La comunidad kichwa Puerto Franco anuncia que están demandando al Gobierno peruano y el Parque Nacional Cordillera Azul frente a la negativa del Estado de titular sus tierras tradicionales, la imposición de la conservación excluyente y la generación de ganancias de la venta de créditos de carbono sin su consentimiento en la región de San Martin en la Amazonía peruana.

En una conferencia de prensa programada para el jueves 1 de julio, líderes de la comunidad y la organización indígena el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA) explicarán las acciones legales que están tomando contra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Dirección Regional Agraria de San Martin y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas ante el incumplimiento del Estado de su obligación de proteger y titular los territorios colectivos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo sus tierras y medios de vida.

“El Estado ha confundido a la gente porque no ha habido consulta previa,” dijo Alpino Fasabi Tuanama, jefe de la comunidad Puerto Franco.

“A nosotros como pueblos indígenas, como Kichwas, no nos han consultado la creación del Parque Nacional Cordillera Azul ni sobre las concesiones forestales y han ido por encima de nuestros derechos territoriales.

“Nuestro territorio lo defendemos y esta demanda nos da un respaldo a nuestro reclamo territorial para que no se discrimine nuestras costumbres ambientales,” dijo.

El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado en 2001 sin el consentimiento de las comunidades del pueblo kichwa y otros pueblos indígenas a cuyos territorios se superpone. En los últimos años, el PNCAZ se ha convertido en un obstáculo al reconocimiento de los derechos del pueblo kichwa a los territorios y bosques que vienen habitando desde hace generaciones. A pesar de haber ocupado sus territorios desde antes de la creación del Estado peruano, la mayor parte de los territorios del pueblo kichwa no han sido titulados hasta la fecha. Los demandantes alegan que el PNCAZ no reconoce ni respeta la ocupación y usos tradicionales de los kichwa en su territorio.

“La demanda significa denunciar al Estado que nos devuelva prácticamente el territorio que han agarrado sin consentimiento de la comunidad Puerto Franco que hoy en día se encuentra afectada,” dijo Isidro Sangama, vicepresidente del CEPKA.

“El Estado tiene la costumbre de dar derechos a terceros sin consultar a la comunidad u organizaciones indígenas, hace y deshace lo que quiere con los territorios indígenas, pero los Kichwas son quienes cuidamos los bosques primarios,” dijo.

“El Estado piensa que por el cuidado del Parque Nacional ese territorio es así como está, con bosques, pero se olvida que ese territorio ha sido cuidado por las comunidades nativas por años.”

Los demandantes también afirman que no hay una distribución equitativa de los beneficios provenientes de la venta de créditos de carbono generados por el Proyecto REDD+ que opera en el Parque Nacional Cordillera Azul desde el año 2008. Entre 2008 – 2018, se ha verificado al menos 25 millones de toneladas de carbono, según la certificadora Voluntary Carbon Standard. De hecho, el mercado de créditos de carbono forma parte de un modelo de conservación excluyente que incluso impide que las comunidades participen en la gobernanza de la tierra y en la titulación de esta.

Marco Sangama, miembro y asesor del CEPKA, dijo, " La comunidad ha quedado fuera de toda posibilidad de titularse por el problema que tiene. Por eso se ha llevado a cabo una acción de amparo. La comunidad hace control y vigila el territorio, sin embargo, no percibe quien administra el área. Tenemos entendido que este parque ha sido beneficiado por los bonos de carbono. Pese a que el área recibe bonos, la comunidad no se beneficia, aun cuando están ejerciendo actividades de conservación."

En los últimos años, compradores internacionales de los créditos de carbonos de Cordillera Azul han incluido empresas petroleras (Shell, Enagas, Repsol y CEPSA), aerolíneas (British Airways, Etihad y Delta), transporte internacional (Kuehne+Nagel) y helado (Ben & Jerry’s). Otro comprador de estos créditos desde 2018 es el propio Ministerio del Ambiente del Perú, como aporte hacia su Contribución Nacionalmente Determinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Sin embargo, la compra de créditos de carbono se hace de espaldas a los pueblos indígenas, y sin tomar en cuenta sus formas de organización de manera integral.

“Esta demanda que presentamos es importante porque no se ha logrado una participación efectiva de las comunidades Kichwa en el manejo del Parque Nacional Cordillera Azul,” dijo Nelsith Sangama, una lideresa kichwa y miembro de CEPKA.

“Todo es una decisión muy cerrada, no se da la libre participación. Además de eso, las decisiones son muy limitadas, no abarcan a los pueblos originarios, el colectivo no sabe nada y las reglas son hechas en gabinete de arriba hacia abajo,” dijo.

Los kichwa han decidido dar a conocer públicamente su demanda, presentada en 2020, debido en parte a su preocupación creciente frente al uso de los créditos de carbono para seguir justificando la continuación de actividades con impactos destructivos sociales y ecológicos, así como la falta de avances por el Estado peruano para proteger y titular sus territorios.

“En una emergencia climática, las llamadas "soluciones basadas en la naturaleza", las cuales están fundadas en el despojo de pueblos indígenas, y bonos de carbono opacos para algunas de las empresas más contaminadoras del planeta son distracciones peligrosas,” dijo Tom Younger, Coordinador del Programme en Perú de Forest Peoples Programme.

“Si el Gobierno peruano quiere asegurar el bienestar, las tierras y los medios de vida de los pueblos indígenas, así como proteger la Amazonía ante la crisis climática y ecológica, debe priorizar acciones inmediatas para proteger y titular los territorios indígenas y apoyar las comunidades que los defienden,” dijo.

NOTAS PARA EDITORES

• La demanda de amparo fue presentada por Puerto Franco y CEPKA en el Juzgado Mixto de Bellavista el año 2020 y exige que el SERNANP:

(i) realice la consulta libre e informada del D.S. 031-2001-AG que crea el PNCAZ y también del Plan Maestro;

(ii) cumpla con el derecho de las comunidades nativas sobre las que se superpone el PNCAZ de beneficiarse de las actividades de conservación en sus territorios;

(iii) instruya a los guardaparques a permitir el acceso a comuneros y comuneras de Puerto Franco y otras comunidades afectadas, a los recursos naturales, y a sus actividades tradicionales de subsistencia hasta que se realice el proceso de consulta previa;

(iv) cumpla con el derecho de los pueblos indígenas sobre las que se superpone el PNCAZ de participar en la gestión del área de conformidad con el derecho a la autodeterminación.

• El PNCAZ está bajo la gestión de la organización peruana el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) desde 2002.
• En 2014, CIMA firmó acuerdos con Althelia Climate Fund, un fondo de inversiones con sede en Luxemburgo. CIMA recibió un préstamo de €8.55 millónes EUR a cambio de otorgar derechos a vender 8 millones de créditos de carbono a Althelia. Tanto Althelia como Ecosphere+, una empresa asociada con sede en el Reino Unido que hace el marketing y comercialización de los productos ambientales que ofrece Althelia, pertenecen a Mirova S.A., una sociedad de gestión de inversiones con sede en Francia.
• Desde 2018, el PNCAZ está incluido en la Lista Verde de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, premiando la buena gobernanza del PNCAZ que implica en teoría la participación efectiva de comunidades indígenas en la gestión del parque, así como adecuada distribución de beneficios de las comunidades.