Comienza audiencia en Bogotá para decidir si el Estado colombiano está luchando contra la deforestación en la Amazonía

Amazon rainforest at sunset
Amazon rainforest at sunset

Comienza audiencia en Bogotá para decidir si el Estado colombiano está luchando contra la deforestación en la Amazonía

En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró en virtud de la sentencia STC 4360 al bosque tropical del Amazonas como un “sujeto de derechos”, y que dichos derechos deben ser respetados. La Corte ordenó que el Estado debe tomar medidas a nivel nacional y local para proteger estos derechos, defender el bosque y combatir el cambio climático.  Esta sentencia histórica consistió de cuatro órdenes principales:

  1. Formular planes de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonía.
  2. Crear un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano  (PIVAC).
  3. Actualizar e implementar los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en toda la región.
  4. Llevar a cabo un Plan de Acción para contrarrestar la deforestación según lo informado por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) a través de medidas policiales, judiciales o administrativas.

Durante el mes de octubre, la Corte convocó una primera etapa de audiencias en Bogotá con el fin de verificar si el Estado colombiano está manteniendo su decisión histórica. Una segunda etapa de audiencias continuará en noviembre para escuchar más testimonios, incluyendo los de los pueblos indígenas amazónicos.

Según la organización no gubernamental colombiana DeJusticia, los primeros días de la audiencia produjeron algunos resultados importantes. La organización señala en particular el gran interés de los ciudadanos colombianos y del público en general -especialmente de los jóvenes activistas- por defender el bosque tropical. También observa la presencia muy importante de organizaciones ambientales e indígenas en la audiencia, a quienes se les ha dado la oportunidad de actuar como observadores, hacer preguntas y ayudar a asegurar que los efectos perjudiciales que la deforestación tiene sobre las comunidades étnicas y rurales se expliquen adecuadamente. Los jueces han escuchado activamente las intervenciones y formulado sus propias preguntas con el fin de tener un mejor entendimiento de la situación en la región. También han solicitado informes de organizaciones como Parques Nacionales y la Agencia Nacional de Tierras sobre las acciones que han tomado para detener la deforestación.

Sin embargo, los avances en los procesos judiciales aún superan con creces la falta de acción en nombre de las autoridades estatales. El Gobierno no ha presentado hasta la fecha ninguna actualización sobre la creación del Plan de Acción requerido. Un vocero del Gobierno admitió que ninguno de los consejeros presidenciales está calificado en el tema de la deforestación en la Amazonía. Este tipo de deficiencias permitió a muchos ministerios afirmar una falta de responsabilidad, ya que cada uno declaró que era otro organismo el que estaba a cargo de combatir la deforestación, monitorear la expansión ilegal del aceite de palma, etc.

Por su parte, los representantes de los ministerios de Minas y Transporte asistieron a la reunión sin la información necesaria que les permitiera presentar actualizaciones, contestar preguntas y compartir sus planes de acción.

Los jueces también reconocieron que dada la situación de seguridad en gran parte de la Amazonía colombiana, las autoridades ambientales estatales a veces no pueden hacer cumplir las leyes allí sin el respaldo del Ministerio de Defensa. Un juez declaró que “[a]quí vemos a unas autoridades ambientales que están actuando solas y maniatadas porque trabajan en zonas con fuertes problemas de seguridad y criminalidad. Nuestra pregunta es ¿cuánto tiempo más le va a tomar al Ministerio de Defensa llegar a estas zonas? ¿Cómo es posible que el crimen pueda llegar y el Estado no?”

Las asociaciones de campesinos presentes en la primera audiencia explicaron que el propósito de la sentencia de la Corte no es el de castigar a las comunidades rurales, sino que el Estado pueda comprender y abordar las principales causas estructurales y subyacentes de la deforestación. A su vez, Parques Nacionales dijo que habían estado trabajando en acuerdos con las comunidades locales, incluida la opción posible de la reubicación, aunque afirmaron que no estaban en condiciones de llevar a cabo dichas reubicaciones. Afirmaron además que no todas las comunidades estaban dispuestas a abrir el diálogo con ellas ni a trasladarse de las áreas protegidas.

Durante los primeros días de la audiencia se acordó un enfoque multifacético. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollará sistemas informáticos y medios de monitoreo digital para identificar áreas de deforestación. También utilizará estaciones de radio locales para llegar a aquellas comunidades ubicadas en áreas remotas. El Ministerio de Educación se comprometió a fortalecer la educación ambiental en las escuelas y a dar una mayor importancia a este tema en las instituciones académicas.

Al 22 de octubre, los jueces han concluido lo siguiente:

 “Llevamos más de un año desde la sentencia de la Corte y no vemos acciones concretas por parte de las autoridades. Lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones, porque el tiempo se nos acaba. Las audiencias van a terminar y desde el Gobierno solo hemos escuchado que ahora sí van a empezar a conceptualizar cómo actuar. Reducir la deforestación en el Amazonas es una tarea gigantesca. Si no la ejecutamos, nos va a coger la noche y no hemos hecho nada más que hablar”

Por favor lea la respuesta completa de DeJusticia a esta primera etapa de la audiencia.