¿La financiación de carbono perjudica a los pueblos de los bosques? Pruebas recogidas en Madagascar

¿La financiación de carbono perjudica a los pueblos de los bosques? Pruebas recogidas en Madagascar

El Acuerdo de París de diciembre de 2015 alienta a los países «a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos basados en los resultados [...] incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques» (artículo 5) como instrumento clave de política para la mitigación del cambio climático.

El Acuerdo también reconoce la necesidad de respetar los derechos humanos en todas las acciones por el clima. En principio toda nueva inversión en zonas protegidas y proyectos de REDD+ que hagan el Banco Mundial y otros donantes internacionales está sujeta a firmes salvaguardias sociales. Dichas salvaguardias deberían ser diseñadas de tal manera que garanticen que un proyecto respete y no perjudique los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Actualmente las salvaguardias de la convención sobre el cambio climático de la ONU van más allá y exigen que los fondos destinados a reducir las emisiones de carbono aporten beneficios adicionales sociales y «no relacionados con el carbono», aunque las salvaguardias del Banco Mundial no llegan a tanto.

Una nueva investigación realizada en la selva tropical oriental de Madagascar ha demostrado que una zona protegida y un proyecto de REDD+ ni siquiera están compensando a los habitantes de los bosques más afectados por las nuevas restricciones impuestas a sus medios de vida tradicionales. El equipo de investigación, de la Universidad de Antananarivo y la Universidad de Bangor en el Reino Unido, investigaron cómo se habían aplicado salvaguardias sociales en un proyecto piloto de REDD+ desarrollado en una nueva zona protegida de 382 000 ha en el corredor Ankeniheny-Zahamena (CAZ) dirigido por Conservation International con financiación del Banco Mundial.

El Dr. Mahesh Poudyal de la Universidad de Bangor dice: «Se supone que las personas más negativamente afectadas por las medidas de conservación tienen que recibir compensación, y que a la hora de darla hay que tener en cuenta a las personas especialmente pobres o vulnerables. Hemos encontrado que la compensación ha llegado desproporcionadamente a aquellos más fácilmente accesibles (por ejemplo los que viven más cerca de los centros administrativos locales), que tienen un nivel económico relativamente mejor y ocupan puestos de autoridad locales. Si bien eso no sorprenderá a nadie que esté familiarizado con un problema que se suele dar en proyectos de desarrollo, el desvío de recursos por parte de la élite local en su propio interés, creemos que es un hallazgo significativo especialmente en esta fase del proceso mundial de desarrollo de sistemas de salvaguardia para nuevos proyectos de REDD+».

En una entrevista reciente en la BBC la profesora Julia Jones, también de la Universidad de Bangor, dio la siguiente explicación: «hemos marcado en un mapa todos y cada uno de los hogares que deberían haber recibido compensación y hemos observado que... en el proceso hubo algunos prejuicios bastante graves. Básicamente se seleccionó a las personas que eran más fáciles de contactar físicamente, por ejemplo las que vivían más cerca de la carretera o del centro administrativo. También eran las mejor conectadas socialmente, por ejemplo miembros de los comités locales de gestión forestal, y en promedio tenían un mayor nivel económico, o al menos eran menos pobres».

Los investigadores identifican tres problemas que dificultan que una evaluación de las salvaguardias sociales cubra eficazmente los hogares correctos a la hora de dar compensación: a) la información deficiente sobre la ubicación de las comunidades y el difícil acceso a las mismas, que impiden que la información llegue a hogares remotos, b) la reticencia de las personas que dependen de la agricultura itinerante a revelar su medio de vida por miedo a sanciones del Gobierno, y c) la dependencia de los evaluadores de las salvaguardias en las instituciones locales que no son representativas. Sugieren que en casos en los que probablemente los costos de un proyecto de carbono recaigan en la mayoría de los hogares y sea difícil identificar a los que efectivamente se vean afectados, la estrategia óptima, de conformidad con las salvaguardias, podría ser una compensación general que cubra a todos los hogares de las comunidades afectadas.

El profesor Bruno Ramamonjisoa de la Universidad de Antananarivo dice: «Los bosques de Madagascar son increíblemente valiosos y deberían estar protegidos. Sin embargo para que la conservación tenga éxito hay que incluir a la población local y ofrecerle oportunidades para beneficiarse de la conservación, no dejar que se empobrezcan más a causa de ella».

Las salvaguardias acabarán fracasando a no ser que las comunidades afectadas y los titulares de los derechos sean conscientes de que tienen esos derechos y se les capacite para exigir compensación cuando las salvaguardias fallen. Esta investigación demuestra que los actuales compromisos de salvaguardia no siempre se cumplen, y los que aplican las salvaguardias sociales en programas de REDD + no deberían seguir haciendo las cosas como siempre.

Cuando se trata de medios de vida locales, los proyectos forestales y climáticos deben respetar las normas internacionales pertinentes y las obligaciones del país, incluido el artículo 10 c) del CDB, que exige a las Partes proteger la utilización consuetudinaria sostenible de los bosques y otros recursos biológicos. Esta obligación cubre los sistemas de cultivo itinerante, que a menudo son sostenibles. La responsabilidad de reconocer y proteger los derechos relacionados con la tierra y los medios de vida recae en el promotor del proyecto y en el Gobierno anfitrión. Si se proponen restricciones en la agricultura u otros medios de vida locales, antes hay que demostrar que son insostenibles. Asimismo, en el caso de los pueblos indígenas y tribales se debe aplicar la norma fundamental del CPLI a toda propuesta que limite su derecho a continuar con sus medios de vida y sus prácticas culturales, y a toda medida que pueda afectar a su derecho a la alimentación. En resumen, limitar los medios de vida locales debe ser el último recurso y debe estar sujeta a un acuerdo previo con las comunidades a través de sus representantes libremente elegidos.

El informe de la investigación de la revista Global Environmental Change está disponible aquí: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801630005X