Certificación

En los últimos 30 años , se han desarrollado diversos sistemas de certificación como respuesta a los retos ambientales y sociales que plantea la expansión de la agricultura industrial y la extracción de recursos naturales. Algunos de los ejemplos más conocidos incluyen la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el Forest Stewardship Council  (FSC), la Mesa Redonda sobre Soja Sostenible (RTSS), Bonsucro (en relación con el azúcar) y la Iniciativa para la Gestión del Aluminio (ASI). Ante la falta de una regulación estatal adecuada de las actividades corporativas dentro (o fuera) de su jurisdicción, estas iniciativas, a menudo de múltiple partes interesadas y en su mayoría voluntarias, han tenido un papel clave a la hora de decidir qué estándares deben cumplir las empresas en los sectores agrícola y de recursos naturales, y si deben rendir cuentas y, en tal caso, cómo lo deben hacer. 

Con las soluciones de mercado a las crisis del clima y la biodiversidad que se están impulsando en las negociaciones multilaterales mundiales de los últimos años, con un notable apoyo del sector privado, se han establecido o han cobrado mayor protagonismo los sistemas que certifican la generación de créditos de carbono y biodiversidad. 

¿Por qué es relevante para los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques? 

 La falta de suficiente regulación gubernamental para la producción responsable y la gestión de la cadena de suministro condujo al desarrollo de esquemas de certificación de terceros, como por ejemplo el Forest Stewardship Council  (FSC) y la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO). Se han hecho esfuerzos para incluir a los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques en la gobernanza y el establecimiento de estándares, como por ejemplo la revisión del estándar del FSC en 2015 para respetar los derechos legales y consuetudinarios de estas comunidades y el establecimiento de un Consejo Permanente de Pueblos Indígenas. 

Los esquemas de certificación de productos básicos han  brindado con frecuencia un espacio importante de incidencia, siendo éste algunas veces el único, para los pueblos indígenas, los pueblos de los bosques y las comunidades locales, es donde pueden defender sus derechos humanos o buscar reparación por las violaciones, especialmente cuando el acceso a los recursos legales es inexistente o ineficaz. Sin embargo, persisten los retos en la eficacia de estos esquemas para detener los impactos ambientales y de derechos humanos de las empresas, y especialmente en su habilidad de ofrecer reparaciones significativas por violaciones y transformar los modelos empresariales sistémicamente insostenibles. A pesar de que las propias normas incorporan en varios casos estándares internacionales de derechos humanos clave y desempeñan un papel importante en la integración de los conceptos del derecho de derechos humanos como el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), existen importantes lagunas en su implementación. Dichas lagunas incluyen: procesos de auditoría y garantía ineficaces e insuficientemente independientes, mecanismos de rendición de cuentas débiles o inexistentes, así como otras lagunas legales, relacionadas, por ejemplo, con la aplicación de las normas a los grupos empresariales, o la capacidad de las empresas para eludir la rendición de cuentas abandonando un sistema cuando se presenta una queja o esta no se resuelve adecuadamente.