¿Procesos judiciales que nunca finalizan? ¿Denuncias de comuneras y comuneros que son archivadas por falta de una aproximación intercultural? ¿Jueces, policías o fiscales lejos de las comunidades rurales en los Andes y en la Amazonía? ¿Falta de recursos económicos para costearse la defensa legal de un abogado? ¿Barreras lingüísticas donde la justicia estatal desconoce a las lenguas originarias? Para nadie es secreto que los pueblos indígenas en el Perú tienen un acceso limitado a una justicia que no comprende sus problemas ni su realidad.

Por ello, la justicia indígena, amparada debidamente en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), surge como un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Su ejercicio corresponde a las autoridades de las comunidades nativas y campesinas, para administrar justicia en sus propios territorios, de acuerdo a sus propias tradiciones. Es decir, de castigar, corregir o remediar las conductas de otras personas tal como han venido haciéndolo desde siempre, en base a sus principios culturales y valores.

La justicia indígena es generalmente usada para resolver asuntos internos en las comunidades, pero también puede ser aplicada en la defensa de los territorios indígenas frente a terceros, sean o no indígenas, contribuyendo de esta manera al orden social clave más aún en contextos crecientes de amenazas territoriales por invasores realizando actividades ilegales o legales, sin el consentimiento indígena.

“Donde no hay jueces ni policías, administración de justicia indígena en el Perú” surgió de un trabajo colaborativo entre el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, el Forest Peoples Programme y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Este manual, a través de una serie de conceptos y pautas, busca contribuir a que las comunidades indígenas puedan ejercer con seguridad su derecho a la justicia indígena, priorizando la resolución de conflictos a través de mecanismos tradicionales y pacíficos, y sin contemplar la violencia u otra clase de agresiones que puedan ser usadas en su contra, ya sea mediante la criminalización ante la justicia estatal u otras clases de hostigamiento.

Esta publicación fue presentada al público durante el seminario virtual “Avances y desafíos de la justicia indígenas en el Perú”, organizado por el IDL y FPP el pasado 4 de diciembre. En él participaron la lideresa shipibo-coniba Luisa Mori (Santa Clara de Uchunya, Ucayali), la lideresa quechua Lourdes Surco (Ccopi, Cusco), así como Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Litigio Constitucional del IDL, y Amelia Alva Arévalo, jefa de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial. La moderación estuvo a cargo de Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL.

Ejercer la justicia indígena es ejercer también el derecho a la autodeterminación. Por ello, este manual invita a los líderes y lideresas comunales, así como a las autoridades de sus organizaciones indígenas representativas, a un proceso de reflexión más amplio, sobre los avances y desafíos actuales para la implementación de la justicia indígena en sus propios contextos, donde no hay jueces ni policías. Asimismo, en pensar cómo articular y hacer convivir las propias formas de justicia indígena con la justicia estatal en el Perú.

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