La falta de una política eficaz de salvaguardias en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil

La falta de una política eficaz de salvaguardias en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil

A pesar de que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil es un signatario del Protocolo Verde, que vincula los tipos de interés y las condiciones favorables de los préstamos a la adopción de normas sociales y ambientales, y de la iniciativa del Banco de formular una política específica para el sector de la ganadería, su política ambiental sigue siendo muy vaga y carece de transparencia y criterios concretos.

De conformidad con las disposiciones de la ley de 1981 que establece la Política Nacional de Medio Ambiente y la Ley de crímenes ambientales de 1998, el BNDES es responsable, junto con los ejecutores, de los daños sociales o ambientales causados por las actividades que financie. Este hecho debería inducirle a establecer mecanismos adecuados para supervisar los impactos de las actividades y la eficacia de las medidas de compensación.

El BNDES ha tenido una división específica para el medio ambiente desde 1989, dentro de la cual se analizan los requisitos para la aprobación de proyectos, y se financian los denominados «negocios sostenibles». Según la información publicada en el sitio web de este banco todos los proyectos presentados ante el BNDES son clasificados en función del riesgo ambiental y reciben recomendaciones sociales y ambientales que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de análisis. En aquellos casos que tendrían un gran impacto sobre la tierra, los proyectos son supuestamente sometidos a una política específica para realizar operaciones en las circunstancias en cuestión.

Oficialmente el único procedimiento reconocido como significativo y que debe ser considerado como salvaguardia en el proceso de análisis de proyectos que van a ser financiados por el Banco es la verificación del cumplimiento de la legalidad por parte de los proyectos y de la idoneidad del equipo de implementación. Ese análisis tiene en cuenta el Registro de Empresarios que han mantenido a los empleados trabajando en condiciones similares a la esclavitud, las sanciones o condenas relacionadas con actos de discriminación racial o de género, la mano de obra infantil o esclava, el acoso psicológico o sexual, o los crímenes ambientales, además de la validez de permisos ambientales debidamente certificados por las autoridades pertinentes.

En lo que respecta a los posibles impactos ambientales de los proyectos en cuestión, el BNDES considera que la presentación del permiso ambiental para el proyecto es suficiente, y se limita a comprobar la validez del permiso, independientemente de las sanciones administrativas debidas al incumplimiento de las condiciones y otras obligaciones relativas a la prevención, mitigación y compensación de impactos. El Banco no está interesado en supervisar los impactos de los proyectos, y mucho menos la eficacia de las medidas de compensación especificadas para los daños sociales y ambientales resultantes de cada uno de ellos.

El Banco afirma que verifica el cumplimiento socio-ambiental de sus proyectos mediante la aplicación de una simple lista de verificación de cumplimiento formal de la legislación ambiental y laboral.. Esto a pesar de que el BNDES  es consciente de las limitaciones de los sistemas oficiales de seguimiento, control y vigilancia de las autoridades pertinentes en cada caso.

En teoría, además de los informes oficiales, el Banco debería adoptar medidas como por ejemplo: «realizar estudios complementarios, recomendar ajustes en el proyecto, ofrecer recursos para fortalecer las medidas de mitigación, estimular la realización de inversiones sociales y ambientales de ámbito interno (empleados y cadena de suministro) y externo (desarrollo local, sociedad y medio ambiente), retener el apoyo financiero en el caso de que no cumplan la legislación sobre riesgos sociales y ambientales aplicable. En el caso de operaciones indirectas automáticas realizadas por instituciones financieras acreditadas, el Banco confía en que los agentes financieros verifiquen el cumplimiento de la legislación social y ambiental por parte del cliente y con la prestación de apoyo al proyecto financiado.»[1]

Sin embargo, las situaciones en las que se recurre a tales opciones o siquiera se consideran son muy raras.

Además de la falta de procedimientos claros para exigir el cumplimiento de las políticas establecidas y la falta de sanciones establecidas en el caso de incumplimiento, su supervisión deja bastante que desear. En lo que respecta al cumplimiento de los permisos ambientales y sus condiciones, el BNDES basa su evaluación en los informes publicados por las autoridades ambientales que, a su vez, basan su evaluación en los informes de los ejecutores de los proyectos.

En otras palabras, en estos momentos no hay un sistema que asegure la supervisión independiente de los proyectos del Banco en lo que respecta al cumplimiento de las salvaguardias. Por lo tanto es esencial que el BNDES establezca mecanismos garantizados para evaluar los impactos de los proyectos que financia, con transparencia y utilizando metodologías y criterios predefinidos, para hacer posible la vigilancia social y la verdadera supervisión de las inversiones.

Adriana Ramos[2] y Biviany Rojas Garzón[3]

[1] Política social y ambiental del BNDES: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Politica_Socioambiental/, consultada en marzo de 2013. TRADUCCIÓN NO OFICIAL.

[2] Secretaria Ejecutiva Adjunta del Instituto Socioambiental (ISA), www.socioambiental.org.

[3] Abogada del Programa Xingú del Instituto Socioambiental.