Las organizaciones indígenas se oponen a la expansión de Camisea al tiempo que Perú pospone la decisión de crear una nueva concesión

Un campamento abandonado de los Mashco Piro en una playa dentro de la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, Perú
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Forest Peoples Programme

Las organizaciones indígenas se oponen a la expansión de Camisea al tiempo que Perú pospone la decisión de crear una nueva concesión

El 2 de noviembre de 2012 cuatro organizaciones indígenas peruanas hicieron pública una declaración en la que se oponían a los planes recientemente aprobados de expandir las operaciones en los campos de gas de Camisea[1] del sudeste del país, que amenazarían la «supervivencia física y cultural» de los pueblos indígenas en «aislamiento voluntario» y en contacto inicial. Esta expansión está prevista dentro de la reserva para pueblos aislados Kugapakori-Nahua-Nanti, que se supone que está fuera de los límites permitidos a las industrias extractivas. No obstante, hace unos meses el Ministerio de Energía y Minas peruano aprobó una evaluación del impacto ambiental (EIA) para la primera fase de expansión, pese a ser cuestionado por INDEPA, el departamento de asuntos indígenas del Gobierno peruano, y por organizaciones indígenas.

En una declaración[2] publicada el 2 de noviembre, las organizaciones indígenas AIDESEP, FENAMAD, ORAU y COMARU expusieron que:

«El fomento de inversiones en proyectos de generación de energía no tiene por qué violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, los cuales, como se ha puesto de manifiesto por el contacto al que se les ha obligado en los últimos años, son sumamente vulnerables. Pese a que es necesario satisfacer la demanda nacional de energía en las próximas décadas, debe hacerse de acuerdo con las obligaciones sociales y ambientales y respetando los derechos de los pueblos indígenas más vulnerables, según lo dispuesto en nuestra Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Instamos al Gobierno a instaurar políticas de protección de los pueblos aislados basadas en el respeto por la visión del mundo que poseen los indígenas amazónicos, y no en la extracción de los recursos naturales».(Traducción no oficial)

Tres días después, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D. C., la expansión de las operaciones en Camisea fue condenada por el presidente de FENAMAD, Jaime Corisepa. La audiencia trataba de los pueblos «aislados» de todo el continente, pero Corisepa hizo especial hincapié en su país natal:

«Quisiera exponer con más detenimiento el caso de Perú», informó a la Comisión. «Por ejemplo, la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, a la que el Estado ha otorgado reconocimiento jurídico, lleva más de veinte años soportando operaciones de extracción de petróleo y gas».

La declaración del 2 de noviembre sigue a otra de agosto[3] suscrita por las mismas cuatro organizaciones para expresar su oposición a la creación de una concesión totalmente nueva, el lote Fitzcarrald, al este del lote 88, y a una carta sobre ambos lotes dirigida a tres Relatores Especiales de las Naciones Unidas [4] a principios del mismo mes. El lote Fitzcarrald amenaza con abrir todavía más la reserva a la explotación de gas, así como parte del Parque Nacional del Manu, declarado patrimonio mundial por la UNESCO, lo cual ha llevado a la UNESCO a insistir al Gobierno peruano en que la exploración de petróleo y gas no es compatible con dichos lugares. [5] En abril, el ministro de Energía de Perú declaró que el lote Fitzcarrald se crearía antes de acabar el año, pero Perupetro anunció hace poco el aplazamiento de su próxima «ronda de licitación» de petróleo y gas, en la que se presentan los nuevos lotes, hasta 2013[6]. ¿Es posible que el empeño de organizaciones indígenas y organizaciones internacionales de derechos humanos haya influido en esta decisión? El tiempo lo dirá.