El gobierno colombiano insiste en re activar la aspersión aérea con glifosato que afectaría pueblos indígenas y afrodescendientes sin su consentimiento previo libre e informado.

Los intentos de reactivar la aspersión aérea en Colombia son un claro ejemplo de cómo se quiere restringir el derecho al consentimiento previo libre e informado (CLPI). Recientemente, el Ministerio del Interior certificó que el nuevo Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG) no afectaría a pueblos indígenas ni afrodescendientes que tienen territorio titulado y por lo tanto no requiere CLPI.

Ese certificado invisibiliza y niega derechos a los pueblos indígenas cuyo territorio no ha sido reconocido legalmente por negligencia del Estado. Además asume que el área de influencia del Programa es solo aquellos polígonos en los que se va a asperjar, como si el glifosato no corriera aguas abajo ni se desviara con el viento afectando comunidades más allá de ese polígono.

Finalmente la limitación del área de impacto del PECIG por parte del Estado, desconoce los estudios que muestran que la aspersión aérea lo que ha hecho en el pasado es empujar los cultivos de uso ilícito selva adentro, por lo que el Programa también afectará a los municipios vecinos donde hay pueblos indígenas que deben dar su consentimiento. Solo como ejemplo, de los 16 municipios del departamento del Caquetá se planea fumigar 12. De acuerdo con estudios anteriores, es altamente probable que los otros cuatro, donde hay varios resguardos e incluso pueblos en aislamiento, se vean afectados, porque el veneno correrá por los ríos, vendrá con el viento y se talará más bosque para nuevos cultivos selva adentro.

Foto: Luís Pérez