Naciones Unidas pide al Gobierno de Ucayali derogar ordenanza que incrementará deforestación y tráfico de tierras del pueblo shipibo

FECONAU at the Constitutional Court
FECONAU at the Constitutional Court

Naciones Unidas pide al Gobierno de Ucayali derogar ordenanza que incrementará deforestación y tráfico de tierras del pueblo shipibo

Ginebra, 31 de octubre de 2019

Las Naciones Unidas ha pedido al Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) la derogación de una ordenanza que iniciaría la remoción de protecciones sobre un área de 3.5 millones de hectáreas de Bosque de Producción Permanente (BPP) y facilitaría la invasión de territorios indígenas. Eso expone a por lo menos 100,000 hectáreas a amenazas inmediatas de colonización y operaciones de agro-negocios.

La solicitud viene en un comunicado formal [1] del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (UNCERD) y dice: Las acusaciones revisadas por el Comité, si son verificadas, significarían una violación de la obligación del Estado de reconocer y proteger los derechos de la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya a poseer, desarrollar, controlar y usar las tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente… El Comité quiere recordar la Recomendación General del Comité No.23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad de asegurarse que no se tome ninguna decisión que afecte directamente los derechos de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.”

La carta de UNCERD llegó en respuesta a una solicitud presentada por organizaciones de la sociedad civil en julio de 2019, bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente del UNCERD. La solicitud subrayaba cómo los planes de GOREU llevarían a la deforestación a gran escala así socavando los compromisos climáticos y de biodiversidad del Perú. Además, tendrá el efecto de sabotear los esfuerzos de la comunidad durante muchos años de obtener el reconocimiento legal de su territorio. El GOREU tiene hasta el 18 de noviembre para responder.

Además, el Comité insta al GOREU a tomar medidas especiales para proteger los derechos de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en el contexto del conflicto en curso en su territorio. Dicho conflicto esta asociado a la conversión a plantación de palma aceitera de 7000 hectáreas de su territorio tradicional. Las medidas que propone el UNCERD incluyen:  

  1. Considérese cancelar la Ordenanza Regional No. 010- 2018-GRU-CR, adoptada recientemente por el Gobierno Regional de Ucayali
  2. Asegurar el cumplimiento pleno y adecuado de la obligación de consultar con la intención de obtener el consentimiento libre, previo e informado.
  3. Proteger a los miembros de la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya de la intimidación, el acoso, las amenazas y los ataques de parte de grupos de traficantes de tierras presentes en el territorio ancestral de la comunidad.

Miguel Guimaraes, Presidente de FECONAU, una de las organizaciones que suscribieron la solicitud al Comité en julio, dijo: “Damos la bienvenida a la intervención del UNCERD y hacemos un llamado a los medios de comunicación para que aseguren que nuestros Gobiernos en Ucayali y Lima rinden cuenta por su falta de respetar y garantizar el territorio de Santa Clara de Uchunya y cientos de otras comunidades indígenas en la Amazonía peruana durante muchos años. Estas tierras están ahora a la merced del agro-negocio, la tala y una expansión masiva de tráfico de tierras que es endémico en nuestra región.

El Comité, que es conformado por expertos internacionales autorizados para interpretar la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, un tratado cuyas previsiones son vinculantes para el Gobierno del Perú.

La carta de UNCERD es el segundo comunicado de las Naciones Unidas en pocos días. La semana pasada el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas presentó su informe legal al Tribunal Constitucional del Perú que está evaluando una demanda presentada por la comunidad de Santa Clara en 2016. La demanda busca la restitución y restauración de sus tierras que fueron adquiridas ilícitamente por la empresa de aceite de palma ahora llamada Ocho Sur P (antes Plantaciones de Pucallpa). El informe resalta la obligación legal del Perú con respecto a los territorios tradicionales no titulados de los pueblos indígenas.

Las dos intervenciones de las Naciones Unidas vienen en un momento clave en la larga lucha de la comunidad, porque este caso de referencia está acercándose a su conclusión con una decisión definitiva de la corte esperada antes de fin de año.

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[1] Traducción no oficial al español