Defensores y defensoras de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana se reunieron en la ciudad de Pucallpa para evaluar los avances y los desafíos que implica frenar la ola creciente de amenazas y asesinatos a quienes defienden sus territorios colectivos, vidas y derechos fundamentales. Desde los mecanismos estatales hasta la necesidad de reactivar las prácticas de la autoprotección y solidaridad entre pueblos. Y suscriben la Declaración de Pucallpa llamando al Estado peruano a un compromiso real y efectivo para proteger la vida de los defensores y defensoras indígenas.

Pucallpa, 22 y 23 de mayo.- Se llevó a cabo el Encuentro nacional de defensores y defensoras indígenas, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y que tuvo la presencia de sus nueve bases regionales, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI-SC), la Organización Regional de AIDESEP de Ucayali (ORAU), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA), la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Norte del Perú (ORPIAN-P). Participaron también la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), las federaciones base de las organizaciones regionales de AIDESEP e instituciones públicas y de la sociedad civil.

Lea aquí la Declaración de Pucallpa

Encuentro Nacional De Defensores Y Defensoras Indigenas. Credit: AIDESEP.jpg

Durante el primer día se abordó la situación actual de los defensores y defensoras indígenas en el Perú, haciendo un repaso por los derechos que defienden y las agresiones y amenazas que sufren, explorándose situaciones concretas en las regiones amazónicas. Se abordaron estándares normativos y políticas para su protección en un contexto de avance en la generación de dichas políticas a nivel país, pero también haciéndose un balance crítico de la implementación del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras, sobre todo bajo una situación mencionada en el Encuentro “donde el papel no detiene las balas”.

Además, se también contó con la participación de sectores del Estado como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Ministerio de Cultura (MINCU), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes dieron a conocer sus avances en materia de la protección a defensores y defensoras.

“Por más que estás en una situación crítica no hay voluntad política del gobierno para tomar acciones correspondientes cuando un líder está en peligro. Las presentaciones pueden ser muy bonitas, pero ¿cuál es la acción real que están haciendo? No ha habido respuesta en un mecanismo creado hace dos años (…) Y hacemos tantos esfuerzos en llevar a la Fiscalía Ambiental a la zona del conflicto para que finalmente nos diga que no hay hoja de coca, que no hay deforestación. ¿Dónde más vamos a confiar? (...) 30 líderes asesinados, seguimos dialogando. Porque para el gobierno solo es una estadística. Nada más. Mañana muere uno. Serán 31.” Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.

Durante el segundo día, a través de mesas de trabajo, se exploraron las realidades y los desafíos para la protección de defensores y defensoras indígenas, reflexionando sobre cómo mejorar la implementación del mecanismo intersectorial.

En esta discusión resaltaron temas como la alta rotación de funcionarios; la falta de involucramiento de sectores claves del Ejecutivo como el Ministerio del Interior (MININTER) y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) dentro del mecanismo y donde persiste la falta de documentos claves como protocolos de actuación o directrices destinados a la implementación del mismo; el nulo presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas para operar el mecanismo, un laxo abordaje a la prevención y causas estructurales que generan las amenazas a las defensoras y defensores en sus territorios, como la falta de seguridad jurídica de territorios o una protección concreta en caso de comunidades ya tituladas; la necesidad que el registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos coordine con las organizaciones indígenas y se base en información de primera mano que éstas manejan, entre otros.

Por otro lado, se cuestionó que persiste la ausencia de una ley que regule la protección para personas defensoras y que pueda involucrar tanto a gobiernos subnacionales como al Poder Judicial. Y que las mesas regionales de personas defensoras sean prácticas, ágiles y aborden en concreto causas estructurales de violencia y amenazas.

También se contó con un intercambio de experiencias sobre la creciente presencia de cultivos ilícitos en territorios indígenas en Perú y en Colombia; y se contó con la presentación de mecanismos ancestrales de autoprotección de parte de los pueblos indígenas frente al avance de las amenazas territoriales que atentan sus medios de vida y derechos fundamentales.

Finalmente, después de una plenaria donde el Ministro de Justicia se comprometió a generar una matriz de cumplimiento con actividades y cronogramas para el monitoreo del avance de las acciones en favor de las personas defensoras de los derechos humanos, se leyó y suscribió la Declaración de Pucallpa, que de manera resumida exige:

• Asignación de fondos a entidades estatales correspondientes para la protección de vida defensores y defensoras indígenas.
• Participación plena y efectivamente en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, mecanismos y políticas referentes a la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos. Y el respeto a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
• Reconocimiento público del gobierno en sus distintos niveles y sectores a las iniciativas comunales de autodefensa y protección territorial.
• Protección efectiva de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
• El desarrollo de mecanismos institucionales, administrativos y judiciales para cumplir con las obligaciones y los compromisos nacionales e internacionales para proteger a defensores y defensoras indígenas.
• El reconocimiento de la labor de las mujeres indígenas como defensoras de los derechos colectivos e individuales, muchas veces invisibilizadas en la defensa de los territorios.
• Solidaridad plena con las familias y comunidades de los más de 31 defensores asesinados y que sus crímenes no queden impunes.
• El desarrollo de un plan urgente, a nivel multisectorial por parte de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) para abordar la problemática del narcotráfico que afecta los territorios indígenas; y declarar las regiones amazónicas en emergencia por este flagelo.
• Que el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público prioricen la reforma de los sistemas judiciales considerando el respeto de los derechos de la justicia indígena y la coordinación entre ambas jurisdicciones. Y con presupuesto adecuado a las fiscalías especializadas para operar.
• El Congreso de la República debe realizar la consulta de los proyectos de Ley que afectan a los pueblos indígenas. Y retomar los Proyecto de Ley N° 6772/2020-CR y Proyecto de Ley N° 6625/2020-CR que buscan el reconocimiento de defensores y defensoras indígenas.
• El MINITER apruebe el Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección para personas defensoras. Y que el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia emita la Resolución Viceministerial que aprueba la alerta temprana en el plazo establecido.
• El MIDAGRI priorice su rol clave en la prevención de las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, en el marco de la titulación de territorios indígenas.
• El MIDAGRI realice el cierre de brechas en el saneamiento físico legal en la Amazonía, priorizando la titulación, demarcación, delimitación, ampliación y registro de los territorios indígenas, incluyendo a los pueblos y naciones indígenas.
• El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) apruebe e implemente mecanismos de reparaciones individuales y colectivas en favor de deudos y familias de defensores y defensoras asesinadas.
• El MININTER elaboré los procedimientos de la Policía Nacional del Perú para la protección de las defensoras y defensores con un enfoque intercultural.
• El Ministerio Público y el Poder Judicial, investiguen y sancionen a los responsables de los crímenes de defensores y defensoras asesinadas.
• Llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, organizaciones aliadas, iglesias y sociedad en general a la solidaridad y sumarse a la lucha y protección de la vida e integridad de los defensores y defensoras indígenas.

Esta Declaración de Pucallpa de mayo del 2023, se suma a otras declaraciones como la Declaración de Yarinacocha del 2019, donde las organizaciones indígenas amazónicas ya hacían un llamado urgente al Estado peruano a abordar las causas estructurales que generan la violencia y las amenazas hacia los defensores y defensoras indígenas. Además, la Declaración de Pucallpa representa un llamado de atención vigilante a la Declaración que firmaran los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, junto con los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y los Estados Unidos, e integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica a fines de marzo de este año, que en teoría reconoce los esfuerzos del Estado frente al cambio climático y el rol de los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas, pero que quedó opacada por la visita de la embajadora de los Estados Unidos a las plantaciones del Grupo Ocho Sur, plantaciones que arrastran una larga lista de cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos.

“Que lo que usted acaba de decir, sea una realidad. Nosotros no quisiéramos que sea una más de tantas que nos han hecho” Teresita Antazú, Primera vocal de AIDESEP, dijo al Ministro de Justicia Daniel Ysau Maurate Romero

“Saludamos todo el compartir que hemos realizado a través de los grupos de trabajo y creo que, en estos dos días, de mucho trabajo y visión, de seguir compartiendo y visibilizando casos que estamos pasando. Así como la deforestación aumenta en nuestros territorios, en nuestras cuencas, en nuestros ríos, así también los aeropuertos clandestinos. Es por eso que ha habido un punto fuerte que hemos visto importante pensar y reflexionar sobre nuestros mecanismos de autoprotección. Todos quienes estamos presentes y visibilizamos estos casos, estamos en riesgos hermanos. Y para nosotros no es fácil hablar públicamente y denunciar estos casos. Esperemos que estos dos días nos haya fortalecidos ¡Viva AIDESEP! ¡Viva la COICA! ¡Vivan las nueve regionales!”. Jamer López, presidente de ORAU.

“¿Quién paga a un policía para que te custodie? Nadie. Son solo documentos para motivarte de que sí vas a tener una protección, pero no va a haber. Estamos en un espacio para consolidar nuestras acciones propias, teniendo el control territorial donde vivimos y hacer nuestra propia ley”. Jamner Manihuari, vicepresidente de la COICA y presidente de CORPI SL.

“Yo también he sido amenazado y tengo papeles. Nunca me ha visitado un policía. Debemos tener una mirada más integradora fortaleciendo desde las bases, para hacer el camino de autoprotección que estamos discutiendo. Y sin presupuesto el Estado no va a hacer nada. El Estado nos está declarando la guerra (…) Necesitamos una prioridad a nuestros casos. Porque hay una prioridad a las denuncias de madereros y de narcos hacia líderes, que a la inversa. ¡Seamos claros, nosotros no soltamos dinero a los operadores de justicia!” David Ruiz, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez (FECIDPAM).

 “Si no somos nosotros, ¿entonces quién? Resistir, exigir, para seguir existiendo. Por eso de la movilización sale la resistencia del os pueblos indígenas. No es paro. No copiamos del Occidente. Es resistencia ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos?  (…) Queremos convertirle la propuesta que tenemos de seguridad amazónica a una política nacional”. Cline Jorge Chauca, presidente de ARPI SC.