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Resumen Las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno colombiano para contener la propagación del Covid-19, se han traducido en un detrimento de libertades y derechos fundamentales de las personas: restricciones de movilidad, toques de queda sin garantía de

Resumen ejecutivo Los impactos económicos del COVID-19 han generado que el Estado peruano agudice aún más en la priorización de las actividades extractivas por sobre la atención y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Resumen Los países han respondido a la pandemia del COVID-19 debilitando o eliminando las protecciones legales y de política de los derechos de los pueblos indígenas. La nueva evidencia revela una tendencia peligrosa.

Acogemos con beneplácito la elaboración de políticas de salvaguardia y códigos de conducta, según proceda, por parte de nuestros socios, aliados y otros, y ofrecemos plantillas para que las utilicen otras organizaciones que estén considerando la posibilid

Varias organizaciones indígenas y de derechos humanos de la Amazonía peruana han presentado una petición formal a las Naciones Unidas que solicita acción urgente para detener la apropiación y destrucción de sus tierras. Esta acción surge en respuesta a la decisión del Gobierno Regional de retirar protecciones legales de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica.

El 4 de agosto de 2016 el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó su nuevo enfoque de las salvaguardias, detallado en un texto titulado Environmental and Social Framework (Marco Ambiental y Social).

El Acuerdo de París de diciembre de 2015 alienta a los países «a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos basados en los resultados [...] incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques» (artículo 5) como instrumento clave de política para la mitigación del cambio climático.

Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe abajo firmantes deseamos manifestar nuestra gran preocupación y descontento respecto al proceso de revisión de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial, así como con el actual borrador de la nueva Política Ambiental y Social y con los Estándares Ambientales y Sociales, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (que hace parte del Grupo del Banco Mundial) ha publicado.

El Banco Mundial ha estado revisando su conjunto de políticas de salvaguardia desde finales de 2010 (ver boletines de noticias del FPP de abril de 2014, octubre de 2013, abril de 2013, octubre de 2012 y octubre de 2011). El Banco ha pasado estos últimos cuatro años en «modo de escucha» mientras recibía miles de comentarios de circunscripciones de todo el mundo a las que el Banco apenas ha dado respuestas concretas o no ha dado ninguna. Hay mucho en juego en este proceso de revisión, ya que el Banco pretende incluir protecciones críticas a nivel de proyecto aplicables a los resultados sociales y ambientales en el proceso más amplio de reforma del Banco supervisado por el presidente Kim.

Como parte de los cambios y reformas que se están haciendo en el Banco Mundial bajo el liderazgo del Dr. Jim Kim, el Banco ha hecho público un nuevo e importante proceso de políticas al que se refiere como «nuevo enfoque de la participación en los países» y ha iniciado consultas sobre el mismo. Este proceso es un método de dos pasos mediante el cual el Banco diseñará todas sus intervenciones y actividades en cada país.

El Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar las normas de derechos humanos, acaba de finalizar una reunión en Ginebra. Un grupo de organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales ha presentado al Consejo una declaración en la que le insta a considerar urgentemente las obligaciones de las instituciones financieras multilaterales en lo que se refiere a los derechos humanos y a proporcionar orientación al respecto. Dado que dichas instituciones están examinando y actualizando sus sistemas de salvaguardia, se trata de un asunto de crucial importancia. 

Mientras diversas entidades internacionales adoptan y actualizan sus políticas sociales y ambientales, este número especial del boletín electrónico de noticias del Forest Peoples Programme examina experiencias de comunidades y de la sociedad civil en relación con las políticas de salvaguardia de varias instituciones financieras internacionales. 

Samuel Nnah NdobeLa noción de «pueblo indígena» ha sido muy controvertida en África. Hay quienes consideran que todos los africanos son pueblos indígenas liberados de los poderes coloniales, mientras que otros simplemente hacen hincapié en que es muy difícil determinar quién es indígena en África. El establecimiento en 2001 de un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones/Comunidades Indígenas por parte de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y el informe presentado por dicho grupo ante la CADHP y adoptado por ésta en 2003, han dado una nueva perspectiva a este problema. En ese informe se aceptaba unánimemente por primera vez la existencia de pueblos indígenas en África, y eso generó debates sobre cómo los diferentes países del continente podrían empezar a integrar los derechos de estos pueblos en la corriente predominante de los derechos humanos. Los pueblos indígenas del centro de África incluyen el pueblo comúnmente llamado Pigmeo, que se dedica principalmente a la caza y la recolección, y una serie de pueblos que se dedican al pastoreo. Estos pueblos aún sufren discriminación y desprecio como consecuencia del despojo de su tierra y la destrucción de sus medios de vida, sus culturas e identidades, la pobreza extrema, la falta de acceso y participación en la toma de decisiones políticas , y la falta de acceso a las instalaciones educativas y sanitarias.

Las denominadas «normas de salvaguardia» para instituciones financieras internacionales surgieron como consecuencia de megaproyectos de colonización agrícola destructivos y proyectos forestales dañinos financiados por el Banco Mundial en la Amazonía, Indonesia y la India en las décadas de los 70 y los 80.[i] Desde entonces, muchos otros bancos multilaterales de desarrollo y organismos de fomento del desarrollo han adoptado sus propias políticas de salvaguardia con sus correspondientes mecanismos de denuncia. Además de la necesidad de proteger los derechos de las comunidades frente a inversiones en proyectos de desarrollo destructivos, cada vez está más claro que incluso proyectos bien intencionados de conservación y de «desarrollo de las comunidades» pueden causar daños y violar derechos si no están adecuadamente diseñados y no protegen los derechos humanos y los hábitats frágiles.[ii] 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desempeñó una función catalizadora en el proyecto de gas de Camisea en la Amazonía peruana durante los años 2002 y 2003 a pesar de no tener una política específica para proyectos que afecten a los pueblos indígenas. El Banco adoptó una política de este tipo en 2006, pero al año siguiente hizo caso omiso de una disposición fundamental sobre pueblos que viven en aislamiento al hacer un préstamo de 400 millones de dólares americanos. Mientras tanto, los intentos del Banco para «proteger» una reserva para pueblos indígenas en «aislamiento voluntario» directamente afectada por el proyecto de Camisea han resultado casi enteramente ineficaces, y están siendo socavados aún más por los planes de expandir las operaciones dentro de la Reserva.  No obstante, se requiere que el BID apruebe estos planes, y en efecto podría hacer esto de forma inminente.

La indignación pública ante los expolios de negocios mal regulados ha conducido a un creciente reconocimiento de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y de que se necesitan  regulaciones más estrictas para mejorar la forma en que se fabrican los productos y asegurar que el medio ambiente y los derechos de los pueblos son respetados y protegidos.

Actualmente el Banco Mundial está llevando a cabo un «examen y actualización» de ocho de sus diez políticas de salvaguardia social y ambiental que va a durar dos años. Diversas ONG han resaltado que el Banco Mundial debe utilizar el examen como una oportunidad para mejorar sus normas y reforzar los sistemas de aplicación y cumplimiento para aumentar su obligación de rendir cuentas y entregar resultados que contribuyan al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo han manifestado que les preocupa que el plan del Banco para «consolidar» sus políticas, con un mayor énfasis en el uso de sistemas nacionales para abordar las cuestiones relativas a las salvaguardias, pudiera acabar en normas debilitadas y una menor rendición de cuentas por parte del Banco y los gobiernos prestatarios ante las comunidades afectadas y el público.

A pesar de que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil es un signatario del Protocolo Verde, que vincula los tipos de interés y las condiciones favorables de los préstamos a la adopción de normas sociales y ambientales, y de la iniciativa del Banco de formular una política específica para el sector de la ganadería, su política ambiental sigue siendo muy vaga y carece de transparencia y criterios concretos.

Mientras el Banco Mundial examina sus normas medioambientales y sociales, no debemos dejar pasar una gran oportunidad para revisar su enfoque de los bosques Los impactos negativos de proyectos financiados por el Banco Mundial en bosques tropicales han sido durante décadas motivo de preocupación para la sociedad civil y los pueblos de los bosques. En los años 80 del siglo pasado, los megaproyectos del Banco Mundial en el Amazonas y en Indonesia en apoyo de proyectos de infraestructura, colonización agrícola y transmigración fueron muy criticados por el público. Eso a su vez generó una presión política que fue clave para que el Grupo del Banco Mundial adoptase normas sociales y medioambientales obligatorias, conocidas como salvaguardias, para demostrar su compromiso con la prevención de daños a los pueblos y al medio ambiente (Ver artículo n.° 1).

Entre los muchos aspectos de la REDD+[i] sometidos a escrutinio por organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil, el que continúa suscitando mayor preocupación es el de las salvaguardias y su aplicación. Esto es particularmente cierto en el actual debate sobre la REDD+ y su grado de implementación y puesta en práctica. Desde 2010, cuando la 16. ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) adoptó su decisión sobre la REDD+ y las correspondientes salvaguardias, se ha desarrollado un proceso continuo de elaboraciones, negociaciones y ajustes a varios niveles. El debate sobre las salvaguardias se ha convertido tanto en una oportunidad para que los pueblos indígenas y la sociedad civil refuercen sus peticiones de respeto de los derechos y normas reconocidos internacionalmente, como en una oportunidad para que los donantes exijan el cumplimiento de las mismas para el uso de los fondos transferidos a países REDD+. Al igual que con otras cuestiones relacionadas con la REDD+, el debate sobre las salvaguardias ha evolucionado de una manera muy compleja y se ha bifurcado en dos corrientes. Una corriente tiene la finalidad de establecer normas e instrumentos para evitar que la REDD+ cause daños al medio ambiente y los pueblos de los bosques, y la otra tiene la finalidad de asegurar una evaluación adecuada de los posibles beneficios, conocida en la jerga técnica como enfoque de «hacer el bien».