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La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

¿Cómo obligar al sector del aceite de palma a rendir cuentas?

Las plantaciones de palma de aceite continúan expandiéndose rápidamente por todo el mundo. El país que encabeza esta tendencia, Indonesia, ha dejado atrás a Malasia y se ha convertido en el mayor productor. Según los últimos datos que ha proporcionado la ONG indonesia SawitWatch que vigila a este sector, actualmente las plantaciones de palma de aceite de Indonesia cubren 11 millones de hectáreas, mientras que hace tan solo cinco años cubrían 6 millones. Las nuevas plantaciones se están dispersando por islas más pequeñas del archipiélago y por las zonas menos desarrolladas del este de Indonesia. Las esperanzas de que una promesa presidencial de una moratoria de 2 años sobre la tala de bosques frenaría la expansión de este cultivo (parte de un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) también se han evaporado ya que el Gobierno ha excluido de la moratoria zonas donde ya se han entregado permisos preliminares.