Aceite de palma

El rápido crecimiento en la producción de aceite de palma para satisfacer la demanda global de aceites comestibles y biocombustibles está ocasionando problemas sociales y ambientales graves. Sin embargo, se prevé que las plantaciones de palma aceitera dupliquen su extensión en los próximos 20 años.

En 2004, se creó la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), una asociación multisectorial sin fines de lucro y un sistema de certificación voluntaria, con el fin de desarrollar e implementar estándares globales para el aceite de palma sostenible. A partir de entonces,  al menos el 46% de los mayores productores y comerciantes de palma aceitera del mundo se han comprometido a respetar los derechos humanos y a eliminar la deforestación en sus cadenas de suministro, lo que a menudo se conoce como los compromisos de No Deforestación, No Turba y No Explotación (NDPE). 

¿Por qué es relevante para los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques? 

A pesar del funcionamiento de la RSPO y de la existencia de políticas corporativas en materia de derechos humanos y protección de los bosques, los pueblos indígenas y los pueblos de los bosques del Sudeste Asiático, África y América Latina se enfrentan a múltiples violaciones de derechos humanos relacionadas con la producción de aceite de palma. Estas abarcan desde desalojos forzosos de sus tierras ancestrales hasta problemas de salud relacionados con la contaminación del agua y el suelo, y la destrucción del patrimonio cultural y los medios de vida tradicionales. 

Los estándares establecidos en los Principios y Criterios de la RSPO en relación con los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y otras comunidades potencialmente afectadas son sólidos e incluyen el respeto de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y el CLPI. Esto, en sí mismo, ha contribuido de manera significativa a la integración de principios como el CLPI en las políticas corporativas y en el discurso más amplio sobre la rendición de cuentas empresarial, ha empoderado a las comunidades afectadas y, en algunos casos, ha logrado mejoras concretas en la práctica, como la limitación de la invasión de concesiones de palma aceitera en tierras comunitarias. Sin embargo, siguen existiendo desafíos importantes en relación con el incumplimiento generalizado, los conflictos de intereses sistémicos en el sistema de auditoría y la capacidad del sistema de gestión de quejas de la RSPO para exigir la rendición de cuentas a las empresas cuando se les acusa de incumplimiento de los altos estándares sociales y ambientales a los que se han comprometido.