FPP denuncia nuevas agresiones contra Mujeres Bribri en Costa Rica y reitera rechazo a toda forma de impunidad

Open Letter 30 Aug
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FPP denuncia nuevas agresiones contra Mujeres Bribri en Costa Rica y reitera rechazo a toda forma de impunidad

Carta abierta a las autoridades de Costa Rica

 

Señoras y Señores

Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada

Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio

Magistradas y Magistrados, Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia

Diputadas y Diputados, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

 

En el contexto de la permanente violencia en contra de las comunidades indígenas, Forest Peoples Programme una vez más condena los recientes hechos de violencia y amenazas, en esta ocasión contra dos mujeres Bribrí del Territorio Indígena de Salitre.

El pasado 21 de agosto de 2020 las indígenas Bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, madre e hija del clan Uniwak, defensoras de los derechos de su territorio fueron amenazadas dentro de su territorio indígena titulado. El perpetrador fue el conocido y reincidente agresor Eliodoro Figueroa Uva (a veces conocido como Heliodoro).

El atacante ingresó armado a la finca, recuperada por las mujeres indígenas, a tomar fotografías de sus plantaciones y cosechas. En ese momento, Ana Patricia y Claudina lo interceptaron y le pidieron que saliera de su propiedad que está ubicada dentro del territorio indígena Bribri titulado por el Gobierno, a lo que el usurpador respondió con insultos y amenazas con un arma blanca mientras les decía “yo soy un hombre muy peligroso”, asegurándoles que regresaría. Cuando el agresor notó que las mujeres indígenas no abandonarían sus cosechas, este empezó a grabarlas con su celular amenazándolas y fue allí cuando ellas notaron que además del arma blanca también portaba un arma de fuego.

Estos no son casos aislados. El usurpador posee numerosas causas penales en su contra por delitos contra la integridad física y vida de las personas indígenas del área, existiendo incluso medidas especiales de restricción en su contra, con respecto a otro Bribri víctima de su agresión. A pesar de lo cual sigue en libertad, robando los cultivos, portando armas y amenazando a las ya víctimas y propietarios indígenas legítimos del territorio (acorde a la normativa interna). Lo que demuestra la absoluta impunidad con la que actúa, se beneficia y perpetra nuevos delitos, incluso en contra de mujeres indígenas y beneficiarias de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 (MC 321/12) para proteger los Bribri de estas agresiones y amenazas.

Adicionalmente, este caso evidencia la atención deficiente de las autoridades del Estado, especialmente la policía, en los casos de violencia contra indígenas (incluso mujeres), evidenciando un grave incumplimiento de su obligación de otorgar protección a personas que integran grupos vulnerables y especialmente beneficiarias de medidas cautelares.

En efecto, cuando Claudina y Ana Patricia solicitaron el auxilio a la Fuerza Pública (policía del Poder Ejecutivo) los agentes policiales les insistieron y lograron convencerlas de que para ese tipo de amenazas no podían ni correspondía la interposición de una denuncia penal, por lo que ellos procedieron a retirarse sin levantar un informe de los hechos. Los agentes policiales, no cumplieron con su deber a sabiendas del peligro que representa el agresor, ya que conocen de las acciones judiciales que existen en contra del mismo Sr. Eliodoro, pues ellos mismos han tenido que detenerlo en al menos otras dos ocasiones recientes. Finalmente, tuvo que interceder la representación legal y solicitar apoyo de la Fiscalía de Asuntos Indígenas en San José para que se lograra interponer la correspondiente denuncia; una denuncia que debe ser investigada con la debida diligencia y ser analizada dentro de una estrategia de persecución penal diseñada por la Fiscalía en la que acumule todas las acciones que involucran a este perpetrador y su familia por hechos similares y reiterados.

Este sujeto de apellidos Figueroa Uva, junto a su hermano Rodrigo y su padre Heleodoro, usurpan ilegal y violentamente varias fincas en el Territorio de Salitre para mantener sus actividades económicas. En diversas ocasiones han intentado con total impunidad asesinar a personas indígenas, tales como José Enrique Ortiz y Minor Ortiz; este último actualmente vive con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho producidas por los hermanos Figueroa Uva, sin que haya obtenido justicia ni reparación.

Sin legitimidad para poseer de buena fe en el territorio, esta familia goza de absoluta impunidad en su accionar criminal. En al menos tres ocasiones los Tribunales han rechazado la solicitud de prisión preventiva de Eliodoro Figueroa dentro del proceso donde figura como víctima Minor Ortiz, a pesar de que se cumplen los requisitos exigidos por la legislación interna, arts. 10 y 239 del Código Procesal Penal costarricense.  En este sentido, existen elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor del hecho punible, el delito que se le atribuye está reprimido con pena privativa de libertad, el agresor además continúa con la actividad delictiva pues constantemente se denuncian sus agresiones y amenazas. Por último y la más relevante dado el contexto de vulnerabilidad de la víctima: existe grave riesgo y peligro para la víctima y sus familiares.  Por su parte, la Fiscalía en al menos tres ocasiones no logró presentar argumentos suficientes para mantener a este hombre peligroso y a los miembros de su familia alejados de los Bribri y sus tierras. 

El Estado de Costa Rica, incluido el Poder Judicial, les sigue garantizando su impunidad. La familia Figueroa Uva seguirá, gracias a la aquiescencia estatal, destruyendo cosechas, viviendas y atentando contra la vida y la integridad física de las personas indígenas en Salitre.

Es por todo esto que Forest Peoples Programme una vez más condena todos los hechos de violencia contra las mujeres indígenas y demás personas que integran comunidades indígenas, y hace un llamado para que:

  • Los Estados y la Comunidad Internacional condenen este tipo de hechos.
  • Las autoridades estatales, con prioridad, cumplan su deber de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial, independiente y efectiva de los hechos acá informados, en especial que realicen una acumulación de los graves y reiterados hechos denunciados, estableciendo medias cautelares efectivas que aseguren la no repetición de estos graves hechos.
  • Las autoridades correspondientes prioritariamente resuelvan los casos judiciales relacionados a la disposición de las tierras reclamadas tanto por los Bribri como los usurpadores de la familia de Eliodoro Figueroa Uva (y Díaz).
  • Se adopte un Mecanismo Eficaz para que las personas indígenas interpongan las denuncias correspondientes sin dilación alguna; instruyendo tanto a la policía como a la Fiscalía en Buenos Aires para facilitar la interposición de denuncias, su proceso, y las comunicaciones periódicas con los víctimas para actualizarlos sobre el estado de sus casos.
  • Se adopten medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionalmente adquiridas en materia de derechos humanos con especial énfasis a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención De Belem Do Para).
  • Se adopten medidas para atacar las causas subyacentes de este tipo de violencia que incluyan: la adopción por parte del Estado de estrategias de prevención de nuevas usurpaciones y estrategias rápidas y eficaces de desalojo que implique asegurar la integridad de las personas beneficiarias, así como su propiedad ancestral.
  • Que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de garantizar la vida, integridad y derechos de los Pueblos Originarios. Especialmente que cumpla con las medidas derivadas de las MC 321/12.

Atentamente,

 

Louise Henson

Managing Director,

Forest Peoples Programme

 

CC:

  • Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
  • Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias
  • Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos
  • Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Racismo
  • Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de la ONU
  • Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (ONU-CEDAW)
  • ONU Mujeres Ginebra
  • Coordinadora del Programa de Naciones Unidas en Costa Rica
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Defensoría de los Habitantes, Costa Rica
  • Concejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa
  • Concejo de Mayores Brörán