Regulación

Este tema se centra en la regulación legal del comportamiento empresarial en diversos sectores industriales. Dicha regulación suele estar en sus primeras etapas, adoptada recientemente o en proceso de desarrollo. En principio, una regulación tal puede promulgarse tanto en los países de origen de las empresas transnacionales (como la propuesta de ley de responsabilidad corporativa del Reino Unido y las leyes de diligencia debida de Alemania y Francia) como en los países anfitriones donde operan estas empresas y las empresas nacionales (como los planes en Colombia para una ley de responsabilidad empresarial). 

La regulación en materia de responsabilidad empresarial también se desarrolla a nivel regional, como por ejemplo el Reglamento de la UE sobre deforestación y su Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. También puede desarrollarse a nivel internacional, como el proceso en curso en la ONU para redactar un tratado sobre empresas y derechos humanos. 

Por lo general, dicha regulación aborda cuestiones relacionadas con la forma en que las empresas interactúan y consultan a los titulares de derechos, como por ejemplo los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques, cómo llevan a cabo e informan sobre su debida diligencia en relación con los posibles impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y los mecanismos para exigir el rendimiento de cuentas a las empresas cuando afectan de manera negativa los derechos humanos o el medio ambiente. 

¿Por qué es relevante para los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques? 

La regulación relacionada con la responsabilidad empresarial a nivel nacional, regional e internacional es de especial importancia para los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques, ya que muchos de los Estados en los que estos pueblos habitan cuentan con marcos jurídicos inadecuados que no protegen sus derechos o no garantizan su implementación en la práctica.  

La regulación de la responsabilidad empresarial en los países o regiones de origen en donde las empresas están registradas puede imponer a dichos actores la obligación legal de identificar y respetar los derechos territoriales, culturales y de autogobierno de los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques, reconocidos internacionalmente, incluso si estos derechos no están plenamente garantizados o incorporados a la legislación nacional del país anfitrión donde operan. Esto puede contribuir a garantizar la debida diligencia, la obtención del CLPI y la disponibilidad de recursos en caso de violaciones de derechos humanos y daños ambientales. 

Los enfoques no jurídicos actuales para garantizar la responsabilidad empresarial, como los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos o las normas voluntarias del sector y las iniciativas multisectoriales relacionadas con los sistemas de auditoría y certificación, suelen afirmar los derechos de los pueblos indígenas y de los bosques tal como se reconocen en las normas internacionales, pero no garantizan su respeto en la práctica debido a la falta de mecanismos de aplicación adecuados. Esta laguna en la implementación es una de la razones principales por las que los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques han instado a los Estados a implementar leyes de responsabilidad empresarial a nivel nacional, regional e internacional. Sin embargo, incluso cuando dichas leyes existen en los Estados o regiones de origen de las empresas, puede resultar muy difícil para los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques buscar su aplicación a través de mecanismos judiciales o cuasijudiciales que se encuentran lejos de ellos. Esto pone de relieve la importancia de garantizar que las empresas reconozcan y respeten los sistemas jurídicos y los procesos de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques, así como la necesidad de contar con leyes de responsabilidad corporativa y mecanismos de reparación adecuados en los países donde residen estos pueblos.