Organizaciones indígenas piden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno peruano proteja los derechos de pueblos en aislamiento voluntario

AIDESEP, FENAMAD, DAR y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Organizaciones indígenas piden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno peruano proteja los derechos de pueblos en aislamiento voluntario

El 1 de noviembre de 2013 una serie de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Perú, a saber, FENAMAD, AIDESEP y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentaron pruebas en una audiencia ante la Comisión Interamericana.Los peticionarios documentaron que el Gobierno peruano no había proporcionado protección efectiva a pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú.Posteriormente AIDESEP publicó una nota de prensa en la que señalaba que «fue lamentable que el Estado eludiera las denuncias y respondiera con una indolente y aburrida enumeración de leyes y reglamentos, sabiendo que no se cumplen (...) La propia CIDH les aclaró que no basta enumerar leyes, sino demostrar que se cumplen y se protege la vida de dichos pueblos, que corren peligro».Entre otras se presentaron pruebas de que el Estado no ha tomado medidas para proteger a los pueblos que viven en aislamiento voluntario dentro de reservas oficialmente creadas, y que se han violado continuamente sus territorios (muchos de los cuales se solapan con concesiones de petróleo, gas y extracción de madera). Estas violaciones se producen a pesar de que en 2007 el Congreso de Perú aprobó una ley específica que exige implementar políticas y planes para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.La petición se centró concretamente en el caso de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, que está amenazada por los grandes planes de expansión del proyecto de gas de Camisea en el lote 88.Entre estos planes se incluye la construcción de 21 pozos de exploración, la construcción de un gasoducto de 10 km y cientos de kilómetros de pruebas sísmicas, todo dentro de una reserva en la que se supone que este tipo de actividades está prohibido.La presentación enfatizó que, según las observaciones oficiales hechas por el Viceministerio de Interculturalidad en mayo de 2012, la salud, actividades económicas tradicionales y formas de vida de los pueblos indígenas en «aislamiento voluntario» (“pueblos aislados”) y «contacto inicial» de la región se verían gravemente afectados por los planes de expansión, y dos de ellos, el pueblo Nanti y el pueblo Kirineri, podrían “extinguirse|”.Sin embargo, cambiando vergonzosamente su posición, el VMI retiró el informe poco después en circunstancias sospechosas, a lo que hay que añadir la dimisión de 3 figuras destacadas del Viceministerio.La aprobación de los planes de expansión sigue pendiente de la decisión inminente del VMI.Los peticionarios solicitaron que el Gobierno peruano modifique la ley para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario de acuerdo con las leyes internacionales de derechos humanos y el principio de que las actividades económicas deben estar prohibidas en los territorios de estos pueblos.Asimismo exigieron la anulación de todas las concesiones que se solapen con los territorios de pueblos en aislamiento voluntario y, en el caso de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, exigieron medidas para proteger a dichos pueblos frente a las operaciones del lote 88.Daysi Zapata, Vicepresidenta de AIDESEP, concluyó la presentación con las siguientes palabras: «Hay leyes, protocolos y planes, pero que están de adorno, y una realidad de abandono y peligro. Responsabilizamos el Estado si muere un hermano aislado y pedimos a la CIDH acciones urgentes en defensa de la vida».Más información:

 

Audiencia de la Comisión Interamericana sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
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Vicepresidenta de AIDESEP
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