El Gobierno colombiano persiste con sus planes fumigación aérea de cultivos a pesar de una fuerte oposición

Hace mucho tiempo que en Colombia se cuestionar la fumigación aérea. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las organizaciones campesinas y las ONG de derechos humanos han llevado a cabo protestas y otras medidas jurídicas en contra de ello durante décadas. Las operaciones de fumigación, a menudo usando glifosato, comenzaron como forma de prevenir el cultivo comercial de coca y otros cultivos para el comercio de drogas, sobre todo como parte del controvertido Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos, en la década de los 90.

Más recientemente, el Gobierno ha alegado que la fumigación es necesaria para hacer frente a la deforestación, ya que en el «ciclo» de deforestación de las tierras forestales recién desbrozadas, a menudo se siembre con plantaciones comerciales de coca, que luego es reemplazada por pastos para ganado. Sin embargo, la experiencia de ocasiones anteriores ha demostrado que la fumigación aérea exacerba conflictos locales, abusos de los derechos humanos y la deforestación, lo que a su vez empuja a los agricultores cada vez más hacia el interior de pluviselvas intactas y provoca la militarización de la frontera de los bosques. En 2015 se suspendió la fumigación aérea con glifosato, a raíz de unos informes en los que la OMS advertía de que este plaguicida era «probablemente cancerígeno».

En 2017 la Corte Constitucional dictaminó que el Estado debe garantizar la participación en la información ambiental y el acceso a esta como parte de la evaluación del impacto social y ambiental de cualquier plan para reactivar la fumigación y, lo que es crucial, garantizar la consulta previa a las comunidades que pudieran verse afectadas. En la misma sentencia se hace hincapié en la necesidad de que tales planes respeten plenamente los derechos de las comunidades a un medio ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la consulta previa. (Sentencia T-236, conocida como «caso Nóvita»). La Corte exige estas medidas para garantizar que cualquier nuevo plan de erradicación, incluso mediante la aplicación aérea de herbicidas, garantice la salud y los derechos humanos de las comunidades locales.

Sin embargo, a pesar de esta decisión judicial y de una oposición pública constante, la Administración de Duque solicitó a las cortes judiciales que reanudaran la fumigación aérea como parte de la política nacional antidroga. En una audiencia pública ofrecida en marzo de 2019, el Gobierno y la sociedad civil presentaron respectivamente pruebas a la Corte a favor y en contra de los planes para reactivar la fumigación. En julio de 2019 la Corte emitió el auto 387 afirmando la sentencia de Nóvita y añadiendo condiciones adicionales, tal y como están consagradas en el acuerdo de paz, sobre todo que la fumigación solo debería usarse como último recurso y solo si se puede garantizar la plena ejecución de la sentencia de Nóvita.

Otras sentencias judiciales dictadas desde 2017 también afirman el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado en los casos en que se considere que el posible nivel de afectación sería «intenso» (por ejemplo, T-300/2017).

En noviembre de 2019 el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y otras 16 organizaciones de la sociedad civil (entre ellas, organizaciones indígenas, organizaciones afrodescendientes y organizaciones campesinas) enviaron una carta abierta al presidente Duque pidiendo que se rechazaran las propuestas de reactivación de la fumigación aérea. En la carta se resaltaban los efectos adversos de la fumigación en los derechos humanos y se presentaban pruebas que demuestran que esa práctica es una medida ineficaz para hacer frente a la deforestación. En dicha carta se citan estudios que indican que esta política: 1) exacerba la deforestación debido al desplazamiento de cultivos a zonas distantes de bosques «intactos»; 2) provoca daños a la salud humana, el medio ambiente y el entorno local de las comunidades forestales; y 3) viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.

El FPP recibió un breve acuse de recibo de la oficina del presidente en el que se indicaba que la carta iba a ser remitida al Ministerio de Defensa. Sin embargo, a fecha de 18 de junio de 2020, ni FPP ni los otros muchos signatarios de la carta de noviembre de 2019 han recibido aún una respuesta sustantiva a las preocupaciones planteadas. En los siete meses transcurridos desde el envío de la carta, la situación sanitaria y la situación de la seguridad en Colombia han empeorado.

Tras la llegada de la COVID-19 a Colombia en marzo, se decretó un estricto confinamiento nacional que sigue en vigor. A pesar de los graves riesgos de contagio, el Estado ha continuado con su polémico programa de erradicación forzosa de la coca con el Ejército. En abril de 2020, por ejemplo, tropas gubernamentales entraron en comunidades afrodescendientes del municipio de Nóvita en el departamento del Chocó sin solicitar permiso previo, incumpliendo con ello la sentencia de la Corte Constitucional, y fumigaron no solo la coca, sino también los cultivos de plátano y de lulo de las comunidades. Varios miembros de las comunidades resultaron heridos durante la confrontación que se desencadenó a raíz de la fumigación manual de sus cultivos alimentarios.

Mientras los casos de COVID-19 se disparan en Colombia, el Gobierno sigue adelante con sus planes para un nuevo programa nacional de fumigación aérea. Con este fin, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha pedido a las comunidades que asistan a audiencias públicas en línea para aprobar los planes de manejo ambiental necesarios. Sin embargo, muchas de estas comunidades tienen un acceso limitado, cuando no nulo, a Internet, dificultad que ha agravado el confinamiento y la incapacidad de viajar a lugares mejor conectados.

En mayo de 2020 un juez dictaminó que las audiencias públicas virtuales no cumplen los requisitos para ser consideradas consultas significativas a las comunidades rurales y sus organizaciones. Mientras tanto, el Gobierno y el Ejército siguen llevando a cabo programas de erradicación manual de cultivos sin pedir el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Eso está dando lugar a nuevos conflictos, demandas por violaciones de los derechos humanos y por riesgos exacerbados de introducir el coronavirus en las comunidades rurales, incluidas las de pueblos indígenas.

Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil siguen cuestionando los planes del Gobierno, exigen salvaguardias sociales y ambientales eficaces y garantías de que cualquier programa de erradicación de la coca estará basado en el principio del acuerdo y el consentimiento previos.