Gobierno destacó que estaba previsto asignar una nueva concesión, el denominado «lote Fitzcarrald», antes de que acabe 2012. En abril el Ministro de Energía y Minas explicó que «el lote Fitzcarrald es la continuación del lote 88 [los campos de gas de Camisea], donde existen muchas posibilidades de encontrar gas [...] esperamos [asignarlo] en el plazo que tomen todos los trámites legales, pero es inmediato, este año de todas maneras»[4]. Los mapas provisionales de la nueva concesión[5] indican que es probable que cubra la sección este de la reserva incorporando las cabeceras del río Serjali y el río Manu, que se encuentra en el vecino Parque Nacional del Manu, declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

El derecho internacional y los derechos de los pueblos indígenas aislados

Las norma jurídicas internacionales son muy claras con respecto a la obligación de los estados de proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en etapas iniciales de contacto. En febrero de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó unas directrices especiales para su protección y concluyó que los estados deberían tomar medidas especiales para protegerlos, dada su «condición de extrema vulnerabilidad»[6]. Las directrices explican que esta vulnerabilidad se debe a la falta de inmunidad ante enfermedades traídas de fuera, lo que hace que sean vulnerables a «enfermedades que podrían amenazar su existencia»[7], pero también porque «no conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria, y que por lo tanto se encuentran en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad ante los diversos actores que tratan de acercarse a ellos…»[8].

Los Nahua, uno de los pueblos que viven en la reserva, ofrecen un trágico ejemplo de esa vulnerabilidad. En mayo de 1984 tuvieron su primer contacto cuando un pequeño grupo fue capturado por madereros que estaban intentando acceder a la valiosa madera de su territorio. En tan solo unos meses la población Nahua había quedado reducida a casi la mitad debido a brotes de infecciones respiratorias ante las que no tenían inmunidad[9]. Como consecuencia de las enfermedades y de que dependían de los madereros para obtener asistencia humanitaria, fueron incapaces de impedir que su territorio fuese ocupado por los madereros.

Uno de los pocos Nahua supervivientes describió así esta experiencia:

 «Entonces fue cuando la enfermedad se apoderó de nosotros, la enfermedad que acabó con mi pueblo. Toses, fiebres. Antes solíamos tener un poco de fiebre, pero nadie había tenido esa fiebre ardiente y nadie había tosido nunca. Intentamos curarla preparando plastas con ciertas hojas y aplicándoselas a los enfermos, pero no funcionó, no era el remedio adecuado. Solo sobrevivimos unos pocos, tan pocos... antes éramos tantos... pero ahora estamos casi acabados, y los buitres se comieron los cuerpos porque nadie los enterró. Así es cómo acabaron con mi pueblo.» (Traducción no oficial)

Debido a casos como este, la OACDH ha dejado bien claro que permitir la entrada de industrias extractivas como la extracción de madera, la minería y la extracción de petróleo o gas en sus territorios conlleva graves riesgos. Las directrices de la OACDH dejan claro a los gobiernos que «las tierras delimitadas por los Estados a favor de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, deben ser intangibles… [y en ellas] no deberán otorgarse derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales»[10].

Jorge Payaba, coordinador del Programa de Protección de Pueblos Aislados para FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios) explicó lo siguiente:

«El Estado peruano debe respetar los derechos de nuestros hermanos en aislamiento voluntario y en contacto inicial que viven en la reserva territorial. La expansión de las actividades del sector de los hidrocarburos en estos territorios indígenas tendrá consecuencias catastróficas para ellos; la caza y la pesca escasearán y sus vidas correrán peligro debido a la presencia de forasteros. Los efectos se propagarán incluso a zonas vecinas y como consecuencia otros grupos aislados que viven en zonas como el Parque Nacional del Manu también podrían verse afectados.» (Traducción no oficial)

Más vale prevenir que curar

Aún no se conoce la naturaleza precisa de los planes de expansión, ya que PeruPetro, la agencia del Gobierno peruano responsable de administrar las concesiones de hidrocarburos, respondió a las peticiones oficiales de aclaración de sus propuestas afirmando simplemente que «no se ha delimitado ninguna concesión en la zona de Fitzcarrald ni se están negociando los derechos sobre la concesión con ninguna empresa»[11]. Sin embargo aparentemente PeruPetro no se lo ha comunicado a PetroPerú, la empresa estatal de hidrocarburos que en una carta a Survival International explicaba que: «PetroPerú se ha estado coordinando con diferentes órganos estatales con el objetivo de explotar la zona conocida como “Lote Fitzcarrald”. En respuesta, PeruPetro y el Ministerio de Cultura nos han informado de que actualmente esta zona está establecida como reserva territorial, lo que significa que cualquier extracción comercial de recursos naturales solo se puede realizar cumpliendo la legislación que protege a las poblaciones indígenas y la conservación del medio ambiente»[12]. Mientras tanto la UNESCO también ha advertido del peligro que corre el Parque Nacional del Manu. Se trata de un caso excepcional en el que un organismo internacional tiene la oportunidad de impedir violaciones de los derechos humanos y daños al medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. Las organizaciones de pueblos indígenas de Perú y el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los pueblos de los Bosques) están impacientes por conocer los resultados de las intervenciones de la UNESCO ante el Gobierno de Perú.

[1] Decreto Supremo n.º 028-2003-AG, artículo 3

[2] La ley para la protección de pueblos aislados (2006) en Perú establece que las reservas son «intangibles» y que los únicos que pueden explotar sus recursos son sus habitantes.

[3] Resolución Directoral n.º 162-2012-MEM/AAE

[5] Salto al futuro como por un tubo (Caretas, 4 de abril de 2012)

[6] Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en Contacto Inicial de La región Amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, OACNUDH, Ginebra, febrero de 2012; párrafo 16.

[7] Ibíd.: pár. 62

[8]  Ibíd.: pár. 14 b)

[9] Shepard, G. Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian Societies, tésis doctoral. Universidad de California, 1999

[10] Ibíd.: par. 42 Es más, en dos ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado precauciones para proteger los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú[10] y Ecuador[10] cuya existencia estaba amenazada por actividades de extracción de madera ilegales. En sus decisiones la comisión pidió al Estado peruano y al Estado ecuatoriano que tomasen medidas para proteger sus territorios con el fin de salvaguardar eficazmente los derechos a la vida y la integridad de sus miembros.

[12] Carta de PetroPeru a Survival International con fecha 4 de junio de 2012

Ruta del gaseoducto de Camisea, Valle del Urubamba
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A Goldstein, 2003