La situación de los pueblos indígenas en Paraguay: sus tierras y las leyes que los deberían proteger

La situación de los pueblos indígenas en Paraguay: sus tierras y las leyes que los deberían proteger

El 12 de noviembre de 2015 el Forest Peoples Programme (FPP) y su socio en Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) publicaron un conjunto de informes complementarios que describen la situación actual de los pueblos indígenas, sus tierras, recursos y territorios en Paraguay, junto con el marco jurídico nacional que está destinado a respetar, promover y proteger sus derechos. Muchos han argumentado que la última “apropiación” importante de tierras, recursos y territorios indígenas no se producirá como parte de grandes proyectos de infraestructura, sino como parte de iniciativas de conservación y de protección de los recursos.

Los dos informes, Situación Territorial de los Pueblos Indígenas de Paraguay y Estudio del Marco Legal de Paraguay sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas relacionados con los posibles Proyectos de REDD +, son el resultado de más de tres años de trabajo por parte de la FAPI, las comunidades indígenas de Paraguay y el FPP. Ambos informes han sido financiados por el Programa Internacional sobre el Clima y los Bosques de NORAD (informes disponibles solamente en español).

El objetivo de los estudios de campo, las colaboraciones técnicas y los informes finales fue i) presentar los resultados de numerosos talleres en los que las comunidades evaluaron la situación territorial de los pueblos indígenas en Paraguay, ii) formular recomendaciones para la recuperación de tierras y territorios indígenas ahora en manos del Estado o de particulares, iii) examinar el apoyo de la legislatura nacional aplicable a los pueblos indígenas así como sus posibles deficiencias y lagunas, y (iv) proporcionar el marco apropiado para informar las políticas nacionales e internacionales y los programas de REDD + y otras iniciativas de desarrollo y conservación que podrían afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas de Paraguay.

El estudio de la tierra indicó que los pueblos indígenas de Paraguay se encuentran a menudo con títulos de propiedad de simples parcelas de tierra que no reflejan la extensión de sus territorios tradicionales. Tales parcelas, que han sido sancionadas por la ley pero no son coherentes con los deberes y obligaciones de Paraguay a nivel nacional e internacional, fragmentan los territorios y los pueblos, y dejan las tierras expuestas a intereses privados (productores de soja, ganaderos y grandes empresas agroindustriales) que son los principales responsables de la deforestación. Como resultado, es poco probable que los futuros beneficios de los programas de conservación y cambio climático lleguen a los verdaderos propietarios: los pueblos indígenas. Entre 2006 y 2010 una décima parte de la región del Chaco fue convertida en granjas, y entre 2010 y 2012 se destruyeron 1,2 millones de hectáreas de bosque, con el consentimiento y/o la autorización expresos del Gobierno de Paraguay, al mismo tiempo que se perseguían con gran retórica fondos del Programa ONU-REDD + y de otros fondos de conservación.

La normativa nacional, consistente en la Constitución, la legislación de Paraguay y todos los tratados internacionales de derechos humanos y de medio ambiente ratificados por el Estado (incorporados en la legislación nacional en virtud de la Constitución) forman un considerable corpus jurídico que incluye protecciones para los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sobre sus tierras, recursos y territorios. No obstante hay una serie de deficiencias tanto en la letra como en la aplicación de esta normativa y las leyes sólo ofrecen algún recurso. El estudio legal lleva a las siguientes conclusiones:

  1. Todavía hay ciertas protecciones de derechos humanos que no se rigen por el derecho interno. Por ejemplo, el derecho internacional reconoce la personalidad jurídica de todos los “pueblos” indígenas pero en Paraguay este derecho solamente lo tienen garantizado en la práctica las “comunidades”, y sólo pueden tener títulos de propiedad de sus tierras las comunidades singulares, no un “pueblo” en su totalidad. También hay una limitación en la descripción de lo que constituye tierras y territorios indígenas (permitiendo restricciones sin precedentes del tamaño y teniendo únicamente en cuenta la posesión actual, sin considerar también la utilización tradicional o real).
  2. En la práctica muchas leyes carecen de una implementación adecuada. Esta carencia se expresa en la falta de recursos judiciales justos y rápidos, y en la ausencia de medidas administrativas efectivas para la salvaguarda de los derechos (por ejemplo medidas adecuadas para procesar las solicitudes de tenencia y restitución de tierras que presenten los pueblos indígenas).
  3. A menudo no existe la voluntad política para implementar medidas, a veces debido a la falta de recursos y capacidad institucionales, otras debido a que no hay mecanismos para armonizar las incoherencias entre las leyes pertinentes a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Estatuto de Comunidades Indígenas y la Constitución de Paraguay describen la propiedad indígena de maneras muy diferentes, lo que conduce no sólo a retrasos sino también a formas de reconocimiento que son incompatibles con los deberes y las obligaciones que Paraguay ha contraído en virtud del derecho nacional e internacional.

Todos los Gobiernos, instituciones financieras y organizaciones de conservación nacionales e internacionales que tengan un interés o inversión en la ONU REDD + y otros esquemas que afectan los recursos naturales de Paraguay, deberían leer ambos informes.