Controvertida adjudicación de dinero noruego para la REDD «sin salvaguardias»

Controvertida adjudicación de dinero noruego para la REDD «sin salvaguardias»

El desalentador lento progreso de las negociaciones intergubernamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impulsó al Gobierno noruego a dar rápidamente salida a su propio dinero en mayo, a través de un mecanismo paralelo especial de financiación para pagar a países  vías de desarrollo por reducir sus emisiones derivadas de la deforestación. Inicialmente el proceso se puso en marcha con una participación mínima, pero en respuesta a las protestas, el Gobierno noruego insistió en que exigiría el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y una gobernanza razonable. Esas promesas están empezando a parecer falsas. 

Su resolución fue sometida a prueba por primera vez en Guyana, donde los noruegos accedieron a utilizar una forma creativa de pasar 250 millones de USD de sus arcas a Guyana a través del Banco Mundial, sin exigir que la financiación global fuera evaluada aplicando las políticas de salvaguardia del Banco mundial (ver boletín electrónico del FPP de julio). No se ha hecho ningún progreso en la resolución de las reclamaciones que han hecho los Amerindios pidiendo que se les devuelvan sus tierras y sus bosques, a parte de pequeños títulos concedidos para sus aldeas y para terrenos agrícolas restringidos que no abarcan los territorios a los que tienen derechos en virtud de tratados internacionales ratificados por Guyana.  

Si bien el asunto de los derechos de los Amerindios aún no está resuelto, el Gobierno guyanés ha anunciado que una gran parte de los fondos noruegos va a ser destinado a construir una controvertida presa en medio de los bosques del interior, cerca de las cataratas Amaila. Lo que nadie sabe es cómo va a ayudar eso a frenar la deforestación. Apenas pasa un día en Guyana sin que  se publiquen en la prensa local denuncias de deshonestidad y engaño en la forma en que se evaluó y adjudicó este proyecto. La compañía a la que se ha adjudicado el contrato para las construcción de las carreteras necesarias no tiene experiencia en este campo y en estos momentos va retrasada. 

El Gobierno noruego también ha prometido 1000 millones de USD a Indonesia durante los próximos 5 años para frenar la deforestación. ¿Protegerá ese dinero los derechos de los pueblos de los bosques sobre sus tierras y bosques o fomentará un mayor control del Gobierno central? Las ONG han hecho correr ríos de tinta intentando persuadir al Gobierno noruego de que ese dinero no va a hacer ningún bien a no ser que se protejan primero los derechos de los pueblos de los bosques y se asegure una buena gobernanza. Sin embargo, cuando se publicó, la carta de intención estaba llena de ambigüedades. En vez del requisito propuesto de proteger los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno indonesio se limitó a prometer una «participación plena y efectiva, sujeta a las leyes nacionales e instrumentos internacionales aplicables». Dada la fragilidad de los derechos de los que disfrutan los pueblos indígenas al amparo del derecho nacional, y la falta de respuesta por parte del Gobierno cuando órganos de la ONU recomendaron reformas para fortalecer dichos derechos, esta promesa resulta insuficiente.

La organización nacional de los pueblos indígenas ha insistido en que se tomen medidas para proteger sus derechos. Incluso la promesa aparentemente exagerada del Gobierno indonesio de detener completamente la distribución de permisos de deforestación durante dos años ha resultado ser menos de lo que parecía. En primer lugar, la moratoria no comenzará hasta 2011. En segundo lugar no se aplicará a empresas que ya hayan obtenido algún permiso. ¿Qué tipo de permisos? Según SawitWatch, la ONG indonesia que vigila al sector del aceite de palma, los gobiernos provinciales ya han concedido permisos de arranque de obras en más de 26 millones de hectáreas. A pesar de ello, portavoces tanto del sector de las plantaciones de palma de aceite como del de las plantaciones madereras han estado exigiendo disposiciones especiales que les permitan continuar expandiéndose.

Actualmente la prensa local está informando de que uno de los negociadores más destacados del Gobierno con los noruegos ha sido acusado de aceptar sobornos. Esta acusación es muy preocupante, ya que Indonesia tiene un historial pésimo de corrupción: en la pasada década de los 90 se malversaron más de 85 000 millones de USD del Fondo de Reforestación del Gobierno. La defensa de sólidas salvaguardias para proteger los derechos de los pueblos y la buena gobernanza está más justificada que nunca. ¿Pero está escuchando alguien?